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  • La organización no gubernamental documentó varios casos en los que se han vulnerado los derechos de las personas arrestadas

La organización no gubernamental (ONG) Provea instó a la Corte Penal Internacional (CPI) y al fiscal Karim Khan a observar la “política de Estado de persecución y represión que constituirían crímenes de lesa humanidad” a raíz de las protestas postelectorales en Venezuela.

A través de varios mensajes en su cuenta de X, Provea resaltó varios casos de detenciones arbitrarias que vulneran los derechos de las personas arrestadas por estar relacionadas con protestas en contra de los resultados electorales del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron como ganador a Nicolás Maduro. 

“Alertamos a la CPI y su fiscal Karim Khan de la peligrosa escalada de persecución y represión contra civiles por motivos políticos o simplemente por ser una voz disidente. Estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad y sumarse a la Investigación Venezuela I en la CPI”, señaló Provea.

La ONG denunció que ha recibido reportes que indican que las autoridades no permiten que los detenidos tengan asistencia de abogados privados, así como tampoco aceptan las visitas de los familiares en los centros de reclusión.

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Foro Penal confirmó la detención de 74 adolescentes en las protestas desde el 29 de julio 
Foto: EFE/ Ronald Peña R.

Casos señalados

Provea mencionó a la CPI y a su fiscal en varias publicaciones sobre casos de detenciones que podrían incluirse en el expediente de Venezuela sobre crímenes de lesa humanidad. El primero es el del arresto de la defensora y trabajadora humanitaria Edni López López, el 4 de agosto.

El segundo caso que resaltó la ONG es el de la jefa de campaña del Comando Con Venezuela del estado Portuguesa, María Oropeza, quien fue detenida el 6 de agosto sin ninguna orden de aprehensión por parte de las fuerzas policiales.

Además, también mencionó a la CPI en el caso de dos detenidas en Trujillo por ser familiares de una persona relacionada con la líder opositora María Corina Machado.

“Jackeline y Camila Leal, esposa e hija de Gerardo Leal, motorizado que ha acompañado a María Corina Machado, fueron detenidas el 5 de agosto y permanecen desaparecidas para aplicar psicoterror y detener a Gerardo Leal”, indicó la ONG.

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Provea aseguró que este tipo de acciones son parte de una política de Estado que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Provea alertó a la CPI sobre la represión y detenciones de ciudadanos por motivos políticos en Venezuela
Foto: EFE/ Manuel Díaz

Cifras de Provea

De acuerdo con los registros de Provea, 24 personas murieron entre el domingo 28 de julio y el lunes 05 de agosto durante protestas tras los resultados electorales ofrecidos por el CNE.

“Además de los llamados colectivos, la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), y posible sucesora de las FAES, es señalada en al menos dos casos de asesinatos de manifestantes”, indicó la ONG.

Entre el 29 de julio y el 01 de agosto, Provea registró al menos 40 casos de desapariciones que duraron entre 4 horas y un día, lapso de tiempo en el que ni sus familiares ni abogados conocían de su paradero.

Provea detalló que la mayoría fueron detenidos “ilegalmente” por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana (DAET-PNB) o agrupaciones de civiles armados.

“Las denuncias van en ascenso y cualquiera de las cifras que se tenga como base documental, indican que estamos en presencia de un crecimiento exponencial de las detenciones arbitrarias en el país, sobre todo si las comparamos con los registros de otros ciclos de protestas como 2019, 2017 o 2014”, aseveró Provea.

La ONG también destacó que las audiencias de presentación de los detenidos presentan irregularidades, como por ejemplo, que se realizan en los propios centros de reclusión y no en tribunales, las sentencias son colectivas y se emplea el mismo criterio de imputación para todos.

Provea resaltó que este tipo de acciones violan el derecho a la defensa y el debido proceso, consagrados en el artículo 40 de la Constitución.

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