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- Han pasado 14 años de la muerte del biólogo y productor, quien durante seis años protestó contra la política de expropiaciones de Hugo Chávez, a costa de su propia salud y vida. Aunque voceros del oficialismo en su momento se burlaron de su causa, hoy es tomada como un símbolo de dignidad
El 30 de agosto de 2024 el país despertó a oscuras. Una falla en la Represa del Guri, en el estado Bolívar, había provocado un apagón nacional que el gobierno de Nicolás Maduro achacó a un “sabotaje eléctrico”. La desconexión de un país súbitamente sumergido en las sombras quizás no dejó tiempo para recordar que ese mismo día se cumplieron 14 de años de un episodio igual de oscuro para la historia venezolana.
Ese día murió en el Hospital Militar de Caracas Franklin José Brito Rodríguez, a los 49 años de edad. Su cuerpo pesaba apenas 35 de los 105 kilos que llegó a tener en 2003. Esto tras siete huelgas de hambre que realizó para protestar por la invasión de sus terrenos, precisamente en el estado Bolívar. Su caso causó conmoción en la opinión pública por evidenciar la arbitrariedad y corrupción detrás de la política de colectivización de la tierra del entonces presidente Hugo Chávez. También de los extremos a los que su gobierno fue capaz de llegar.
“Fue un 30 de agosto triste, porque moría un hombre trabajador que pesaba apenas 35 kilos luego de varias huelgas de hambre. Siempre estará en nuestra memoria, hoy cuando luchamos contra las tinieblas y mañana cuando toque reconstruir la República y hacer nuevamente productiva cada tierra destruida por la dictadura. Por Brito, por cada víctima y por la libertad. Seguimos”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter) la activista por los derechos humanos Elisa Trotta, recordando la fecha.
Las mejores patillas de Bolívar
Franklin Brito nació en Irapa, estado Sucre, el 5 de septiembre de 1960. Estudió Biología en la Universidad Central de Venezuela (UCV) y llegó a trabajar en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC) y el Centro Médico Docente La Trinidad. Sin embargo, su gran pasión era la agricultura. Aprendió a cosechar en una hacienda en Guárico donde conoció a su esposa, Elena Iguaraya Rodríguez Marabay, con quien se casó en 1987.
Esa conexión con el campo le llevó en 1994 a vender su apartamento en Caracas y mudarse al municipio Sucre del estado Bolívar. Allí la familia compró un lote de tierra de 290 hectáreas en el sector La Tigrera, a casi mitad de camino entre Ciudad Bolívar y Caicara del Orinoco. También una casa en el pueblo de Guarataro, a 15 minutos de su fundo, que Brito bautizó La Iguaraya en honor al segundo nombre de su esposa.
Aplicando sus conocimientos en biología y agricultura, Brito se convirtió en uno de los productores más destacados de la zona. De acuerdo con el portal Armando.info, para 1998 en Guarataro se cosecharon más de 40 millones de kilos de ñame, una buena parte provenientes de La Iguaraya. También se sembraba yuca, melón y su producto estrella: las patillas, que llegaron a ser reconocidas por sus habitantes como las más grandes de todo el estado.
Tras años de usufructo, en 1999 Brito llegó a un acuerdo económico con los propietarios anteriores y recibió el título definitivo oneroso de sus tierras. Tanto en el Registro Civil del municipio Sucre de Bolívar, como en el entonces Instituto Agrario Nacional (IAN) quedó constancia de la transacción y la descripción detallada de las dimensiones del terreno, sus límites y demás características.
En venganza
La familia de Brito tiene claro el momento en que comenzó su calvario. A principios del año 2000, una plaga de hongos afectó los cultivos de ñame del municipio. Juan Carlos Figarella, entonces alcalde por el Movimiento Quinta República (MVR) solicitó un financiamiento a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) por más de un millardo de bolívares (alrededor de 1 millón de dólares al cambio del momento) para rociar los campos con agroquímicos.
Brito, en representación de la asociación campesina del municipio, se opuso a la medida. Advirtió a la CVG sobre el riesgo de una malversación de fondos en el proyecto y propuso una alternativa mucho más económica y ecológica: sembrar una variedad de ñame resistente al hongo. Llevó la disputa hasta la Asamblea Nacional y a mediados de 2002 la CVG falló a favor de la idea de Brito, cancelando su acuerdo con Figarella.
Las consecuencias no se hicieron esperar. Ese mismo año Brito fue despedido sin justificación del Instituto Municipal de Desarrollo Agrícola y, por presiones de Figarella, también del liceo público en el que daba clases de matemáticas, física y biología en Guarataro. En 2003 también despidieron a su esposa de otra institución en la que enseñaba. En ambos casos, no les pagaron ni liquidación ni se respetaron sus derechos laborales, y el Ministerio de Educación tampoco hizo nada al respecto.
La invasión
El 13 de noviembre de 2001, Hugo Chávez aprobó por Ley Habilitante una serie de 49 decretos. Uno de ellos fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola, en la que se buscó redistribuir las tierras ociosas o con baja utilización. Con ello, se creó la figura de las cartas agrarias, las cuales le daban derechos de posesión a los campesinos con el aval del Estado, aunque en muchos casos implicando la invasión de terrenos privados.
En mayo de 2003, el ahora Instituto Nacional de Tierras (INTI), a través de la Oficina Regional de Tierras del estado Bolívar, otorgó cartas agrarias a Gregorio D’Amico Baquero y Concepción de Jesús Antoima Fajardo, quienes instalaron respectivamente las fincas La Chupadera y Valle Encantado alrededor de La Iguaraya. El problema vino en la delimitación de los lotes, que se solapaban con al menos 24 hectáreas de los terrenos de Brito.
Los vecinos, apoyados en sus cartas agrarias, invadieron la propiedad justamente en la vía que conectaba La Iguaraya con la carretera principal, dejándola aislada. “Al principio hicieron una cerca y luego una zanja para que no pudiera pasar por la única vía de acceso que había y que de paso cerró. Al principio mi papá tumbaba la cerca y pasaba. Luego el vecino hizo una zanja y después pusieron un guardia que salió con una escopeta y una vez contrataron a una persona que hasta golpeó a mi papá en la calle y lo amenazó. El hombre que lo golpeó le dijo que si volvía a pasar lo iban a matar”, declaró en 2010 su hija, Ángela Brito, en una entrevista a la revista mexicana Trace.
Los Brito siempre sospecharon que Figarella tuvo que ver con la decisión del INTI. Después de varios reclamos y demandas en tribunales locales que no tuvieron éxito, Franklin decidió llevar su causa a la capital para llamar la atención del país.
Las huelgas
La primera protesta de Franklin Brito fue en julio de 2004. Inició una huelga de hambre después de no ser atendido por ningún ente. Intentó instalar su campamento frente al Palacio de Miraflores, con la carpeta que probaba la demarcación real de sus tierras, pero no logró. En noviembre volvió con su familia y se instaló frente a la sede de la Vicepresidencia, para continuar con su lucha. Mientras tanto, las gestiones de su familia en la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo tampoco tuvieron éxito.
Fue golpeado y expulsado del lugar por colectivos oficialistas liderados por Lina Ron, quienes habían tomado la plaza Andrés Eloy Blanco como su “Esquina Caliente”. Eso no hizo desistir a Brito, quien continuó con su campamento en la plaza Miranda, llamando la atención de la prensa, pero no de las autoridades. En 2005 llevó su protesta al extremo, cortándose parte de un dedo y cosiéndose la boca ante las cámaras de televisión.
Con eso logró que el gobierno se fijara en él. El entonces ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón, reconoció la titularidad de las tierras de Brito y ordenó a D’Amico eliminar la zanja que restringía su acceso. También anunció un pago de 70 millones de bolívares para reacondicionar los terrenos afectados. No obstante, ninguna de esas promesas se cumplió. El ministro quería que Brito firmara un documento en el que aseguraba que sus terrenos jamás habían sido invadidos. Se negó, por lo que la ocupación continuó. También la huelga.
Símbolo de resistencia
Los años pasaron y Brito continuó su protesta. En 2006 la corte declaró inadmisible su apelación, por lo que retomó una vez más la huelga de hambre y llevó el caso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). En 2007 declinaron su solicitud, aunque ratificaron la orden de quitar la cerca que sus vecinos habían puesto. Por esa época, Brito denunció que el gobierno le dio un crédito por 230.000 dólares y un tractor el cual no había solicitado. Pensó que era un soborno para que abandonara su lucha y lo rechazó asegurando que no sabía si en el futuro ese dinero podía ser utilizado para investigarlo por corrupción.
Para entonces ya pesaba 60 kilos. Durante las protestas que la oposición realizó en aquellos años, primero contra el cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV), y luego contra el referendo de reforma constitucional de 2008, Brito se convirtió en un símbolo de resistencia contra la política de expropiaciones de Chávez, y ganó notoriedad hasta en la prensa internacional.
Esto le valió la antipatía de los voceros del oficialismo, quienes verían en él desde un hombre obstinado y un presunto show mediático financiado por la oposición, hasta una representación de los males del capitalismo, que prefería “lo material antes que su propia vida”, como dijo el diputado oficialista Carlos Escarrá meses antes de la muerte del productor. Incluso el entonces ministro de Agricultura y Tierras, Elías Jaua, declaró que Brito no era un agricultor competente, a pesar de que en Guarataro lo conocían como “el Rey de las patillas”.
En 2009 Brito emprendió una nueva huelga de hambre frente a la oficina en Caracas de la Organización de Estados Americanos (OEA). En diciembre, el INTI finalmente revocó la medida tomada ocho años atrás “por razones humanitarias”, pero Brito decidió continuar alegando que aún no cumplía los criterios para ser legal.
Pesaba ya 40 kilos, y el deterioro visible de su salud, incapaz de moverse por sí mismo y en un claro estado de desnutrición, hizo que en enero de 2010 la fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, ordenara internarlo en un hospital. Funcionarios lo llevaron contra su voluntad al Hospital Militar, donde permaneció incomunicado.
Olor a formol
La familia de Brito indicó que aún hospitalizado, el productor se negaba a comer y a recibir tratamiento. En una ocasión, Ángela denunció que había conseguido en la papelera un frasco de Aloperidol, medicamento para tratar la esquizofrenia. Mientras tanto, el chavismo continuaba inflexible en su versión de que Brito solo buscaba atentar contra la buena imagen del gobierno. “Franklin huele a formol. ¡No al chantaje!”, escribió el entonces ministro de Comunicación, Andrés Izarra, en su cuenta de Twitter (ahora X).
El último contacto que Brito tuvo con un funcionario fue a mediados de agosto. El recién nombrado ministro de Agricultura, Juan Carlos Loyo, lo visitó para prometerle que resolvería sus demandas. Sin embargo, ese mismo día Brito debió ser entubado por problemas respiratorios provocados por los sedantes.
Lo cierto es que años de inanición dejaron secuelas catastróficas en su cuerpo. Los médicos lo diagnosticaron con un daño irreversible en el hígado y los riñones. Su sistema inmunológico también estaba extremadamente debilitado. Al final, la mezcla de neumonía y un shock séptico lo llevaron a un paro cardíaco y murió la noche del 30 de agosto de 2010.
La noticia recorrió el mundo, y diferentes instancias como la OEA o el Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecieron sus condolencias, así como su rechazo a la situación que lo llevó a la muerte. En un comunicado, su familia lo catalogó como un mártir, “símbolo y abanderado de todos aquellos que han sido pisoteados por el poder y la arrogancia del gobierno”.
Jaua, ahora vicepresidente, emitió en nombre del gobierno de Chávez su pésame, aunque reiteró que sus tierras jamás habían sido expropiadas. En los días siguientes, diferentes voceros del oficialismo eludieron la situación acusando a la oposición y a los medios de comunicación de usar la muerte de Brito con fines políticos y de desestabilización. Incluso el Ministerio Público abrió una investigación en septiembre para averiguar si Brito había sido “instigado al suicidio”.
Una década después
Al pasar por la carretera se pueden ver las ruinas de La Iguaraya. Los invasores nunca dejaron de ocupar sus tierras, las cuales en la actualidad están completamente abandonadas y llenas de monte. D’Amico vendió su lote a un ganadero de nombre Carlos Torrealba, y las hijas de Brito hicieron esfuerzos por recuperar la parte que les quedaba. Pero nunca más se produjo melón, ñame ni patilla allí.
Después de ser alcalde de Sucre hasta 2008, Juan Carlos Figarella fue diputado en el Consejo Legislativo del estado Bolívar por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El 2 de abril de 2012 fue herido de bala por dos motorizados que intentaron asaltarlo al salir de un banco en Ciudad Bolívar. Falleció dos días después de un paro cardiorrespiratorio.
A casi 200 kilómetros de la represa del Guri, La Iguaraya fue el origen de una oscuridad diferente a la del apagón nacional. Una que nació de los atropellos de un gobierno que aún premia la lealtad sobre la eficiencia, y castiga cualquier tipo de voz crítica. Un rasgo que se aprecia no solo en la crisis eléctrica, sino también en las 5 millones de hectáreas expropiadas durante la “guerra contra el latifundio”, y que hoy están improductivas, de acuerdo con organizaciones como Fedeagro y Cedice. Y así en diferentes aristas de la emergencia humanitaria compleja.
En su libro Anatomía de la dignidad, la periodista Faitha Nahmens recogió una cita de Franklin Brito que sintetiza la verdadera razón de su sacrificio, y que iba más allá de un reclamo material: “Mi lucha servirá para denunciar los exabruptos cometidos y para que esto no le ocurra a ninguna otra familia venezolana, por eso es bueno que todo cuanto me ha pasado lo sepa el país”.
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