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- La medida se da en medio de un juicio político que enfrenta el mandatario ecuatoriano
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, firmó el Decreto Ejecutivo 741 con la finalidad de disolver la Asamblea Nacional.
La noticia la dio a conocer el mandatario en una rueda de prensa y solicitó al Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) que se convoquen nuevas elecciones legislativas y presidenciales. Quienes queden electos deberán finalizar el actual periodo que culmina en 2025.
“Ecuatorianas y ecuatorianos, esta es la mejor decisión para darle una salida constitucional a la crisis política y conmoción interna que soporta el Ecuador y devolver al pueblo el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones”, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter.
Este hecho se registra en medio de un juicio político de censura que enfrenta Lasso, acusado de malversación de fondos en empresas del Estado.
El decreto es denominado “muerte cruzada” y disuelve el Parlamento de mayoría opositora. Lasso acudió a ella antes de esperar al debate que debía llevarse a cabo en la Cámara para luego votar la moción de censura en la que se requerían 92 votos para destituir al jefe de Estado.
Presidente niega acusaciones
Lasso negó las acusaciones sobre malversación de fondos relacionados con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec.
Según el presidente de Ecuador, su gobierno habría realizado cambios “rentables” al acuerdo que se había firmado años antes de que asumiera el cargo.
Con la firma del decreto “muerte cruzada” Lasso pone fin a este juicio político, al que se enfrentaba y podrá ejercer la presidencia por seis meses, con el control de la Corte Constitucional.
El juicio
El martes 16 de mayo comenzó el juicio político contra el presidente de Ecuador, en medio de un debate.
Durante su intervención, el mandatario defendió su inocencia y enumeró varios logros de su gobierno. Asimismo, recriminó a los opositores de organizar un juicio político sin pruebas ni testigos que avalen el presunto delito de malversación.
La oposición ha acusado a Lasso de haber conocido y permitido el delito de malversación en un contrato firmado por la empresa estatal Flopec y la firma privada Amazonas Tanker, lo que habría causado un perjuicio al Estado por unos 6 millones de dólares.
No obstante, el juicio político también ha permitido ventilar las quejas de los opositores que culpan a Lasso de la serie de problemas que agobian al país como la inseguridad, la violencia callejera, el desempleo, la carestía de la vida y el aumento de la emigración por vías irregulares.
