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- La defensora de derechos humanos se encuentra privada de libertad desde el 9 de febrero
El fiscal general de la República, Tarek William Saab, dio detalles sobre los supuestos elementos que vinculan a la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel con la operación Brazalete Blanco, una conspiración que supuestamente pretendía asesinar al presidente Nicolás Maduro.
Saab indicó que Rocío San Miguel aparecía entre los contactos de uno de los militares que fueron detenidos por presuntamente estar vinculado con la operación, que tenía como objetivo, según el fiscal, sustraer armas de una brigada de infantería del Ejército e iniciar “actos terroristas”.
Durante la rueda de prensa, realizada el lunes 19 de febrero, Saab detalló que en la residencia de otro de los detenidos se encontró un documento en el que se describen las actividades de la operación, en la que aparece en algunas tareas el nombre de Rocío San Miguel.
Vinculan a Rocío San Miguel con “operación terrorista”
Tarek William Saab recordó que durante la operación Brazalete Blanco los involucrados presuntamente planificaron un ataque contra la 21º Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano y el Batallón Negro Primero; ambos ubicados en Táchira, para robar las armas.
El fiscal indicó que su objetivo era “atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y posteriormente iniciar una escalada de actos terroristas hasta atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro”.
Precisó que en el caso fue clave la detención del exmilitar Anyelo Heredia, a quien acusaron de intentar volar con explosivos la sede del Sebin.
“Al momento de detener a Anyelo Heredia, las pesquisas encontraron que entre sus contactos telefónicos se encontraba Rocío San Miguel. Eso ya fue un indicio de lo que encontraríamos después”, dijo Saab.
El nombre de Rocío San Miguel aparece en supuestos documentos
Tarek William Saab sostuvo que entre los primeros detenidos por la operación Brazalete Blanco estuvo el oficial Guillermo Enrique César Siero, en cuya residencia encontraron un documento militar conocido como “orden de operación”.
Según el fiscal, en el documento se especificaban todas las acciones que se iban a desarrollar en la operación Brazalete Blanco y sus responsables. “(En el documento) aparece explícitamente Rocío San Miguel como responsable de algunas actividades”, agregó Saab.
Saab leyó textualmente parte del supuesto documento, el cual indicaba que: “Inmediatamente después de haber tomado y asegurado las instalaciones (…) realizar los enlaces necesarios con los medios de comunicación digital aliados de Rocío San Miguel”.
De acuerdo con el presunto documento de la operación, Rocío San Miguel sería la encargada de coordinar y trasladar todo el equipo comunicacional necesario para cubrir los eventos y realizar la transmisión de la primera entrevista en tiempo real de los avances de la operación.
Saab añadió que entre los otras funciones en el escrito que supuestamente llevaría a cabo la defensora de derechos humanos estaban:
-Crear una afinidad comunicacional con la población militar a fin de lograr el apoyo.
-Coordinar con organismos internacionales para a través de la ONG Control Ciudadano asegurar los derechos humanos de todos los militares patriotas involucrados en la operación
-Promover ante la Cruz Roja Internacional para evitar ataques aéreos o bombardeos, en contra de los integrantes de la operación
“Nadie podrá decir que, a partir de ahí, el Estado venezolano no podía comenzar una investigación. Por eso se actuó en consecuencia”, explicó Saab en referencia a la reciente aprehensión de Rocío San Miguel, a quien acusa de utilizar a su ONG como “fachada”.
Supuestos mapas encontrados
Tarek William Saab informó que tras la realización de un allanamiento con “orden judicial” a su residencia, en presencia de fiscales y familiares de Rocío San Miguel que verificaron la legalidad del procedimiento, consiguieron evidencia que la vinculan con otro tipo de actividades.
A su juicio, el material encontrado la vincula con colaboración militar, debido a que se trata de información de inteligencia del Estado venezolano que no debería tener una ONG.
“Hemos encontrado evidencia de la elaboración de listados y perfiles de los mandos militares del país; y de sus comunicaciones se desprende que posee listas de todo el personal militar. ¿Por qué una supuesta activista defensora de los derechos humanos debe tener este tipo de información?”, cuestionó.
Temor a la siembra de evidencia
El 14 de febrero, el equipo legal de la activista Rocío San Miguel denunció el allanamiento de la vivienda de la también abogada. “Me informan que en este momento están allanando la residencia de Rocío San Miguel. Su hija Miranda Díaz se encuentra en el lugar”, publicó el abogado Joel García en su cuenta en la red social X (antes Twitter).
En otra publicación, el abogado dijo que temen que pudieran “estar sembrando evidencias”.
El 18 de febrero, Rocío San Miguel pudo recibir la visita de su hija Miranda Díaz en la sede del Sebin. De acuerdo con Joel García, Díaz pudo constatar que su madre, a pesar de la injusta privación de su libertad, se encuentra fortalecida y muy confiada de su inocencia.
“(Dice) que no existe nada que la comprometa en los delitos que les imputan. Insiste que no le han permitido el derecho a nombrar la defensa técnica de su confianza”, precisó el abogado.
Desde el momento de la detención de Rocío San Miguel, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos han expresado su preocupación por el caso, así como organismos de la comunidad internacional también, quienes han expresado su rechazo por la detención de la activista.
