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- Los representantes del régimen de Nicolás Maduro se mantuvieron firmes en defender su postura sobre el rechazo a que prosiga la investigación en el país
Los miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) realizaron el 8 de noviembre la segunda audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, en donde exigieron un lenguaje de respeto a los representantes del régimen de Nicolás Maduro.
Posteriormente, el juez de la CPI Marc Perrin de Brichambaut preguntó a la delegación por qué Venezuela no ha incluido los crímenes de lesa humanidad en su legislación, a lo que el abogado representante del Estado venezolano, Ben Emmerson, respondió que es un derecho soberano del país las decisiones sobre sus leyes.
La jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza detalló durante su intervención detalló que de 62 casos presentados, en 47 no se identificaron a los responsables y 57 permanecen sin acusación formal por parte de las autoridades venezolanas.
Emmerson replicó que los procedimientos judiciales en Venezuela pueden juzgarse como delitos ordinarios. “Evidentemente, en algunos casos habrá algún sospechoso identificado y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel”, agregó el representante del régimen.
Reconoció que algunos casos no se han cerrado o han concluido completamente, pero argumentó que son objeto de investigación continua.
Altos rangos responsables
La Fiscalía de la CPI acotó que en los casos de crímenes contra la humanidad, el Estado venezolano no ha castigado a ningún personaje de alto rango de las fuerzas señaladas como responsables.
“Los datos actualizados en relación con esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir, con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, respondió el abogado por la parte venezolana, Aitor Martínez Jiménez.
En relación con los rangos, puntualizó que dentro de esos 124 incidentes existen 15 funcionarios condenados, que van desde oficiales de la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana.
“Sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, señaló Martínez Jiménez.
Argumentos del régimen
En esta segunda audiencia, el régimen de Nicolás Maduro presentó de nuevo sus apelaciones contra la decisión del tribunal de reanudar la investigación en el país, luego de que en la primera audiencia la Fiscalía de la CPI rechazó los argumentos.
Emmerson aseguró que no es necesario que Venezuela investigue los elementos contextuales porque eso no es lo que se plantea. No obstante, la Fiscalía respondió que deben prestar atención a estos detalles porque si no lo hacen no podrán pronunciarse respecto al alcance del daño.
Paolina Massidda, integrante de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la Corte Penal, indicó que las víctimas requieren justicia y para ello se necesita que el Estado venezolano aplique un enfoque global que permita develar la verdad, los autores inmediatos, reconocer el contexto de la violencia en la que se produjeron estos crímenes y la naturaleza sistemática de los patrones.
Por su parte, el juez Perrin de Brichambaut recordó que Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000.
“Cuando lo hizo, asumió unos compromisos, entre ellos el respeto a que la CPI podría tener que actuar en algunas circunstancias. ¿Cuáles fueron los obstáculos que le costó a Venezuela en los últimos 23 años aceptar la legislación?”, preguntó.
Emmerson en su turno expresó que consideraba injusta la crítica de los 23 años y a su vez dijo que una corte extranjera no debe intervenir en el derecho “nacional y soberano” por crímenes ordinarios en su territorio.
Primera audiencia
En la primera audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la CPI, se estableció que el régimen de Nicolás Maduro no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Además, rechazaron los argumentos presentados por la parte venezolana, a través de un recurso de apelación, que busca terminar con la investigación de la CPI en el país.
La audiencia, que se celebró el 7 de noviembre en la sede de La Haya, contó con la participación del juez de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, quien detalló el motivo de las audiencias de apelación.
En estas audiencias no se dictará una sentencia debido a que la decisión de los jueces se emitirá días después. Si no alcanzan la unanimidad, el fallo se tomará por mayoría.
Los jueces deben decidir entre las siguientes opciones: confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI en Venezuela, revertirla o enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para continuar con el proceso.
Conclusiones de la segunda audiencia
El canciller del régimen, Yván Gil, reiteró que la solicitud para reanudar la investigación en Venezuela no tiene un claro objetivo. Además, negó que hayan ocurrido crímenes de lesa humanidad en el país.
“Existen 255 agentes del Estado imputados y 64 acusados; de esto se desprende que la nación sí ha realizado las investigaciones de manera independiente. Lo que no puede pretenderse es que se construyan acusaciones infundadas para satisfacer intereses de actores externos e internos”, dijo el funcionario.
Luego de escuchar las conclusiones finales de todas las partes, el juez Brichambaut señaló que en los próximos días la sala estudiará todas las intervenciones.
“Evaluaremos las presentaciones y escritos, deliberaremos, prepararemos nuestra decisión lo más rápido posible para responder a las expectativas de las partes. Agradezco su presencia en la audiencia”, concluyó el juez de la CPI.
