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- Humberto Padro, director del Observatorio Venezolano de Prisiones, precisó que los reclusos son encarcelados sin considerar la cercanía con su núcleo familiar y social
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) reveló que las personas privadas de libertad son recluidas sin considerar la cercanía con sus núcleos familiares y sociales, incluso sin atención a la jurisdicción de su causa, por lo que los familiares deben trasladarse varios kilómetros de distancia con gastos que superan los 80 dólares.
En la presentación del informe El desvío de la justicia: Traslados de las personas privadas de libertad bajo un enfoque de derechos humanos, realizada el 11 de abril, el director del OVP, Humberto Prado, precisó que dicha movilidad de los familiares implica tiempo y un alto costo económico.
Además, mencionó que hay poco personal para llevar a cabo los traslados, lo cual imposibilita el cumplimiento de los estándares de seguridad. De acuerdo con lo recabado por el OVP, las penitenciarías no notifican al familiar, defensor o representante legal del traslado a ejecutar.
Población reclusa en las cárceles de Venezuela
Humberto Prado señaló que aunque en Venezuela existen 52 centros carcelarios, actualmente 18 establecimientos se encuentran cerrados o desalojados, lo que equivale a la pérdida de 10.008 plazas.
De los 52 centros, 35 están destinados a albergar a la población masculina, una cárcel femenina y 16 anexos femeninos. Prado detalló que a pesar de que la capacidad instalada es de 26.238, la realidad es que realmente solo hay una capacidad de 16.230 plazas.
De acuerdo con los datos del OVP, para el primer trimestre del año 2024 hay al menos 30 mil personas privadas de libertad que sobreviven a un “hacinamiento crítico” del 184,84%, lo cual representa un riesgo según los estándares internacionales.
“Es importante señalar que la cifra de hacinamiento es mayor si se evalúan los centros carcelarios de manera individual, debido a que existen disparidades en la distribución de personas privadas de libertad de acuerdo al número de plazas”, resaltó Prado.
El análisis realizado por el OVP arrojó que mientras algunos centros carcelarios tienen mayor capacidad y menor población, otros pueden estar abarrotados debido a una distribución desigual.
Incuplimiento de separación por categoría
El OVP recordó que en el caso venezolano hay una “distinción exhaustiva” respecto a los diferentes tipos de centros de reclusión. En principio serían retenes policiales, centros para procesados penales (internados judiciales), centros penitenciarios y Entidades de Atención de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
Sin embargo, la organización destaca que esa distribución “representa un mero formalismo”, debido a que el propio colapso del sistema penitenciario imposibilita un registro y distribución conforme a los estándares nacionales e internacionales en la materia.
“El OVP ha podido documentar el incumplimiento en la separación de categorías de acuerdo con el delito cometido, situación jurídica, antecedentes penales, situación de vulnerabilidad y enfoque diferenciado. Esto representa un riesgo a la vida e integridad personal de las personas privadas de libertad, afecta incluso el proceso de reinserción social”, señala el informe.
El 70 % de la población reclusa tiene retardo procesal.
Humberto Prado mencionó que el 70 % de la población reclusa en el país tiene retardo procesal. Esto debido, entre otras cosas, a que los traslados de los privados de libertad se realizan sin tomar en cuenta la distancia con el tribunal en el que reposa su causa.
De acuerdo con el informe del OVP, en el país hay deficiencias con el transporte, así como escasez de combustible y neumáticos.
Además, se registraron casos donde el centro penitenciario exige a los familiares un pago por el traslado a tribunales.
Rutas de traslados
En el informe, el OVP proporcionó datos sobre los esfuerzos que realizan las familias para trasladarse a los centros penitenciarios desde diferentes estados. Se estudiaron seis rutas con distancias que van desde los 289 kilómetros hasta los 1.574 kilómetros.
-Traslado desde el Internado Judicial Capital El Rodeo, estado Miranda, hasta el Centro Penitenciario de la Región Andina, en el estado Mérida (743 kilómetros): 86 dólares ida y vuelta.
-Traslado hacia el Centro Penitenciario Región Centro Oriental “El Dorado” desde San Felix (289 kilómetros): aproximadamente 82 dólares ida y vuelta con pernocta.
-Traslado desde el Centro Penitenciario Región Centro Oriental “El Dorado”, estado Bolívar, hasta el Centro Penitenciario de la Región Occidental (CPO), estado Táchira (1.574 kilómetros): 182 dólares ida y vuelta.
-Traslado desde el estado Carabobo al CPO (661 kilómetros): 100 dólares ida y vuelta.
-Traslados desde el estado Miranda de familiares de presos del Internado
Judicial del Rodeo I,II y III distribuidos en el estado Táchira, en Santa Ana (865 kilómetros): 114 dólares ida y vuelta.
-Traslado desde el estado Falcón de familiares hacia el Centro de Reclusión para Procesados Judiciales 26 de julio,en el estado Guárico (397 kilómetros): 60 dólares ida y vuelta.
Resaltó que el OVP no defiende el delito del recluso, debido a que eso lo manejan los tribunales, sino los DD HH y las herramientas que el Estado debe garantizar para que el privado de libertad aproveche su tiempo en la cárcel para estudiar o prepararse para la reinserción en la sociedad.
Traslados post intervenciones penitenciarias
El OVP reseñó que luego de que el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPPRIJP) desalojara siete penales intervenidos, los 8.016 internos que conformaban la población reclusa de las cárceles tomadas debieron ser trasladados al resto de recintos del país.
“Previo a las tomas de los penales, Venezuela contaba con una capacidad real de 20.438 plazas para una población privada de libertad de 33.558. Ahora, tras la realización de las intervenciones, y en menos de dos meses, se redujo la capacidad instalada a 16.230 plazas”, detalló.
El OVP registró que de 8.016 trasladados tras la intervención de las siete cárceles, los principales estados destinatarios de privados de libertad fueron Miranda (24 %), Carabobo (14 %) y Táchira (8 %).
En este sentido, el OVP recomienda que las autoridades nacionales ajusten sus acciones de acuerdo con los estándares internacionales y las leyes venezolanas. Por ello, señalaron que “debe cesar la práctica de que los traslados se ejecuten a expensas de los familiares”, ya que consideran que esta situación está directamente relacionada con actos de corrupción.
