Email
- El promotor comunitario Elías Santana explicó que se avanza en un proyecto para introducir tribunales exclusivos para la atención de problemas de convivencia y falta de pagos
Elías Santana, coordinador general de la asociación civil MiCondominio.com, advirtió sobre un incremento de las tasas de morosidad en los últimos tres años. La organización no gubernamental (ONG) ha detectado que el índice subió de 5 a 40 %, lo que representa que 4 cada 10 personas tendría retrasos en el pago del condominio en Venezuela para 2023.
Santana refirió que existen casos de personas que pueden deber entre 2 y 3 años de condominio, lo que representa un inconveniente para la cobertura de gastos de mantenimiento de las residencias.
“Estos usuarios paralizan la administración y, en algunos casos, tienen alto nivel de vida y consumo, lo cual hace la convivencia mucho más tensa”, explicó el promotor comunitario en entrevista para el Circuito Onda.
Santana también informó que en la asociación civil han adoptado el término “neomorosidad” para referirse a ciudadanos que son buenas pagadoras del condominio, pero que pueden tener un retraso entre 4 y 5 meses debido a la situación económica del país. La categoría la integran, principalmente, personas de la tercera edad que dependen de terceros para poder cubrir sus necesidades básicas, por lo que los gastos administrativos asociados a la vivienda quedan pospuestos.
“Si se tienen dos vecinos que no han pagado por varios meses, se crea un hueco en la administración. Esto es un problema sumamente grave porque estamos hablando de la calidad de muchas familias que se ven afectadas por este problema”, señaló el vocero.
Créditos y tribunales especializados
El coordinador de la página MiCondominio.com comentó que el viernes 1° de marzo presentaron ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) una solicitud para la creación de tribunales especializados en temas de condominio para garantizar juicios breves, con el objetivo de resolver denuncias y casos de morosidad rápidamente.
Santana también anunció la propuesta de establecer un fondo de crédito para condominios que permita abordar problemas urgentes sin depender de múltiples cuotas extraordinarias.
“Si el ascensor se avería necesitaríamos de 4 a 5 meses de cuotas adicionales para repararlo. Deberíamos poder acceder a un crédito para solucionar este tipo de situaciones de manera inmediata”, consideró.
En ese sentido, subrayó la viabilidad de esta propuesta, ya que los montos requeridos son moderados y se destinan específicamente a reparaciones de pozos, ascensores o sistemas de planta.
Acciones legales en caso de morosidad en los condominios
La abogada Yelitze Cortez, experta en propiedad horizontal y condominios, explicó para El Diario en una entrevista publicada en agosto de 2023 que no todos los casos de morosidad deben necesariamente llevarse a una demanda.
La especialista sugirió que la junta analice primero los costos que podría acarrear una medida legal y los honorarios del abogado en contrapeso con la deuda del copropietario.
“Hay edificios que tienen fijados sus cobros mensuales en 15 o 20 dólares y si se acumulan no representa una deuda tan grande, pero otras residencias tienen costos elevados y aglomerar tres o cuatro recibos de condominio puede representar miles de dólares y en esos casos si es necesaria la acción legal”, expresó.
Que la demanda proceda rápidamente dependerá de que los trámites se hagan de forma oportuna y de la eficiencia del sistema de justicia. La abogada estimó que la actuación procesal podría culminar en 11 meses.
Si la demanda procede, el caso va a una audiencia en un tribunal y el copropietario debe presentarse con un abogado defensor. Si esta persona no tiene para pagarlo, el Estado le asigna a un defensor de oficio.
En caso de que las medidas anteriores no logren el pago de la deuda, la junta puede solicitar al tribunal un embargo ejecutivo. Este procedimiento está reflejado en el artículo 630 del Código de Procedimiento Civil.
¿Qué es un embargo ejecutivo?
Un embargo ejecutivo es una medida cautelar que se utiliza para asegurar el cobro de una deuda. Se lleva a cabo por orden judicial, a petición del acreedor, y consiste en la retención de bienes del deudor hasta que se satisfaga la solicitud.
