En marzo de 2019, Karen Cooper estaba preparando la celebración familiar del cumpleaños número 86 de su padre, Hedley Robinson.
Pero el día previo al festejo, recibió una llamada de su madre en la que le decía que Gary, su otro hijo y hermano de Karen, había “destrozado la casa de nuevo”.
Karen de inmediato recordó lo que había pasado tres años atrás, cuando por un comportamiento similar, las autoridades le habían ordenado la reclusión de su hermano en un hospital psiquiátrico durante tres meses.
“Pensé, ok, ahí vamos de nuevo”, dijo Karen.
Su esposo fue a la policía de Thames Valley, en el sureste de Inglaterra, para reportar que el ataque “no era algo nuevo” y que Gary necesitaba ser internado.
Pero en vez de eso, Gary fue arrestado, enviado a un hospital y luego fue devuelto a la policía.
Según el informe oficial, lo consideraron “no apto” para ser detenido bajo la Ley de Salud Mental, que es usada por la policía británica para ordenar la internamiento de personas potencialmente peligrosas por su salud mental.
Eso sucedió a pesar de que “muchas personas dijeron que Gary no estaba bien”.
Y como fue encontrado “no apto” para ser interrogado por el abogado de oficio, la policía no tuvo más remedio que liberarlo, a pesar de que continuaba bajo investigación.
La madre de Karen, Margarete, fue llamada por la policía como la adulta responsable de Gary y, acompañados de agentes de policía, regresaron a casa.
Apenas diez minutos después de que la policía los dejara a ambos allí, Gary agarró un cuchillo y atacó a sus padres.
Karen se enteró de los ataques cuando regresaba de un curso y se encontró a un policía en la entrada de su casa.
El agente le dijo que tenía que ir al hospital. En el camino le explicó que su padre estaba en cirugía y su madre estaba en urgencias debido a las graves heridas que le había causado su hijo.
“La había apuñalado en la garganta. Ella no podía hablar bien, pero le alcancé a escuchar ‘Gary lo hizo’. Ella no podía creer que su hijo los hubiera atacado de esa manera”, recuerda Karen.
Margarete sobrevivió al ataque -el corte pasó muy cerca de una arteria-, pero los médicos no lograron salvar a Hedley, quien murió tres semanas después.
Internado en un psiquiátrico
En agosto de 2019 Gary fue recluido de forma indefinida en un hospital psiquiátrico después de que admitiera los cargos de homicidio con responsabilidad disminuida e intento de asesinato.
Los psiquiatras estuvieron de acuerdo en que sufría un desorden esquizo-afectivo.
Karen cree que se pudo haber hecho más para prevenir el ataque.
“Si hubieran recluido a mi hermano ese día y lo hubieran llevado a un hospital o lo hubieran dejado controlado otras 24 horas, tal vez hubiera pasado otra cosa”, señala.
Las agencias gubernamentales que lidian con estos casos solo se enfocan en los procesos cuando están en un tribunal, pero después, señala Karen, se olvidan de las personas.
“Ahora tengo otra vida, ¿y dónde está el apoyo para ayudarme a superar un evento como este en el que mi hermano mató a mi padre?”, se pregunta.
“Hay una actitud de simplemente cumplir con todos los requisitos: se capturó al atacante y se lo recluyó en el hospital, pero a partir de allí nadie hace nada más”, reclama.
Sin apoyo
Karen dice que su vida y la de su familia se “detuvieron de un día para otro” y el futuro se vio “alterado para siempre”.
“Mi hermano está recibiendo toda la ayuda posible, él está en un hospital psiquiátrico. Así que sus necesidades están siendo tenidas en cuenta”, relata.
“¿Pero yo y mi familia? Nadie nos está teniendo en cuenta. Nos toca hacerlo por nuestra cuenta”.
Karen, quien tuvo que vender su negocio de 20 años de antigüedad al sentir que no podía seguir administrándolo después del ataque, cree que familias en situaciones similares deberían tener acceso a un psicólogo o algún servicio de terapia, además de apoyo legal.
Tanto la policía como la autoridad de salud involucradas en las investigaciones sobre la muerte de su padre concluyeron que se debían revisar varios apartados de la Ley de Salud Mental.
La policía local que atendió el caso señaló que, como resultado de esas pesquisas, su manejo de personas con problemas de salud mental ha cambiado y se ha mejorado también el entrenamiento de los agentes en este sentido.
Una de las responsables de la policía local, Katy Barrow-Grint, aclara que, de acuerdo a las investigaciones, en el momento en que Gary Robinson fue puesto en libertad, no había ninguna razón para sospechar que se haría daño a sí mismo o a sus padres.
«Los investigadores del caso también encontraron que la policía debería haber hecho una solicitud para una segunda evaluación”, dijo Barrow-Grint.
“Eso lo aceptamos”, agregó.
Pero aclaró que la pesquisa también encontró que se hicieron varias solicitudes informales a profesionales de salud mental para una reevaluación del estado mental de Gary, pero fueron rechazadas.
Aún no se ha publicado la revisión interna del caso que se hizo en la policía.
En respuesta a la petición de Karen para que se brinde más apoyo a las familias, el Ministerio de Justicia británico señaló que el gobierno estaba «cuadruplicando los fondos para los servicios de ayuda a las víctimas y nuestro proyecto de ley para víctimas y prisioneros ampliará la definición de ‘víctima’ para incluir a familias afectadas por algún homicidio”.
Para Karen, lo que está claro es que debe seguir con su vida sabiendo lo que hizo su hermano.
«El desafío es que él es mi hermano y lo amo”, señala.
«Él es mi hermano menor y, al mismo tiempo, cometió un ataque horrible, espantoso y cruel contra mis padres y mató a mi padre. Ambas cosas te afectan al mismo tiempo».
