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  • Después de 48 horas de huelga en varias cárceles y calabozos del país, el gobierno de Nicolás Maduro cambió su Ministerio para el Servicio Penitenciario. En entrevista para El Diario, el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, enumeró los principales problemas que deberá atender la nueva administración | Foto: EFE

El gobierno de Nicolás Maduro designó el 11 de junio a Julio García Zerpa como nuevo ministro de Servicios Penitenciarios, en medio de una crisis carcelaria que se extiende por todo el país. De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), los reos de 19 cárceles y 30 centros de detención se encuentran en huelga de hambre y protesta pacífica desde el 9 de junio, en rechazo a la gestión de la ministra saliente, la vicealmiranta Celsa Bautista Ontiveros.

Los reclamos de los reclusos abarcan una amplia serie de carencias, como la situación de los calabozos policiales, donde se concentran hasta el 70 % de los presos aún sin una condena. Los manifestantes exigen celeridad procesal en sus casos y traslado a cárceles para quienes ya tienen una sentencia. También atender el tema de la insalubridad y hacinamiento que afecta su calidad de vida y es actualmente una de las principales causas de muerte y enfermedad entre la población carcelaria. 

El director de la OVP, Humberto Prado, aseguró en entrevista para El Diario que es la primera vez que se registra en el país una huelga pacífica en la que se unan presos tanto de las cárceles como de los centros de detención preventiva. A su juicio, esto evidencia las grietas de un ministerio que en julio cumplirá 13 años de su creación sin haber resuelto los problemas estructurales del sistema penitenciario venezolano. 

“El problema no es que no tengamos las normas que, por lo menos, puedan resolver el problema, o que no tengamos la figura autónoma de la responsabilidad en materia penitenciaria, que viene siendo un ministerio, nada más y nada menos. Lo que no hemos tenido son las personas adecuadas para resolver el problema”, afirmó.

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Recomendaciones

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Cárcel Nacional de Maracaibo, más conocida como Cárcel de Sabaneta. Foto: EFE/ Henry Chirinos

El documento entregado por los voceros de los reos en huelga se centra principalmente en exigir garantías judiciales, como celeridad en sus traslados y audiencias, así como en la emisión de condenas y excarcelaciones. Pero también piden que, de acuerdo con lo que establece el artículo 488 del Código Orgánico Procesal Penal, se otorgue libertad condicional a aquellos reos que hayan cumplido más de la mitad de su condena con buena conducta y participen en los programas educativos, laborales o de servicio social conocidos como “redenciones”. 

Prado agrega que, más allá de lo procesal, la administración entrante del Ministerio para el  Servicio Penitenciario tiene pendiente atender una crisis multifactorial y con varias aristas que salen incluso más allá de su jurisdicción. Desde la OVP, enumeró cinco recomendaciones para el nuevo ministro que la organización considera que debe tener prioridad:

1. Mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población reclusa, con un acceso más amplio a servicios de salud, alimentación adecuada y condiciones sanitarias mejoradas, lo que contribuiría a una mayor estabilidad y seguridad dentro de las instalaciones.

2. Resolver la violación de garantías judiciales. “Es un problema multifactorial y el más preocupante que hay en los actuales momentos”, dijo.

3. Atacar la corrupción para erradicar el tráfico de armas, drogas y los cobros extorsivos en los establecimientos penitenciarios.

4. Diseñar un plan estratégico de educación para toda la población carcelaria. “No hay mejor herramienta para resolver el ocio carcelario que la educación”, comentó. 

5. Para reducir el hacinamiento, podría adoptar otras medidas de detención en las cárceles, lo cual beneficiaría la gestión interna de los penales, e igualmente reduciría la carga sobre el sistema judicial y de seguridad.

El nuevo ministro

#TeExplicamosElDía | Martes 11 de junio
Julio García Zerpa, nuevo ministro de Servicios Penitenciarios. Foto: cortesía

Hasta el momento de su designación como ministro, Julio García Zerpa era diputado de la Asamblea Nacional electa en 2020. Allí fue vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior y estuvo involucrado en la aprobación de leyes como la Ley Orgánica para la Reforma del Sistema de Justicia, la Ley de Cuadrantes de Paz y la Ley de Inspectoría General de Tribunales. También en el borrador del polémico proyecto de ley de fiscalización y regularización de organizaciones no gubernamentales. 

Para Prado, esto es un paso clave después de un año y medio de gestión de la vicealmirante Celsa Bautista Ontiveros, quien a pesar de ocupar puestos en el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, y en la Fuerza Armada Nacional, no tenía experiencia en asuntos penitenciarios. Recordó que justamente una de las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) es que la dirección de las cárceles no puede estar a cargo de funcionarios militares ni policiales.

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Foto: @oveprisiones | Twitter
Ni militares ni policías pueden trabajar ni dirigir cárceles. Uno está formado para la represión y el otro está formado para la guerra y no tienen un perfil precisamente para recibir a la persona que cometió un delito. Por eso Naciones Unidas dice que deben ser civiles, para que por lo menos tengan respeto a la condición humana de la persona, porque el delito se queda en los tribunales y quien ingresa a la cárcel es el hombre”, comentó.

En cuanto a García Zerpa, quien es abogado de profesión, se le conoce por su apoyo a la denominada “revolución judicial” emprendida por el gobierno desde el Parlamento, precisamente a través de reformas que buscan combatir el retardo procesal. Sin embargo, en una entrevista a Unión Radio en enero de 2024, el ahora ministro negó que existiera hacinamiento en los centros de detención del país.

“Ojalá tenga la experiencia debida en esta materia. Y experiencia no es solamente porque de repente participó en una comisión parlamentaria. Experiencia es experticia en la materia, gerencia y disposición porque, de lo contrario, es un fracaso”, aludió Prado.

Multifactorial

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Foto: Cortesía

El director de la OVP explicó que, en líneas generales, el Ministerio para el Servicio Penitenciario se encarga principalmente de administrar los lugares en los que los reos cumplen sus condenas y de brindarse atención integral para su reinserción social. También de garantizar sus traslados a tribunales cada vez que se requieran, pero si el retardo procesal viene precisamente de las instancias encargadas de impartir la justicia, el problema va mucho más allá de una solo organismo, involucrando también a la Fiscalía y al Poder Judicial.

Aunque en muchos casos los reos han denunciado que han perdido audiencias al no ser trasladados por sus custodios, Prado agregó que en también son frecuentes las faltas de fiscales y jueces, lo cual alarga innecesariamente los juicios, y con ello el hacinamiento en calabozos que acumulan detenidos sin una condena firme. 

Igualmente, sumó la responsabilidad de la Asamblea Nacional. Más allá de la “revolución judicial”, indicó que es necesario que se aprueben mayores presupuestos para mejorar las condiciones de vida de los reos, desde su alimentación y atención médica, hasta los programas de orientación psicológica y de formación que permitan su reintegración a la sociedad. Esto, de la mano con reformas profundas al sistema judicial para optimizar el despacho en tribunales. 

“Justicia a destiempo no es justicia. Con ese presupuesto, por lo menos acorde a la realidad nuestra, (los reos) pueden tener una buena alimentación, pueden tener una buena educación. Además pueden subir el número de fiscales, que se tenga por lo menos para aumentar las audiencias y también de los jueces, que pueden ser itinerantes”, expresó.

Planes fallidos

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Foto: @CelsaBautistaO | Twitter

Prado lamentó que la única herramienta que actualmente tienen los privados de libertad para hacer respetar sus derechos sea recurrir a huelgas de hambre. Recordó además que cada uno de los tres ministros que ha pasado por este despacho (cuatro con García Zerpa) ha prometido un plan para acabar el hacinamiento y los retrasos procesales, todos sin mayores éxitos.

Por ejemplo, en 2012 la entonces ministra Iris Varela creó el Plan Cayapa Judicial. Este amplió el uso de tribunales itinerantes, una idea que de acuerdo con la asociación Acceso a la Justicia, surgió en la Alcaldía de Chacao durante la gestión de Leopoldo López y años después se implementó por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta medida fue bien vista por los expertos, pues llevaba las audiencias a las cárceles y dinamizaba la revisión de expedientes, así como el otorgamiento de medidas cautelares.

Esto logró que en su primer año el Plan Cayapa lograra atender al 96 % de la población carcelaria, con 13.224 personas excarceladas de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, con el tiempo el alcance de este programa se fue desdibujando, sobre todo en la medida que el ministerio dejó de publicar balances. En la actualidad, la OVP estima que el hacinamiento en las cárceles venezolanas supera el rango crítico de 184,84 %, con más de 30.000 privados de libertad en un sistema con una capacidad instalada real de apenas 10.000 plazas. 

Cumplir la ley

En enero de 2024, Bautista Ontiveros anunció el lanzamiento del Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria, un proyecto de naturaleza similar, que contemplaba la creación de una Oficina de Atención al Privado de Libertad para cada cárcel del país. Esto se sumaría al Plan Impulso Judicial inaugurado el 19 de febrero por el TSJ y la Comisión de Reforma Judicial de la AN oficialista. 

Subieron a 51 los centros de reclusión en Venezuela que se sumaron a la huelga de hambre
Foto: EFE/ Henry Chirinos

Prado consideró como un fallo que desde el ministerio se tomen medidas coyunturales basadas en criterios políticos que no atienden el fondo estructural del asunto. Añadió que al margen de las reformas necesarias, existe toda una normativa interna e internacional que rige los procedimientos adecuados para atender a los privados de libertad, y que solo basta con aplicarlos adecuadamente. 

“Cada uno le ha puesto un nombre diferente cuando lo importante es que se normalice la situación de las garantías judiciales. Que no actúen con el concepto totalmente errado, del ‘yo creo que sí se merece tal cosa’. No puede ser lo que tú creas. Tiene que ser darle a cada quien lo que le corresponde según lo que está estipulado en la norma”, aseveró.

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