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- El abogado Joel García reiteró que los defensores públicos asignados al caso no se han comunicado con los familiares de la activista
Durante la mañana del 28 de febrero un grupo de activistas y defensores de derechos humanos se reúnen afueras de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, en Caracas, para exigir la liberación de la abogada Rocío San Miguel.
En la concentración está presente el abogado Joel García, quien aseguró que la activista y defensora de los derechos humanos solo cuenta con defensores públicos, quienes no se han comunicado con los familiares de San Miguel.
“El estado de Rocío San Miguel, como el de Alejandro González, es de total indefensión además de incomunicación. Si bien es cierto que Miranda Díaz, hija de Rocío San Miguel, pudo comunicarse con ella el 18 de febrero, hasta la fecha no ha habido comunicación alguna, y en el caso de Alejandro, nunca ha tenido comunicación con sus familiares”, aseveró García a los medios de comunicación.
#28Feb #RocíoSanMiguel
— Reporte Ya (@ReporteYa) February 28, 2024
Desde El Helicoide exigen la libertad de la activista de #DDHH Rocío San Miguel.
"En ese caso del Brazalete Blanco pareciera que van a meter a raimundo y todo el mundo", abog. Joel García – @VPITV pic.twitter.com/0QpuwED6Et
Autoridades negaron entrega de insumos
De acuerdo con el Programa Venezolana de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), los manifestantes habían recolectado enseres y libros para entregar a Rocío San Miguel.
Sin embargo, la organización detalló que las autoridades del Sebin impidieron que le entregaran los insumos a la abogada y directora de la organización Control Ciudadano.
La convocatoria estaba pautada para las 11:00 am. Los activistas, además, manifestaron en apoyo y liberación de los demás presos políticos que se encuentran recluidos en El Helicoide.
Caso de Rocío San Miguel
Rocío San Miguel cumple 19 días detenida por el gobierno de Nicolás Maduro, por supuestamente estar implicada en un “plan conspirativo” para “asesinar” al presidente.
El 27 de febrero, la activista y su expareja serían presentados ante el juzgado especial segundo en funciones de control con competencia en caso relacionada con delitos asociados al terrorismo, sin embargo, esto no se concretó.
“Nos quedamos esperando por el traslado al juzgado de Rocío San Miguel y Alejendro González para la constitución de la defensa técnica. El retardo en levantar el acta de aceptación y juramentación de sus abogados se erige en indefensión”, escribió el defensor Juan González Taguaruco en su cuenta en X (antes Twitter) el 27 de febrero.
El 12 de febrero, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que la abogada y su expareja fueron presentados ante los tribunales por estar presuntamente vinculados en la trama conspirativa denominada Brazalete Blanco, caso por el varios militares y civiles están detenidos.
Las reacciones por el caso
Desde el 9 de febrero, día en que fue detenida Rocío San Miguel cuando se disponía a viajar con su hija, tanto la comunidad internacional como organizaciones no gubernamentales (ONG) han expresado su rechazo por el caso.
La organización Amnistía Internacional (AI) pidió la liberación “inmediata e incondicional” de la activista, además de respeto a sus derechos y la medida cautelar de protección dictada a su favor en 2012 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por la detención de la activista.
El 26 de febrero, el ministro de Asunto Exteriores de España, José Manuel Albares, destacó el apoyo del gobierno español a Rocío San Miguel, quien también tiene la nacionalidad española. Sin embargo, reiteró que las políticas de su país no cambiarán pese a la detención de la activista.
“Estamos haciendo todo lo posible, sabemos que por fin ha podido ver a su familia, tenemos una información puntual y detallada y nuestra política no va a variar, no ha cambiado desde el principio”, dijo Albares.
