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- La fiscalía de la Corte Penal Internacional rechazó los argumentos del régimen de Nicolás Maduro para detener la investigación
En la primera audiencia de apelaciones a la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), se estableció que el régimen de Nicolás Maduro no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes contra la humanidad.
Además, rechazaron los argumentos presentados por la parte venezolana, a través de un recurso de apelación, que busca terminar con la investigación de la CPI en el país.
La audiencia, que se celebró el 7 de noviembre en la sede de La Haya, contó con la participación del juez de la Sala de Apelaciones, Marc Perrin de Brichambaut, quien detalló el motivo de las audiencias de apelación que continuarán el 8 de noviembre.
Paolina Massidda, miembro de la Oficina de Defensa de las Víctimas de la CPI, explicó que las víctimas dieron una serie de razones para mostrar que el Estado no investiga los crímenes.
“Venezuela dice que esta notificación solo debe contener los incidentes que el Fiscal pretende investigar, nosotros estamos en desacuerdo, la notificación debe ofrecer parámetros específicos que muestre el alcance de la investigación, pero no se requiere por derecho que se identifiquen los actos criminales específicos que la fiscalía intenta o pretende analizar”, detalló.
Participantes en la audiencia
La Sala en esta audiencia de apelación está integrada además del juez Perrin de Brichambaut, por los magistrados Piotr Hofmański, Luz del Carmen Ibáñez Carranza; Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze.
En representación del régimen venezolano se encontraban el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yvan Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karin García.
Argumentos del régimen venezolano
El representante del régimen de Maduro, Ben Emmerson, argumentó que la notificación de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI no dio suficiente información detallada para poder responder.
Alegó que los casos que notificaron serían investigados no incluían ni edad ni fecha ni ubicaciones específicas de los incidentes. Así como tampoco el número aproximado de las víctimas o el grupo o las personas responsables de estos incidentes.
“No había información que permitiera que Venezuela respondiera”, enfatizó Emmerson.
Agregó que el fiscal no tradujo algunas pruebas ni se les informó en reuniones e intercambio de correspondencia que no se traduciría la información.
“Esto es negligencia por parte de la fiscalía de la CPI”, dijo el representante del Estado venezolano.
Alegaciones presentadas ante la CPI
El juez Perrin de Brichambaut agregó que las alegaciones de las víctimas son documentos sustanciales, que serán contemplados y estudiados plena y detenidamente por la Sala Preliminar.
Francisco González Centeno, funcionario de Información Pública y Sensibilización de la CPI, señaló que lo que se está analizando en esta audiencia es una cuestión de admisibilidad del recurso interpuesto por Venezuela.
“Todo esto bajo el artículo 18 del Estatuto de Roma, que requiere que un Estado demuestre un proceso avanzado de investigaciones y procesamientos nacionales que reflejen suficientemente el alcance de la investigación prevista por el Fiscal de la Corte”, acotó.
No obstante, en estas audiencias no se dictará una sentencia debido a que la decisión de los jueces se emitirá días después. Si no alcanzan la unanimidad, el fallo se tomará por mayoría.
Los jueces deben decidir entre las siguientes opciones: confirmar la decisión previa de la Sala de cuestiones preliminares de autorizar la reanudación de la investigación de la Fiscalía de la CPI en Venezuela, revertirla o enviarla a la Sala de cuestiones preliminares para continuar con el proceso.
