- El organismo exigió que las autoridades venezolanas que permitan una transición pacífica y democrática en el país
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ofreció una rueda de prensa el martes 12 de noviembre sobre la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, expresó preocupación por un aumento “notable” de la represión estatal, las detenciones arbitrarias y la persecución política en el país luego de los comicios. Clarke indicó que estas prácticas tienen un grave impacto en los DD HH y en la democracia.
La vocera precisó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) tampoco ha publicado las actas que certifiquen la victoria de Nicolás Maduro, por lo que aseguró que la situación genera incertidumbre sobre la transparencia del proceso electoral.
La CIDH también expresó preocupación por la situación de 69 adolescentes que están privados de libertad luego de las elecciones y que han sido señalados con delitos de terrorismo “desmedidos” y “sin fundamentos”.
El comisionado José Luis Caballero explicó que entre el grupo de adolescentes hay una persona con autismo. Manifestó que los jóvenes han sido llevados a cárceles comunes para adultos y no se les ha garantizado un trato distintivo que vele por sus derechos humanos. Mencionó que, además, han sido juzgados como “terroristas”, sin presencia de familiares y sin la debida asistencia jurídica.
La comisión instó al gobierno venezolano a reconocer la gravedad de la situación y a liberar inmediatamente a todas las personas que han sido encarceladas por motivos políticos.
Situación carcelaria
Edgar Stuardo Ralón, relator de la CIDH sobre los derechos de las personas privadas de libertad, señaló que, de acuerdo con sus reportes y labores de monitoreo, la población reclusa en Venezuela enfrenta altas condiciones de hacinamiento. Ralón manifestó especial preocupación por la situación de las mujeres privadas de libertad, señalando que la tasa de hacinamiento supera el 832 %.
Los relatores del organismo informaron que han monitoreado la situación y han podido corroborar que las mujeres están sujetas a “condiciones deplorables”, “humillaciones”, “malos tratos” y no tienen acceso a “condiciones básicas”.
“Las condiciones que tenemos son deplorables. Sufren humillaciones y malos tratos en los centros de detención. Es una situación que vale la pena visibilizar y que seguiremos monitoreando”, dijo Ralón.
El relator especial Pedro Vaca informó que, en Venezuela, al menos 30 periodistas han visto vulnerado su derecho a la libertad de expresión. De esta cifra, 11 están privados de libertad. Vaca señaló que tampoco gozan de garantías legales y no tienen acceso regular a abogados.
El vocero también resaltó el éxodo de periodistas y la autocensura en la cobertura de temas de interés público. Vaca señaló que no existen condiciones para realizar una visita in situ debido a la crisis de derechos humanos en el país.
Reportaron 1.963 presos políticos en Venezuela
La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reportó que hay un total de 1.963 presos políticos para el 8 de noviembre en Venezuela. De esta cifra, no son hombres que fueron arrestados en el contexto de las protestas poselectorales desde el 29 de julio.
La ONG publicó la actualización de los números en su cuenta de X y alertó que, de esta cifra, 1.801 son civiles y 162 son militares. La imagen del reporte también indica que 1.810 personas siguen esperando condena.
Foro penal indicó que la cifra de ciudadanos arrestados en Venezuela por motivos políticos desde el año 2014 hasta la fecha es de 17.952. Asimismo, de acuerdo con cifras de la organización, más de 9.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.
La organización denunció el 23 de agosto que Venezuela registraba la cifra más alta de presos políticos en la historia de Venezuela, “al menos en el siglo XXI”, con un total de 1.674 presos políticos.
Entre los detenidos hay dirigentes políticos, trabajadores de la prensa, militares, civiles, adolescentes, abogados y activistas o defensores de los derechos humanos.
Los abogados de la organización han denunciado que la mayoría de estos presos políticos son acusados por el delito de terrorismo, medida que también se le ha imputado a los adolescentes, los cuales, de acuerdo con Foro Penal, tienen entre 14 y 17 años de edad.