- El organismo considera que lo beneficiados se encuentra en “urgencia de riesgo” en Venezuela| Foto: Jose Daniel Ramos @danielj2511
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha otorgado medidas cautelares a dirigente opositores y periodistaas que han sido detenidos luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Las medidas más reciente fueron en beneficio del dirigente político Freddy Superlano, y la periodista Ana Carolina Guaita.
En el caso de Superlano, el organismo considera que se encuentra en una “situación de gravedad” y “urgencia de riesgo de daño irreparable” a sus derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, la CIDH precisó que en el caso de Superlano las autoridades venezolanas le han negado la posibilidad de protección, por lo que la comisión advirtió que el dirigente enfrenta una situación de “extrema desprotección y grave riesgo a sus derechos a la vida e integridad personal”.
En la resolución 55/2024 publicada el 26 de agosto, el organismo detalló que el caso carece de información oficial respecto a los motivos que causaron la detención del coordinador nacional del partido Voluntad Popular.
En ese sentido, la CIDH solicitó al gobierno de Nicolás Maduro las siguientes acciones:
-Adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Freddy Superlano. Informar si la persona beneficiaria se encuentra bajo custodia del Estado, así como las circunstancias de su detención, o bien, de las medidas tomadas a fin de determinar su paradero o destino.
-La Comisión considera necesario que el Estado precise si la persona beneficiaria fue presentada a un tribunal competente para revisar su detención, así como de precisar las razones por las que no ha sido puesta en libertad a la fecha.
-Que el Estado implemente las medidas necesarias para que la persona beneficiaria pueda desarrollar sus actividades como integrante de un partido de oposición sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
-Que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
“El otorgamiento de la presente medida cautelar y su adopción por parte del Estado no constituyen prejuzgamiento alguno de una petición que, eventualmente, pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables”, se lee en el comunicado.
Caso Ana Carolina Guaita
El 27 de agosto, la CIDH también otorgó medidas cautelares a beneficio de la periodista Ana Carolina Guaita, quien fue detenida el 20 de agosto de 2024 en La Guaira.
De acuerdo con la resolución 58/2024, la organización consideró que Guaita se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.
“Tras analizar las alegaciones de hecho y de derecho, la CIDH consideró la seriedad de la situación de la propuesta beneficiaria, que se ve amplificada por el contexto en el cual se encuentra inmersa, así como su total desprotección frente a los eventos que podría estar enfrentando en la actualidad tras desconocerse su paradero”, resalta el documento.
En ese sentido, el organismo instó al Estado adoptar medidas para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Guaita.
Asimismo, que se implementen medidas para que pueda desarrollar sus actividades periodísticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia. Además de que se informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente medida cautelar.
Otras medidas cautelares de la CIDH a dirigentes de oposición
La CIDH ha otorgado medidas cautelares a varios dirigentes políticos de oposición, quienes fueron detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Entre los beneficiados están el periodista Roland Carreño, la dirigente María Oropeza y el exdiputado Américo De Grazia.
Sobre el caso de Carreño, la CIDH consideró que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela”. Mientras que De Grazia analizó la falta de medidas implementadas por el Estado para su protección.
“La CIDH lamentó la falta de información sustantiva y de implementación de medidas de protección por parte del Estado, lo que situaría al beneficiario en una situación de desprotección y vulnerabilidad en el contexto del país”, destacó en la Resolución 51/2024 sobre De Grazia.
En el caso de Oropeza, el organismo exigió que se informara si se encontraba bajo la custodia del Estado y las circunstancias en las que estaría recluida.
Otros dirigentes opositores a quienes se les otorgaron medidas cautelares son: Carmen García Azuaje, secretaria del partido Alianza Bravo Pueblo; y Williams Dávila, exdiputado a la Asamblea Nacional.