• En un comunicado en conjunto las organizaciones no gubernamentales exigieron la libertad para todos los presos políticos en el país

Un total de 82 organizaciones no gubernamentales (ONG) de Venezuela, dedicadas a la promoción y protección de los derechos humanos, emitieron un comunicado en conjunto para denunciar la situación que enfrenta la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, quien fue detenida junto a cinco miembros de su familia el 9 de febrero. 

Las ONG expresaron su preocupación por el proceso que se ha llevado en el caso de la activista desde su detención. Destacaron que la suspensión de su traslado para la juramentación de sus abogados de confianza, la imposibilidad de acceso al expediente y a las acciones legales que proceden, constituyen una “violación a los derechos humanos reconocidos internacionalmente”. 

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El comunicado, publicado el 26 de marzo, mencionó que a San Miguel se le negó la presunción de inocencia, el debido proceso, un juicio justo y la libertad de expresión.

Las organizaciones firmantes resaltaron que la situación de San Miguel no solo representa una violación a sus derechos individuales, sino que también evidencia la violencia política de género que sufren las mujeres en Venezuela. 

En el texto, también señalaron que la persecución contra defensores de derechos humanos busca silenciar y amedrentar a quienes alzan la voz contra las injusticias. 

Activistas protestan cerca de El Helicoide para exigir la liberación de Rocío San Miguel
Foto: Provea

Criminalización de la defensa de derechos humanos

Las ONG apuntaron que la criminalización de la labor de los defensores de derechos humanos debilita la lucha por la justicia y la igualdad en Venezuela, especialmente en un contexto de emergencia humanitaria compleja donde las mujeres son las más afectadas. 

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“Este acto de represión contra Rocío San Miguel busca un efecto paralizante en el movimiento de derechos humanos en Venezuela, enviando un mensaje intimidatorio. Sumado a esto, la aprobación en primera discusión y la posible aprobación final e implementación de la Ley Antisociedad y la expulsión del personal de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, restringe el espacio cívico en Venezuela”, señaló el comunicado.

Las organizaciones firmantes pidieron al Estado venezolano a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos de todos los ciudadanos, de acuerdo con las obligaciones internacionales adquiridas. 

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Entre las exigencias que mencionaron las ONG están: 

– Liberación de San Miguel junto con el resto de presos políticos y defensores de derechos humanos detenidos en Venezuela.

– Garantías de los derechos constitucionales de San Miguel, lo que implica que tenga acceso y sin restricciones a la representación legal de su elección

Activistas protestan cerca de El Helicoide para exigir la liberación de Rocío San Miguel
Foto: @AccesoaJusticia

– Medidas efectivas por parte del Estado venezolano para proteger a los defensores de derechos humanos, especialmente a las mujeres, contra la violencia y la discriminación de género

También hicieron un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con el caso de San Miguel y se aplique presión diplomática y política para asegurar su liberación y la protección de sus derechos fundamentales.

Protesta reciente para exigir liberación de San Miguel

El 28 de febrero, un grupo de activistas y defensores de derechos humanos se reunieron afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, en Caracas, para exigir la liberación de la abogada.

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En la concentración estuvo presente el abogado Joel García, quien aseguró que la activista solo cuenta con defensores públicos, quienes no se habían comunicado con los familiares de San Miguel.

De acuerdo con el Programa Venezolana de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), los manifestantes habían recolectado enseres y libros para entregar a Rocío San Miguel.

Sin embargo, la organización detalló que las autoridades del Sebin impidieron que le entregaran los insumos a la directora de la organización Control Ciudadano.

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