- Martínez había sido detenido un día después de ser testigo electoral en los comicios del 28 de julio
Jesús Manuel Martínez Medina, de 36 años de edad, murió el 14 de noviembre mientras se encontraba bajo custodia policial en el hospital Luis Razetti de Barcelona, estado Anzoátegui.
La información fue confirmada por la organización no gubernamental (ONG) Justicia, Encuentro y Perdón a través de sus redes sociales, así como también por varios dirigentes políticos.
“Su muerte es un recordatorio doloroso de las consecuencias de la persecución política y de la falta de garantías a los derechos humanos”, señaló la ONG en su cuenta de X.
La detención de Martínez Medina ocurrió el 29 de julio luego de ser testigo electoral en las elecciones presidenciales. Desde su arresto y hasta que fue trasladado al centro de salud, estuvo recluido en una sede policial en Lechería, estado Anzoátegui.
La ONG rechazó la falta de atención médica oportuna que sufrió Martínez Medina durante su detención, que consideró “una violación flagrante” a los derechos humanos a la salud y a la vida del detenido.
“Exigimos justicia para Jesús Manuel Martínez Medina y hacemos un llamado a las autoridades para que respeten y garanticen los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad cuya absoluta responsabilidad es del Estado”, agregó el comunicado de Justicia, Encuentro y Perdón.
Denuncia previa sobre el caso de Martínez Medina
De acuerdo con una denuncia previa del abogado Zair Mundaray, el preso político padecía diabetes tipo II y problemas cardíacos que se agravaron durante su tiempo en prisión.
Mundaray indicó que el detenido sufrió varios abscesos en la piel que provocaron una posterior infección en una de sus piernas.
A pesar de la gravedad de su estado, no se le había permitido recibir el tratamiento médico que no estaba disponible en el centro de salud debido a la falta de autorización judicial para trasladarlo a otro hospital.
“Debía hacerse un eco para saber si la pierna debía amputarse y no pudieron hacerlo porque un juez no había firmado la orden. Su madre estuvo en tribunales en Barcelona y le dijeron que tenía que hacer gestiones en Caracas”, denunció el abogado el 8 de noviembre en sus redes sociales.
Condiciones críticas de presos políticos
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció el 11 de noviembre la falta de atención médica para los presos políticos en Venezuela.
En una publicación en la red social X, la PUD destacó varios casos de detenidos que presentan condiciones críticas de salud.
“Exigimos justicia, atención médica inmediata a los detenidos y libertad. Negar atención médica oportuna es una clara violación a los derechos humanos y conlleva responsabilidad individual para quien debe brindarla”, agregó la PUD en su publicación el 10 de noviembre.
Uno de los casos es el de Yenny Barrios, paciente oncológica, recluida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Lara.
Desde el 23 de octubre, familiares de Barrios han alertado sobre su delicado estado de salud, luego de ser trasladada a un centro asistencial debido a los fuertes dolores que presenta en una de sus piernas.
Su hijo alertó el 3 de noviembre que Barrios no había recibido la atención médica necesaria. Mencionó que pese a las indicaciones de un informe médico para que permanezca hospitalizada, la mujer sigue recluida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Lara.
Presos políticos en Venezuela
La organización no gubernamental (ONG) Foro Penal reportó el 13 de noviembre que hay un total de 1.976 presos políticos en Venezuela. De esta cifra, 246 son mujeres y 69 son adolescentes.
Estos detenidos corresponden al balance realizado hasta el 11 de noviembre sobre los arrestos realizados en el contexto de las protestas poselectorales.
A través de su cuenta de X, la ONG agregó que del total de presos políticos 1.813 son civiles y 163 son militares. La imagen que acompaña al reporte también señala que 1.827 personas siguen esperando condena.
El Foro Penal indicó que la cifra de ciudadanos arrestados en Venezuela por motivos políticos desde el año 2014 hasta la fecha es de 17.952. Asimismo, de acuerdo con cifras de la organización, más de 9.000 personas aún están sujetas arbitrariamente a medidas restrictivas de su libertad.