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- Los luchadores sociales estaban detenidos desde julio de 2022 por haber participado en las protestas en contra del instructivo Onapre | Foto: Carolina Alcalde / VOA
La organización no gubernamental (ONG) Coalición por los Derechos Humanos denunció que condenaron a 16 años de prisión a seis dirigentes sindicales, acusados de asociación para delinquir y conspiración.
Reynaldo Cortés, Alonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillos, Gabriel Blanco y Emilio Negrín participaron en las protestas realizadas en 2022 en contra del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto).
De acuerdo con la ONG, el Tribunal Segundo de Terrorismo emitió la sentencia sin contar con suficientes pruebas. Las únicas evidencias que la Fiscalía presentó fueron unas capturas de pantalla y de Twitter.
“La audiencia en donde la defensa de Coalición por los Derechos Humanos presentó sus conclusiones duró aproximadamente dos horas. La defensa demostró que no existen medios de pruebas que incriminan a los luchadores sociales”, precisó en su cuenta de Twitter el 1° de agosto.
“Una vez más comprobamos que en este gobierno se criminaliza la protesta. Mi esposo y los cinco luchadores sociales han sido injustamente condenados por una juez que solamente se vende a lo que el gobierno le dice. Ha recibido órdenes y las ha cumplido”, declaró Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho, en un video compartido por el partido Bandera Roja.
INJUSTICIA | 📹 | #1agosto | Hoy fueron condenados 6 #LuchadoresSociales aún cuando son inocentes. Yorbelis Oropeza, esposa de @aljobrav, ratifica que se mantiene en resistencia y seguirá luchando por la libertad de Venezuela. "Este gobierno tiene que caer". pic.twitter.com/QeUFiu0NLO
— Bandera Roja (@Bandera_Roja) August 1, 2023
Líderes sindicalistas estuvieron un año injustamente detenidos
En julio de 2022, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) detuvieron a los seis dirigentes que participaron en las protestas de los empleados del sector público ese mismo año.
Alcides Bracho estuvo detenido en la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), ubicada en Boleíta, y el resto de trabajadores en un centro de detención del mismo organismo policial ubicado en La Yaguara, según precisó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea) en una nota de prensa.
“Sus familiares deben afrontar a diario cuantiosos gastos, dificultades e incertidumbre, que suponen la prisión en la Venezuela de Maduro, ya que el sistema de justicia venezolano, se ha convertido en una desalentadora maquinaria para las víctimas y en un perpetuador de la impunidad”, denunció la ONG.
En septiembre de 2022, Provea denunció que funcionarios del Sebin se presentaron en su sede para amedrentar a los familiares de los seis luchadores sociales detenidos. El hecho ocurrió mientras los familiares ofrecían una rueda de prensa para exigir la libertad de los líderes sindicalistas.
Trabajadores insisten en la eliminación del instructivo Onapre
La Onapre se encarga de la elaboración de planes presupuestarios de todos los sectores dependientes del Estado. Además, brinda asesoría y dicta instrucciones a los diferentes organismos sobre cómo administrar sus recursos.
El último instructivo que publicó este ente en 2018 fijó una serie de rebajas salariales, recortes en las primas y cálculos desfasados al momento de pagar que afectaron a los trabajadores del sector salud y educación.
Una de las principales críticas que ha tenido el nuevo instructivo es la reducción del porcentaje de primas que puede cobrar un trabajador. Por ejemplo, la prima de profesionalización para un docente con licenciatura pasó del 30 % de su sueldo base a un 25 %. Aquellos con una maestría pasaron del 50 % al 35 %, y los que tienen doctorado tuvieron una rebaja del 60 % a solo el 40 %. Esto se repite también con otras primas como la de antigüedad.
Otra de las irregularidades que provocó este instructivo fue que en 2022 los bonos vacacionales, contemplados dentro del contrato colectivo, se calcularon basados en los sueldos de diciembre de 2021 y no de marzo de 2022. Esto representó una pérdida del 70 % para los trabajadores.
