Panamá celebra su fiestas patrias en noviembre sumido en protestas y huelgas que tienen paralizado parcialmente el país.
Al grito de “¡Esta patria no se vende, esta patria se defiende!”, miles de panameños tomaron las calles desde hace diez días en rechazo a la aprobación exprés de un contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá, para explotar la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
El descontento generalizado, a raíz de una decisión que consideran inconsulta e inconstitucional por parte del gobierno, está propiciando cierres de calles en todo el país, paros laborales de diferentes gremios, escuelas cerradas y la suspensión de los desfiles patrios, a celebrarse el próximo 3 de noviembre, día que se conmemoran los 120 años de la separación de Colombia.
Tal nivel de conflictividad -tan masiva como prolongada- no se veía desde la época de la dictadura de Manuel Antonio Noriega.
El presidente Laurentino Cortizo ha intentado frenar las manifestaciones con el anuncio de una consulta popular a mediados de diciembre para aprobar o derogar la Ley 406, que autoriza la concesión de la mina por 20 años prorrogables a la filial de la empresa canadiense Firts Quantum Minerols.
«A través de la participación ciudadana, mediante el voto podremos legitimar la voluntad del pueblo, cuyo resultado será de obligatorio cumplimiento. El pueblo es el soberano«, afirmó el mandatario el domingo 29 para calmar las protestas.
Días antes, había decretado una moratoria minera, con la idea de prohibir nuevas concesiones. Una medida en línea con el inicio este martes de la primera discusión en la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que limita el otorgamiento de otros contratos para la explotación de la minería metálica en Panamá.
Sin embargo, los intentos del gobierno no han mitigado el disgusto de los panameños, quienes acumulan reclamos no sólo por el manejo poco transparente de los contratos mineros (15 vigentes y 103 en discusión), sino también por la malversación de fondos públicos, la falta de representatividad en la política y el costo de vida.
La petición popular es que se suspendan las labores de la empresa Minera Panamá hasta tanto no se conozca el fallo de la Corte Suprema de Justicia en respuesta a las seis demandas de inconstitucionalidad que pesan sobre el contrato.
Hasta ahora, el primer paso lo dio la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional, cuyos integrantes aprobaron este martes en primer debate un artículo que deroga el contrato ley entre el Estado y Minera Panamá. No obstante, la calle sigue encendida.
A continuación enumeramos cinco claves para entender las masivas protestas en Panamá que mantienen paralizado al país:
1.Una ley de aprobación expedita
El rechazo de los panameños por la explotación de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica es de vieja data. El yacimiento, ubicado en la provincia de Colón, viene siendo operado desde 1997 a través de un contrato firmado entre el Estado y la sociedad minera Petaquilla S.A.
Ese acuerdo se concretó sin licitación y sin estudios de impacto ambiental, según explicó a BBC Mundo Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sostenible.
Aquella irregularidad movió a la sociedad civil a interponer una demanda en 2009. Sin embargo, no fue hasta 2017 que se logró el fallo por inconstitucional. Con el agravante de que su publicación en Gaceta Oficial no se concretó sino hasta 2021.
“Primero, se aprovecharon de esa demora para ampliar las operaciones de la empresa minera. Después, el Estado debió haber hecho cumplir el fallo definitivo. En cambio, renegoció el contrato”, afirmó Banfield.
Las negociaciones con la filial canadiense, según cuenta, se iniciaron en enero de 2022 a puerta cerrada. Hasta que en marzo de 2023 se anunció el acuerdo sin participación ciudadana.
En respuesta, la sociedad civil denunció que se habían cometido los mismos vicios que el acuerdo anterior y exigieron que se sometiera a discusión.
“Se hicieron tres debates en la Asamblea Legislativa y se consultó a los pueblos relacionados con la actividad extractiva, quienes expresaron su profundo y generalizado rechazo. El gobierno devolvió el contrato con algunas mejoras, en vez de derogarlo. Al final, la Asamblea aprobó la Ley 406 en 72 horas y la noche del 20 de octubre el presidente la promulgó, desconociendo la voluntad de la gente», critica.
El nuevo contrato minero contempla aportes mínimos anuales de US$375 millones de la minera al Estado panameño, diez veces el monto del acuerdo anterior. “Es una mejora sustancial”, defendió el ministro de Comercio, Federico Alfaro.
2.Defensa de la soberanía
El contrato entre el Estado y la empresa Minera Panamá -subsidiarios de la canadiense Firts Quantum Minerols- toca un tema sensible entre los panameños: el enclave de la zona del canal de Panamá, que estuvo bajo control de Estados Unidos hasta 1999.
“El reclamo de la ciudadanía al contrato de la empresa minera tiene que ver también con la reivindicación de la soberanía, porque las condiciones del contrato generan un nuevo enclave”, explicó a BBC Mundo Harry Brown Arúz, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS).
“El siglo XX estuvo definido por el enclave del Canal de Panamá y esa humillación aún está presente”, acotó.
Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sustentable, explicó que el contrato establece privilegios y concesiones a la empresa Minera Panamá, lo cual genera un territorio aparte con características administrativas diferentes.
“Denunciamos el impacto de que la mina se convierta en un enclave por las condiciones del acuerdo. Los ciudadanos no pueden entrar, la empresa es quien administra el agua en la zona… En fin, no es un contrato, sino un tratado”, criticó.
3.Consecuencias ambientales
La mina que está en el centro del conflicto no es cualquiera. Se trata de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica. Ocupa unas 12.000 hectáreas y está ubicada sobre el corredor mesoamericano, lo que significa que se trata de una zona protegida.
Raisa Banfield, presidenta de Panamá Sustentable, asegura que la actividad extractiva supone una amenaza a la cobertura vegetal, a la calidad del agua y del aire. “Todo nuestro territorio hiperconectado es vulnerable y la riqueza natural puede ir en nuestra contra al ser depradada”, afirmó.
En su opinión, los panameños rechazan la explotación minera porque no quieren un cambio de modelo de desarrollo económico. “Estamos negados a ser una economía extractivista, cuando tenemos el potencial de desarrollar el turismo ecológico, el turismo de observación de aves, la exportación de café, entre otros”.
La extracción de cobre en Panamá representa casi 5% del Producto Interno Bruto (PIB) y 1,5% de la producción global.
4.El malestar más allá de la mina
La aprobación de la Ley 406 detonó el descontento social acumulado entre los panameños por la actuación del gobierno de Laurentino Cortizo, quien culmina su mandato el año que viene cuando se tienen previsto las elecciones presidenciales.
“Este gobierno no ha sabido responder a nuestra peticiones por los casos de corrupción y no ha tenido el liderazgo para asumir su responsabilidad”, aseguró Ángel Ortega, abogado y manifestante.
En su opinión, la ciudadanía está cansada de que no obtener respuesta sobre diferentes escándalos de corruptos develados en los últimos tiempos.
“Esta es la gota que derramó el vaso. El clima que hay en Panamá es de mucha rabia y frustración. Las protestas van a durar más tiempo de lo que cree el presidente”, agregó Ortega.
5.La respuesta del gobierno y la minera a las protestas
El anuncio de una consulta popular para derogar la Ley 406 no obtuvo buena acogida por parte de los panameños, porque la propuesta del presidente Laurentino Cortizo prevé realizarla el 17 de diciembre.
En respuesta a esta solicitud, el Tribunal Electoral de Panamá informó que no hay condiciones para organizar la consulta popular propuesta por el Ejecutivo, porque están abocados a organizar los comicios presidenciales previstos para mayo de 2024. Sin embargo, deberán hacerlo en caso de que se convierta en ley.
El gobierno mantiene su discurso en defensa del proyecto, porque asegura que genera 8.000 empleos directos, 40.000 indirectos y le reportará al país US$375 millones anuales, que representa diez veces más que el acuerdo anterior.
En caso de que se anulara el acuerdo, el país se expondría a demandas multimillonarias en tribunales internacionales.
Al respecto, la minera canadiense First Quantum se pronunció por primera vez este martes : «(La compañía) Siempre ha sido defensora de Panamá y su gente, y está comprometida con el Estado de derecho con el objetivo de lograr beneficios para el país», expresó en un comunicado.
«Estamos totalmente comprometidos a operar de manera ambientalmente sensible, cumpliendo con todas las obligaciones ambientales y apoyando la biodiversidad de Panamá», agregó.
Pero las protestas siguen y no hay fin del conflicto a la vista pese a la llegada de las fiestas patrias.
«Nito (apodo del presidente), el oro de Panamá es verde», se leía en una pancarta en una manifestación este lunes.
