- Los manifestantes denunciaron abuso en la aplicación de la Ley Antiterrorismo y persecución contra los acusados bajo este reglamento | Foto: Provea
Familiares de varios privados de libertad protestaron el 2 de julio frente a la sede de la Defensoría del Pueblo, en Caracas, para exigir a las autoridades que se respete el debido proceso.
Los manifestantes denunciaron un supuesto “abuso crónico” de la Ley Antiterrorismo. Además pidieron el cese de la persecución bajo esta normativa, de acuerdo con publicaciones de la organización no gubernamental (ONG) Provea en sus redes sociales.
Los familiares entregaron una carta a las autoridades para que se evalúen los expedientes de los detenidos por estas causas.
“Queremos justicia por privados sembrados por terrorismo” y “presidente Maduro, hicieron mal procedimiento en el estado Anzoátegui”, son alguno de los mensajes que se leen en las pancartas de los manifestantes, quienes además anotaron los nombres de sus familiares detenidos.
Lo que dijo la ONU sobre la Ley Antiterrorismo de Venezuela
El 27 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos las Naciones Unidas (ACNUDH) presentó un informe en el que aseveró que observa con preocupación que en Venezuela se siga aplicando la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiación del Terrorismo.
En el documento, la oficina resalta que se detectaron al menos 49 casos de detención arbitraria entre el 1° de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024, de los cuales 29 estarían relacionados a dicha ley.
“En al menos siete de estos casos, las audiencias se llevaron a cabo en centros de detención de máxima seguridad, lo que podría socavar la transparencia de las audiencias y la independencia de los tribunales”, dice el documento.
Asimismo, el informe menciona que en 23 casos no se concedió a los acusados el derecho a un abogado de su elección o se encontraron obstáculos para ejercer ese derecho.
La oficina agregó que en 27 casos los abogados denunciaron obstáculos para acceder a los expedientes, de los cuales 24 se encontraban en tribunales especiales con competencia en delitos vinculados al terrorismo.
“Al ACNUDH le preocupa que los procesos en estos tribunales violen el derecho a la defensa y a un juicio. Recuerda que la legislación antiterrorista y su aplicación deben cumplos con las normas internacionales de derechos humanos y los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación”, se lee en el informe.
Detención de dirigentes y activistas acusados de terrorismo
La ACNUDH resaltó en su informe el caso de ses dirigentes sindicales, detenidos en el año 2022, que fueron condenados a 16 años de prisión en 2023 bajo la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y la Financiación del Terrorismo.
También, citaron el caso de la activista de los derechos humanos Rocío San Miguel, privada de libertad desde el 9 de febrero, a quien se le imputaron los cargos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, entre otros.
En octubre de 2023, la ONG Foro Penal informó que uno de cada dos opositores encarcelados en Venezuela fueron acusados o condenados por terrorismo.
Una publicación de la agencia de noticias EFE reveló que en ese mes un estudiante fue detenido por las autoridades venezolanas por supuestamente pegar volantes en espacios públicos. La Fiscalía lo acusó de conspiración ante los mismos tribunales que, días después, sentenciaron a seis personas por delitos contemplados en la Ley Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.
El vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, dijo que estos casos encierran una “evidente intención política” de “criminalizar a determinadas personas”, algo por lo que responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro.
