- Organizaciones defensoras de migrantes aseguraron que la medida del gobierno estadounidense es inconsistente | Foto: EFE
Organizaciones defensoras de los inmigrantes demandaron este miércoles 12 de junio, en una corte federal de Estados Unidos, la orden ejecutiva del presidente de ese país, Joe Biden, que restringe de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, por considerar que es “inconsistente” con un estatuto que lo rige.
La orden, que entró en vigencia el 4 de junio, permite a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no superen unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de siete días.
La demanda, encabezada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), argumenta que la regulación “es rotundamente inconsistente con el estatuto de asilo que promulgó el Congreso, que permite a los inmigrantes presentar solicitudes de asilo ya sea que entren o no por un puerto de entrada”.
Además, los demandantes advirtieron en un comunicado que la medida también crea obstáculos “potencialmente insuperables” para que los migrantes busquen otros tipos de protección.
Una medida similar a la de Donald Trump en 2018
Los defensores de los migrantes aseguraron que la nueva orden del gobierno de EE UU hace eco de la anterior prohibición de entrada de asilo impuesta por la Administración de Donald Trump en 2018, que fue derrotada en las cortes.
Subrayó que la Administración Biden carece de autoridad unilateral para anular el Congreso y prohibir el asilo basándose en cómo las personas ingresan al país.
“Un punto que los tribunales dejaron muy claro cuando la administración Trump intentó sin éxito una prohibición casi idéntica”, agregó el defensor.
“La orden exacerba el caos en la frontera”
Melissa Crow, del Centro de Estudios de Género y Refugiados, quien también participa en la demanda, dijo en un comunicado que la orden “exacerba el caos en nuestra frontera sur”, además de socavar el trabajo de los grupos de ayuda humanitaria y legal, lo que resultará en deportaciones “injustas” de refugiados a países donde enfrentan persecución y tortura.
El Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, el Proyecto de Derechos Civiles de Texas (TCRP, por sus siglas en inglés), y el bufete de abogados Jenner & Block LLP también participan la querella presentada a nombre del Centro de Defensa de Inmigrantes de Las Américas y el Centro de Educación y Servicios Legales para Refugiados e Inmigrantes (Raíces).
La demanda, presentada en una corte federal de Washington, ha pedido al tribunal que ponga un alto a la implementación de la medida.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, rechazó las críticas a la nueva orden del presidente Biden. En entrevista para el medio ABC, el 9 de junio, aseguró estar listo para defender la orden emitida en las cortes.
“No es solo una cuestión de asegurar la frontera, tenemos la obligación humanitaria de mantener a las personas vulnerables fuera del alcance de los contrabandistas explotadores”, señaló el secretario.
Con información de EFE