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  • El ODH-ULA denunció que han recibido reportes de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tratos crueles y degradantes contra los manifestantes. Foto principal: EFE

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó un reporte en el que identificó 12 patrones de represión contra las personas que han sido detenidas en los estados Mérida, Táchira y Trujillo, así como de persecución política tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El informe fue publicado el 3 de agosto en la web del ODH-ULA. De los 12 patrones, 9 son de represión y 3 de persecución política. 

Estos son los 9 patrones de represión contra detenidos en protestas poselectorales:

-Detenciones arbitrarias.

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-Desapariciones forzadas.

-Tratos crueles y degradantes.

-Violación del principio de presunción de inocencia.

-Imputación de delitos graves sin pruebas.

-Negación del derecho a la defensa privada.

-Violación del principio de individualización de la pena.

-Trato no diferenciado entre personas adultas y menores de edad durante su detención y proceso judicial.

-Trato no diferenciado de las mujeres privadas de libertad.

Identificaron 12 patrones de represión contra detenidos en las protestas poselectorales en los Andes venezolanos
Foto: ODH-ULA

En cuanto a los patrones de persecución política, el Observatorio precisó:

-Incitación al odio mediante la exposición pública de fotografías y nombres de personas, a quienes etiquetan con mensajes como “se busca”, “recompensa”, “líderes guarimberos”, utilizando en algunos casos símbolos de organismos policiales.

-Violación a la libertad de expresión, libre asociación y libre tránsito.

-Hostigamiento y agresiones contra trabajadores de la prensa.

Desapariciones forzadas, tratos crueles y degradantes

El ODH-ULA aseguró en su informe que, a través de los testimonios de los familiares, constató que la mayoría de las víctimas estuvieron desaparecidas durante horas e incluso días.

“Además de detenerlas arbitrariamente, las personas capturadas por funcionarios policiales y militares son sometidas a tratos crueles y degradantes, a través de agresiones físicas y verbales, amenazas, coacciones e impedimento de acceso oportuno a comida e hidratación”, aseveró el ODH-ULA. 

La organización confirmó que algunas personas que ya fueron liberadas recibieron amenazas para que no denunciaran las agresiones que sufrieron durante sus detenciones.

Violación del debido proceso 

Abogados del ODH-ULA constataron que en todos los casos de detenciones en el estado Mérida se violó el debido proceso judicial.

Estos son los aspectos que confirman, de acuerdo con el observatorio, una violación del debido proceso: 

-Imputación de delitos graves sin presentación de pruebas, lo que viola el principio constitucional de presunción de inocencia, contemplado además en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales.

-Ausencia de individuación de cargos. Todos los detenidos son imputados por los mismos delitos y presentados en audiencias grupales.

-Imposición desde Caracas de defensores y fiscales nacionales antiterrorismo del Ministerio Público, pese a que los hechos sucedieron en Mérida.

-Designación de un juez para todos los casos, quien no se presenta personalmente en las audiencias, las cuales son realizadas vía telemática (virtual) y posterior a los lapsos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP).

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Asimismo, la organización denunció que también ha habido “acciones de intimidación” contra jueces, fiscales y defensores en Mérida. Mientras que las autoridades han negado que familiares puedan visitar o comunicarse con los detenidos.

Foro Penal confirmó la detención de 74 adolescentes en las protestas desde el 29 de julio 
Foto: EFE

No hay trato diferenciado dependiendo de la condición del detenido 

El ODH-ULA aseguró que en las regiones Andinas se ha detectado que en muchos casos adolescentes fueron detenidos y recluidos junto a adultos.

En el caso de las mujeres, tanto adultos como adolescentes, tampoco han tenido un trato diferenciado que garantice sus derechos humanos.

Mencionaron que una de las detenidas en la región andina está embarazada y otra está en periodo de lactancia. 

“La embarazada recibió agresiones físicas y verbales por parte de sus captores, mientras que a la madre lactante le negaron su derecho a amamantar a su bebé, quien es víctima también de esta trasgresión al no recibir alimentación por parte de su madre”, dice el informe.

Hostigamiento a la prensa

El ODH-ULA también reportó casos de hostigamiento y agresiones contra periodistas y trabajadores de la prensa en la región andina. 

Algunos de estos hechos fue la detención del camarógrafo de VPI TV en el estado Trujillo, Paúl León, quien también es estudiante de Comunicación Social en la Universidad de Los Andes. 

Imagen del momento en que detienen a Paul León | Foto: VPITV

Asimismo, el caso de la periodista Yuliana Palmar, reportera del Diario de Los Andes en Trujillo, quien sufrió agresión física y el robo de su teléfono celular. 

“Este observatorio recuerda que la persecución política es un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma, al tiempo que exhorta a las autoridades venezolanas a cesar sus acciones de represión y a respetar los derechos humanos, civiles y políticos de toda la ciudadanía”, finaliza el documento. 

Los detenidos en protestas poselectorales 

De acuerdo con el Foro Penal, entre el 29 de julio y hasta las 8:00 am del 5 de agosto se confirmaron 1.010 detenidos tras las protestas poselectorales en Venezuela. De esa cifra, 91 son adolescentes.  

Solo la región Andina acumula 85 detenciones en este periodo, mientras que el mayor número de arrestos están en Distrito Capital (176), Carabobo (140) y Anzoátegui (112).

Foro Penal interpuso un recurso de amparo constitucional en defensa de los detenidos en las protestas 
Foto: EFE

En repetidas ocasiones, los abogados del Foro Penal han denunciado que a los detenidos no se les ha permitido la defensa privada, sino que las autoridades les asignan juristas públicos. 

La organización coincide con el ODH-ULA sobre que los organismos del Estado han impedido que los familiares puedan ver o comunicarse con estos detenidos. 

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