- El Departamento de Estado precisó que entre los sancionados se encuentran líderes del CNE, el TSJ y la Asamblea Nacional
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció el 12 de septiembre que emitió sanciones contra 16 personas afines a Nicolás Maduro, incluidos líderes del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la Asamblea Nacional, por impedir un “proceso electoral transparente” y la publicación de resultados precisos.
“En lugar de respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas, Maduro y sus representantes han proclamado falsamente su victoria mientras reprimen e intimidan a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, destacó el secretario de Estado, Antony Blinken, en un comunicado.
El organismo indicó que han identificado casi 2 mil personas potenciales a restricciones de visado por su papel “en socavar la democracia, participar en actos de corrupción singficiativos o violar derechos humanos del pueblo venezolano”.
“(La medida se toma) para promover la rendición de cuentas por parte de Nicolás Maduro y sus representantes por obstruir una elección presidencial competitiva e inclusiva en Venezuela y violar los derechos humanos del pueblo venezolano”, destacó el secretario de Estado, Antony Blinken.
Sanciones y restricciones
El Departamento de Estado sostuvo que “está tomando medidas para imponer nuevas restricciones de visas”, en virtud de la Proclamación Presidencial 9931, a los funcionarios alineados con Maduro que son responsables de actos de represión.
Con las nuevas medidas adoptadas, hay más de 140 funcionarios venezolanos sancionados por el Departamento del Tesoro estadounidense, por contribuir a la situación en el país.
“Estados Unidos seguirá promoviendo la rendición de cuentas por parte de quienes socavan la democracia en Venezuela”, aseveró Blinken en el comunicado.
Pronunciamiento del Departamento del Tesoro
El subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, indicó en un comunicado el 12 de septiembre que están tomando “medidas decisivas contra Maduro y sus representantes” por la represión que ejercen contra los venezolanos y “la negación de los derechos de sus ciudadanos a una elección libre y justa”.
El organismo sostuvo que la Orden Ejecutiva 13692 impone el “bloqueo de propiedad y suspensión de entrada de ciertas personas que contribuyen a la situación en Venezuela”. En este sentido, enlistó las personas sancionadas que socavaron el proceso electoral del 28 de julio, entre ellas:
–Caryslia Beatriz Rodríguez: presidenta del TSJ.
–Fanny Beatriz Márquez Cordero: vicepresidenta del TSJ.
–Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta: magistrado del TSJ.
–Malaquias Gil Rodríguez: presidente de la Sala Político Administrativa del TSJ.
–Juan Carlos Hidalgo Pandares: vicepresidente de la Sala Político Administrativa del TSJ.
–Edward Miguel Briceño Cisneros: juez especial del Tribunal Primero de Primera Instancia.
–Luis Ernesto Duenez Reyes: fiscal del Ministerio Público.
–Rosalba Gil Pacheco: es rectora del CNE.
–Antonio José Meneses Rodríguez: secretario general del CNE.
–Dinorah Yoselin Bustamante Puerta: fiscal en el Juzgado Primero de Letras Especializado de Venezuela.
–Pedro José Infante Aparicio: primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
–Domingo Antonio Hernández Larez: comandante operacional estratégico de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
–Elio Ramon Estrada Paredes: comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
–Johan Alexander Hernández Larez: comandante de la REDI Capital de la GNB.
–Asdrúbal José Brito Hernández: director de Investigaciones Criminales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).
–Miguel Antonio Muñoz Palacios: subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
“La medida de hoy se suma a las múltiples medidas que la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) ha adoptado para sancionar a funcionarios venezolanos actuales o anteriores, de conformidad con la Orden Ejecutiva 13692 en su forma enmendada, por tomar medidas antidemocráticas y violar los derechos humanos”, destacó el Departamento de Estado.