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- Los casos denunciados se encuentran en manos de la CPI para ser investigados a pesar de los intentos del régimen de paralizar el proceso
Cerca de 9.000 personas y algunas entidades jurídicas presentaron alegaciones y otra documentación ante la Corte Penal Internacional (CPI) como “víctimas de la dictadura venezolana” de Nicolás Maduro. Así lo informó el abogado Juan Carlos Gutiérrez, quien representa a 562 de ellas, durante una conferencia de prensa en Madrid, España.
Gutiérrez agregó que la Fiscalía de la CPI ordenó la investigación de las denuncias, algunas de organizaciones internacionales, en las que acusan a los responsables del régimen de crímenes de lesa humanidad, y a la que se oponen las autoridades venezolanas.
Gutiérrez argumentó que tanto el Código Penal como el sistema judicial venezolano carecen de cualquier “seguridad y credibilidad” para proteger a las víctimas.
Petición del régimen de Maduro
El régimen de Maduro pidió que se suspenda la investigación, de manera que los jueces de la sala de cuestiones preliminares tienen que dirimir la posibilidad de que esta investigación continúe en la CPI.
Las autoridades venezolanas afirmaron que tenían “voluntad genuina” de investigar abusos en 124 casos sobre los cuales la Fiscalía de la CPI había solicitado información previamente. De estos, 116 se encuentran bajo investigación preliminar, cinco en etapa de juicio y solo tres han resultado en condenas en Venezuela, según señalaron las autoridades. Sin embargo, la petición no fue aceptada.
Gutiérrez explicó que los jueces solicitaron una consulta a todos aquellos que se consideran víctimas para manifestarlo ante la Corte Penal Internacional.
Denuncias recibidas
En total, se presentaron 1.875 formularios que identifican a 8.900 personas, incluidas 630 familias.
“Toda esta carga argumentativa y carga probatoria ya está en manos de los jueces de la CPI, y en cualquier momento esperamos… que durante el transcurso de este año, los jueces de la CPI tienen que tomar una determinación”, comentó el abogado.
O bien ordenan que la Fiscalía continúe la investigación o la sala de cuestiones preliminares decide que “prime el principio de la complementariedad positiva” y le dé una oportunidad al sistema de justicia venezolano para que “cumpla con su deber”, algo que Gutiérrez cuestionó.
Acotó que fueron casos “de persecución de presos políticos, de tortura y de asesinato por parte de la dictadura de Nicolás Maduro”.
“Por ello, esa justicia no se puede conseguir en Venezuela porque es imposible que haya ningún tipo de procedimiento que no esté manipulado políticamente, tanto la Fiscalía como los tribunales a todos los niveles. Y toda la estructura judicial está tomada cooptada por la dictadura y, por supuesto, todos los órganos represivos, señaló López.
Con información de EFE.
