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- Activistas de derechos humanos humanos han denunciado que el gobierno trinitense aplica “tratos inhumanos” contra los venezolanos detenidos en centros migratorios
Más de 100 migrantes venezolanos, que entraron de forma irregular a Trinidad y Tobago, fueron deportados este fin de semana desde el helipuerto de Staubles Bay, en la ciudad de Chaguaramas, y más tarde transportados a bordo del buque Pasaje Galeones hasta Venezuela.
La operación fue llevada a cabo por las autoridades trinitenses y comenzó en Chaguaramas con un primer grupo de migrantes el 12 de agosto, continuó este domingo 13 con otro.
Esta deportación se concretó tras una semana de acciones judiciales por parte de los abogados que representan a los migrantes, quienes solicitaron su puesta en libertad desafiando al ministro de Seguridad Nacional, Fitzgerald Hinds.
En un video grabado por una persona que se encontraba en el interior de las instalaciones, que han sido designadas como un centro de detención, mostraba a los migrantes separados de los funcionarios que estaban sentados en escritorios en una zona acordonada por una valla interior.
Acciones previas
El jueves 10 de agosto, el juez Ricky Rahim ordenó la puesta en libertad inmediata de 64 de los 200 venezolanos detenidos el 9 de julio, y les concedió temporalmente un indulto al impedir su deportación inmediata.
Solo 30 de ellos fueron puestos en libertad antes de que se ordenara a los funcionarios de inmigración que dejaran de liberar a más inmigrantes, después de que los abogados del ministro apelarán la decisión.
La carta del 11 de agosto decía que algunos de los que fueron puestos en libertad condicional y bajo órdenes de supervisión dejaron atrás a familiares que permanecieron en el helipuerto.
El grupo formaba parte de los casi 200 migrantes venezolanos detenidos mientras asistían a una fiesta de cumpleaños en un bar del distrito de Saint James el 9 de julio.
“Trato inhumano”
Por su parte, la activista en derechos humanos, Yesena González, denunció el 11 de julio que los venezolanos detenidos en Puerto España recibieron un “trato inhumano” por parte de las autoridades sin acceso a alimentos, ni agua, ni instalaciones para dormir o asearse.
Los venezolanos han estado acudiendo en masa durante los últimos años a la vecina Trinidad y Tobago.
La Convención de Refugiados no se aplica en Trinidad y Tobago
El 4 de julio de 2023, se presentó un caso ante el Tribunal Superior de Trinidad y Tobago por un refugiado reconocido por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
El este judicial determinó que la Convención de Refugiados de 1951 no se aplica al Estado de las islas gemelas. En ella se establece el estatus de refugiados para garantizar el asilo y las responsabilidades de las naciones con los migrantes que lo soliciten.
También, asegura el principio de no devolución y el permiso de viajes sin visado para quienes portan documentos de identificación de países donde sus vidas corren riesgos.
Sin embargo, el juez del Tribunal Superior dictaminó que todos los migrantes a los que el gobierno de Trinidad y Tobago no les había concedido asilo o estatus de refugiado podían ser deportados incluidos aquellos que poseían un certificado de la Acnur.
A propósito de esa medida, la ONU instó a dar una respuesta legislativa que incorpore la Convención de Refugiados en la legislación nacional, dadas las implicaciones que este fallo judicial va a desencadenar en especial a la población migrante venezolana que hace vida en ese país.
Tratados ratificados por el gobierno trinitense
Trinidad y Tobago forma parte de varios tratados internacionales que prohíben la expulsión, devolución o extradición de una persona que se teme podría estar en riesgo de persecución y/o tortura o trato cruel, inhumano o degradante y desaparición forzada.
Uno de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, donde expresamente se ordena la protección de los migrantes que buscan asilo.
Con información de EFE
