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  • El organismo multilateral resaltó que la discusión de esta normativa se da en un contexto de “creciente represión” después de las elecciones presidenciales en Venezuela | Foto principal: HRW.org

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó el 13 de agosto a la Asamblea Nacional (AN) a abstenerse de aprobar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales y Afines, ya que consideró que se restringiría el derecho de asociación en Venezuela.

“Esta ley restringiría arbitrariamente el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación pública, en un contexto de cierre del espacio cívico. La labor de personas defensoras de derechos humanos es clave para reconstruir una sociedad democrática”, escribió la CIDH en su cuenta de X.

El organismo multilateral resaltó que la discusión y posible aprobación de esta ley se lleva a cabo en un contexto de creciente represión por parte de las autoridades venezolanas después de las elecciones presidenciales del 28 de julio.

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Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

De acuerdo con la información dada por el Poder Legislativo, este martes 13 de agosto se debatirá la ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG). La sesión se llevará a cabo a partir de las 2:30 pm y estará presidida por el presidente de ese órgano, Jorge Rodríguez.

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Asimismo, el alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al gobierno de Nicolás Maduro que rechace los proyectos de ley para regular el funcionamiento de las ONG y de las redes sociales, por el impacto negativo que tendrían en los derechos humanos y en la democracia en general.

Las medidas cautelares de la CIDH para María Oropeza

El 11 de agosto, la CIDH había otorgado medidas cautelares a favor de María Oropeza, jefa de campaña del Comando con Venezuela en el estado Portuguesa. Oropeza fue detenida en su residencia la noche del 6 de agosto por funcionarios armados.

A través de sus redes sociales, la dirigente opositora transmitió en vivo el procedimiento en el que los funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) usaron herramientas para vulnerar la reja de la vivienda.

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Foto: Vente Venezuela

La CIDH emitió la Resolución 46/2024 el 10 de agosto, en la que estableció que Oropeza se encuentra en una “situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable” a sus derechos en Venezuela.

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Horas antes de su detención, Oropeza había publicado un video en el que denunciaba la represión y persecución por parte de las autoridades venezolanas contra la ciudadanía que rechazó los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de las elecciones del 28 de julio, que dieron por ganador a Nicolás Maduro.

La posición de la Misión de Determinación de Hechos de la ONU

El 12 de agosto, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela de las ONU exigió al gobierno de Nicolás Maduro “detener inmediatamente la creciente represión que está conmocionando al país” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

El organismo describió que “las protestas en la calle y en redes sociales, de las semanas posteriores a las elecciones, abrieron paso a una feroz represión por la maquinaria del Estado”. En el texto, la Misión señaló que estas acciones ordenadas “desde sus más altas autoridades” han “creado un clima de temor generalizado”.

La Misión de Determinación de Hechos pidió detener inmediatamente la represión en Venezuela 
Foto: ONU

El panel de expertos también alertó que lleva un registro de 23 muertes en el contexto de protestas poselectorales y, advirtió, que la gran mayoría de las víctimas sufrieron “disparos de armas de fuego, que tuvieron lugar entre el 28 de julio y el 8 de agosto”. 

“En 18 casos, las víctimas fueron hombres de menos de 30 años. Las muertes denunciadas en el marco de las protestas deben ser investigadas exhaustivamente y, de confirmarse un uso abusivo de la fuerza letal por cuerpos de seguridad y la participación de civiles armados actuando con la connivencia de dichos cuerpos, los responsables deben rendir cuentas. Las víctimas y sus familiares deben obtener justicia”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

En el comunicado se concluye que, preliminarmente, al menos 1.260 personas fueron detenidas desde el 28 de julio, entre ellas 160 mujeres. La mayoría de las detenciones se produjeron en el Distrito Capital (18 %), seguido de los estados de Carabobo (16 %) y Anzoátegui (9 %).

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