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- El Poder Judicial, vía sentencia de la Sala Constitucional, resolvió otorgar al dirigente político el control de la tarjeta y administrar bienes del partido político
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hizo pública una medida cautelar que incluye el “nombramiento de una junta directiva ad hoc” con la que autorizan la “reestructuración” del partido Primero Justicia.
El organismo designó al dirigente político José Brito como presidente de la junta directiva ad hoc de Primero Justicia. Asimismo, se ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE), de manera provisoria, abstenerse de aceptar cualquier postulación para procesos electorales que no sea acordada conforme a los procedimientos de rigor, por la junta directiva ad hoc.
La medida judicial también decreta que Brito podrá utilizar la tarjeta electoral, así como el logo y cualquier otro concepto de Primero Justicia como propio. Bajo esta decisión, la reestructuración permite que la junta directiva ad hoc pueda postular candidaturas electorales.
El TSJ ordenó al diputado llevar adelante un “proceso de reestructuración necesario” del partido, que incluirá la designación de autoridades en las regiones y la organización de una consulta interna “para la necesaria actualización y modificación de los estatutos de la organización a los fines de su adecuación”.
“Queda facultada la junta directiva ad hoc para ejecutar los actos de simple administración y mantenimiento de las instalaciones, hasta que se decida el fondo de la presente causa”, concluyó el alto tribunal.
La medida fue rechazada por el excandidato presidencial y dirigente de Primero Justicia, Henrique Capriles. El político catalogó el anuncio como una “arbitrariedad” y precisó que la medida solo “aumentará” las ganas “de participar y votar”.
Solicitud de José Brito ante el TSJ
El 15 de marzo de 2024, José Brito, diputado vinculado al oficialismo y apoyado por la tolda política Primero Venezuela, introdujo un amparo constitucional ante el TSJ para que el organismo autorizara el uso de la tarjeta de Primero Justicia. El dirigente, en declaraciones a los medios de comunicación, también solicitó a la Sala Constitucional que estableciera quiénes serían los autorizados para manejar la organización política.
José Brito fue expulsado de Primero Justicia en 2019 luego de haber sido acusado de estar presuntamente involucrado en decisiones y actuaciones para favorecer “al empresario colombiano Álex Saab e interceder por él ante la justicia de Colombia”.
También se le involucró en la “Operación Alacrán”, un supuesto plan denunciado por diputados de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela. De acuerdo con las denuncias, el objetivo era “sobornar” a miembros de la oposición para que impidieran la reelección de Juan Guaidó como presidente de la AN el 5 de enero de 2020.
Tras su expulsión, Brito presidió el partido político Primero Venezuela, el cual posee colores similares a los de Primero Justicia y con el cual postuló su candidatura.
Segunda intervención de Primero Justicia
La tarjeta de Primero Justicia estaba en una “suerte de limbo jurídico” desde el año 2020. Esta medida cautelar de “tutela constitucional” se une a la lista de antecedentes con otras organizaciones políticas en Venezuela.
El 7 de julio de 2020, la Sala Constitucional del TSJ anunció un recurso judicial para suspender a la directiva del partido político Voluntad Popular (VP) integrada por Leopoldo López, Emilio Graterón y Roland Carreño.
La sentencia N° 077-2020 designó una junta directiva ad hoc para la tolda naranja que está presidida por José Gregorio Noriega Figueroa.
La decisión se produjo luego de que la Sala Constitucional admitiera una acción de “amparo constitucional” de Noriega Figueroa. Lo mismo sucedió con Acción Democrática (AD) luego de que se ordenara remover a Henry Ramos Allup en el cargo de presidencia y en su lugar asignar el cargo a Bernabé Gutiérrez.
En agosto de 2023, el TSJ nombró una junta directiva ad hoc del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y se ordenó que fuera presidida por Henry Parra. Lo mismo sucedió con la junta directiva del movimiento Tupamaro.
Otros partidos sujetos a intervenciones
-Bandera Roja (BR)
En 2015, el TSJ arrebató el control del partido Bandera Roja al secretario general, Gabriel Puerta Aponte y pasó a manos de Pedro Véliz Acuña.
No obstante, el 25 de agosto de 2020, el máximo juzgado habilitó a Véliz Acuña a postular candidaturas a las parlamentarias del 6 de diciembre de 2020, pese a ello la organización no participó. Como resultado, el ala de la tolda dirigida por Puerta Aponte forma parte de la plataforma unitaria opositora.
-Nuvipa
Paulo Méndez, secretario nacional de organización del partido Nueva Visión para Mi País (Nuvipa), denunció que el TSJ intervino a dicha tolda el 22 de agosto de 2020, para obligar la aparición de la tarjeta en la boleta electoral para el 6 de diciembre, a través del dirigente Humberto Padilla.
-Copei
El partido socialcristiano (Copei) está bajo el control de Miguel Salazar, designado por el TSJ el 3 de diciembre de 2019 como presidente de la tolda, en sustitución de Mercedes Malavé. Otro sector de Copei es liderado por Robert García como secretario general y pertenece a la Plataforma Unitaria.
-Compa
En 2020 las intervenciones afectaron a la organización Compromiso País (Compa). El 26 de agosto, el TSJ designó a Olga Alejandra Morey como coordinadora nacional.
-MIN-Unidad
El Movimiento de Integridad Nacional-Unidad (MIN-Unidad) fue intervenido por el TSJ por primera vez en 2015 y le fue designada una junta ad hoc para impedir que postulara candidaturas unitarias con la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en las parlamentarias de ese año.
-Podemos
En septiembre de 2012, la Sala Constitucional del TSJ intervino al partido y le impuso como presidente a Didalco Bolívar sobre Ramón Martínez.
Bolívar era señalado de presuntos hechos de corrupción durante su gestión en la Gobernación de Aragua por lo que fue “expulsado” de su propio partido en 2014. Una sentencia del TSJ en 2015 lo restituyó en el cargo.
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