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- El futbolista lleva en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023. Foto: EFE
Este lunes 5 de febrero arrancó el juicio contra el futbolista Dani Alves, acusado de abusar sexualmente de una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022.
La primera sesión del juicio inició con el trámite de alegaciones previas, que permite que acusaciones y defensas planteen ante el tribunal las alegaciones y peticiones de última hora que consideren oportunas, desde el orden de las declaraciones hasta las peticiones de nulidad del proceso de instrucción.
El exjugador del FC Barcelona se sienta desde este lunes en el banquillo de la sección 21ª de la Audiencia de Barcelona, que reservó tres días -hasta el miércoles 7 de febrero- para juzgar al futbolista.
Alves fue trasladado desde prisión en un furgón policial y permaneció en los calabozos de la Audiencia hasta que agentes de los Mossos lo llevaron a la sala en la que se celebra el juicio.
En su camino a la sala de vista, los agentes de la Audiencia de Barcelona llevaron al futbolista por conductos no habituales para evitar a los numerosos periodistas que aguardaban su llegada a la sala de vistas.
Asimismo, varias agentes de la Unidad Central contra las Agresiones Sexuales de los Mossos d’Esquadra se encargaron del acompañamiento de la víctima -que declarará a puerta cerrada y la grabación se guardará con su imagen pixelada y voz distorsionada- y de las dos amigas que iban con ella la noche que estuvo en la discoteca Sutton, quienes está previsto que declaren en el juicio como testigos.
Defensa de Alves pidió anular el proceso
Inés Guardiola, abogada de Dani Alves, pidió a la Audiencia de Barcelona que anule la causa por agresión sexual, al concluir que se han vulnerado sus derechos porque fue investigado durante un mes “a sus espaldas”.
Resaltó que ello impidió a Alves ejercer su derecho a la defensa y, entre otras cuestiones, someterse a una prueba para acreditar que la noche de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.
A juicio de la letrada, la jueza que instruyó el caso vulneró el derecho a la defensa de Alves porque se le impidió acceder a la causa antes de su detención, los atestados policiales y documentos que se le facilitaron cuando ya estaba en el calabozo tras su arresto estaban mutilados y se concedieron apenas dos horas a su defensa para prepararse su declaración en el juzgado de guardia.
“Nunca tuvo oportunidad de defenderse de manera efectiva durante la instrucción” destacó. Agregó que no se autorizó un segundo reconocimiento médico de la víctima, como habían solicitado.
La abogada insistió que en este caso se ha vulnerado la presunción de inocencia de Alves porque ha sido sometido a un “juicio paralelo”, mediante una “campaña mediática” y un “sometimiento tendencioso”.
Ese juicio paralelo incluye las presunciones sobre su capacidad financiera, que según la abogada no es tan holgada como proclama la prensa sino al contrario. Alves sufre una “ahogada situación económica”: tiene una deuda de medio millón de euros con Hacienda, un embargo de 150.000 y su saldo bancario es de 70.000 euros.
Guardiola apuntó también que la jueza instructora se ha visto “contaminada” por los medios de comunicación y se ha producido una “flagrante” vulneración de los derechos de defensa, por lo que cree que Alves no ha tenido un proceso “justo” ni “con todas las garantías”.
También ha pedido que se revoque la decisión de la sala de que la grabación de la declaración de la víctima en el juicio se haga con su voz distorsionada y su imagen pixelada. Cree que ello pone en riesgo una “diligencia esencial” de cara a eventuales recursos, dado que la denunciante tiene que ser escuchada “con claridad”.
¿Qué solicitan las partes?
Mientras la Fiscalía solicita nueve años de cárcel para el internacional brasileño y el pago de una indemnización de 150.000 euros, la acusación particular ejercida por la víctima -con la abogada Ester Garcia- eleva su petición a 12 años de prisión, la máxima por un delito de agresión sexual.
La defensa, ejercida por las letradas Inés Guardiola y Miraida Puente Wilson, pide la absolución de Alves aduciendo que no hubo violación y que la relación sexual con la denunciante fue consentida. Aunque plantea atenuantes para amortiguar la pena en caso de una eventual condena: embriaguez y reparación del daño por haber pagado los 150.000 euros que la jueza le impuso como fianza para cubrir una posible indemnización a la víctima.
Alves lleva en prisión preventiva desde el 20 de enero de 2023, cuando los Mossos d’Esquadra lo detuvieron en el despacho de su abogada después de que una joven de 23 años le denunciara por violarla la noche del 30 de diciembre de 2022.
Con información de EFE
