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- En su reciente informe, el dirigente opositor Leopoldo López describió cómo la tecnología blockchain ha servido de puente para que los venezolanos puedan resguardarse frente a la devaluación del bolívar, pero también cómo ha sido usada por el gobierno para evadir sanciones y construir un esquema de “lavado de dinero”
La crisis económica que vive Venezuela y que ha pulverizado el poder adquisitivo ha impulsado, en los últimos años, la adopción de criptomonedas por parte de la población para preservar ahorros, usarlas como métodos de pago o enviar y recibir remesas eludiendo los controles gubernamentales dada su naturaleza de descentralización.
Pero como contraparte, los expertos sugieren que su tecnología puede emplearse para intentar evadir sanciones y construir esquemas de “lavado de dinero”. Esa dicotomía es la que presentó el dirigente opositor Leopoldo López en su ensayo Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda, coescrito con Kristofer Doucette, de la firma Chainalysis Inc.
“Las criptomonedas se han utilizado para lavar fondos de la misma manera que se han utilizado para evadir sanciones y para profundizar la corrupción en Venezuela”, expresó el dirigente el 29 de abril durante su intervención en el centro de estudios Wilson Center en Washington.
López asimismo recordó que en 2018 el gobierno de Nicolás Maduro anunció la creación del petro, una moneda digital que prometía estar anclada al valor del barril de petróleo venezolano (60 dólares en ese entonces) para contrarrestar las sanciones económicas de Estados Unidos y hacer frente a la devaluación del bolívar.
Sin embargo, señaló que el proyecto fracasó debido a la corrupción y la falta de transparencia. “En marzo de 2023, tras el arresto en marzo de decenas de personas del organismo de supervisión de criptomonedas, la Sunacrip, (…) el gobierno dejó de comercializar el petro, convocó un paro nacional de la minería de criptomonedas y cerró las puertas de sus intercambios de criptomonedas autorizados”, indica en su informe.
De hecho, en total al menos 66 personas han sido detenidas en Venezuela desde ese entonces por esa trama de corrupción conocida como PDVSA-Cripto en la industria petrolera, entre ellas el exministro de Petróleo Tareck El Aissami; y el exsuperintendente de la Sunacrip Joselit Ramírez, según detalló el 29 de abril el fiscal general, Tarek William Saab.
Como parte de la trama de corrupción, el gobierno también detuvo a los banqueros Daniel José, Levin Salvatore y Carmelo De Grazia Suárez, y no descarta que en el futuro se produzcan nuevos arrestos.
Por su parte, López menciona en su informe que ese caso de corrupción muestra cómo se utilizó el proyecto del petro para “sacar” miles de millones de dólares en ingresos petroleros desde Caracas. “Durante años, el régimen presionó cínicamente para que se adoptaran tokens y plataformas que se utilizarían para robar a su propia población”, afirmó en el texto.
En el informe Cripto en Venezuela: dos caras de una moneda, el dirigente opositor indica que en el caso PDVSA-Cripto se emplearon más de 100 empresas fantasma en todo el mundo para ayudar a lavar los fondos, incluidos Estados Unidos, Panamá, Colombia, Emiratos Árabes Unidos y Hong Kong.
Rechazo a la vinculación con el caso PDVSA-Cripto
Saab vinculó el 29 de abril a los opositores Leopoldo López, Julio Borges, Carlos Vecchio (los tres exiliados) y a Carlos Ocariz con una “conspiración política” vinculada a la trama de corrupción PDVSA-Cripto.
Al ser consultado por El Diario, López rechazó dichas acusaciones y señaló que los responsables del “saqueo masivo” son quienes estaban bajo el control de las instituciones financieras, regulatorias y petroleras del Estado venezolano.
“Sería interesante preguntarle al presidente anterior de PDVSA, Asdrúbal Chávez, cuál era su posición sobre cómo se estaba vendiendo el petróleo en Venezuela”, dijo.
Más tarde, López publicó un tuit en el que aseguró que Saab “también” ha tenido conversaciones para “explorar” la salida de Maduro del poder.
La Ley Antibloqueo “desmanteló” la estructura administrativa del Estado
En 8 de octubre de 2020, la Asamblea Nacional aprobó la Ley Antibloqueo como una forma de burlar las sanciones de Estados Unidos, un texto por encima de la Constitución que facultó a Maduro para que realizara cambios en la propiedad de empresas conjuntas entre capital privado y PDVSA sin tener que especificar el porcentaje de participación de la petrolera venezolana en esas alianzas.
El artículo 32 de dicha ley faculta al Ejecutivo para el uso de criptoactivos o tecnología blockchain bajo el esquema de diversificación de medios de pago para “mitigar” los efectos de las sanciones.
“La ‘Ley Antibloqueo’ otorgó al régimen una autoridad sin precedentes, permitiéndole privatizar selectivamente empresas estatales y eliminando controles contra la corrupción y el clientelismo. En particular, permitió la toma de decisiones unilaterales para acuerdos petroleros que a menudo se llevaban a cabo en secreto sin licitación pública”, señala López en su ensayo.
Igualmente, aseguró que la mala gestión económica y la degradación general de la industria petrolera venezolana impulsaron a Maduro a aumentar su “dependencia” con asociaciones estratégicas que difuminaron más las líneas entre el Estado y los “actores criminales”.
Como parte de estas alianzas estratégicas —detalla en su informe— en 2022 las asociaciones entre el gobierno venezolano y los grupos criminales generaron al menos 1,4 millardos de dólares provenientes de la minería de oro.
De acuerdo con estimaciones de López, más del 20 % del producto interno bruto (PIB) venezolano está vinculado a actividades criminales e ilícitas “controladas por el Estado venezolano”.
El uso de las criptomonedas por parte de la población
Durante la presentación de su informe a la prensa, López también señaló que las criptomonedas han servido como puente para que cientos de miles de venezolanos reciban dinero desde el exterior, ya sea como remesas o por su trabajo remoto, protegiéndose así de la inflación y de las comisiones que empresas de envío de divisas cobrarían.
De hecho, una de las criptomonedas más usadas por los venezolanos en exchanges centralizados como Binance es USDT, una stablecoin (moneda estable) de la compañía Tether que está anclada al precio del dólar.
En un informe presentado en junio de 2022, la ONU detalló que Venezuela era el país con mayor adopción de criptomonedas en América Latina, seguido de Colombia, Brasil y Perú, y que el 10,3% de la población nacional era usuaria de las criptomonedas.
En ese sentido, señaló que comenzó a trabajar con la tecnología blockchain en 2020, cuando el entonces gobierno interino de Juan Guaidó creó el programa Héroes de la Salud, que le otorgó un bono de 300 dólares a los médicos, enfermeras y personal de salud que estuviera en primera línea atendiendo la pandemia por covid-19.
Para la asignación de ese bono, el interinato desarrolló un monedero virtual en conjunto con la Organización de Estados Americanos y el envío se realizó a través de la cuenta en dólares digitales de AirTM, pese a que la estatal de telecomunicaciones Cantv bloqueó dicha página para evitar el acceso a esos fondos.
Por otra parte, la abogada Sigal Mandelker, de la firma Ribbit Capital, y quien trabajó previamente en el Departamento del Tesoro de EE UU, mencionó que los sistemas bancarios deben modernizarse para responder de manera rápida y eficiente a las transacciones financieras hechas con criptomonedas.
