Amnistía Internacional pidió a la CPI incluir casos de adolescentes detenidos en la investigación sobre Venezuela

• La organización condenó las detenciones arbitrarias y posibles desapariciones forzadas contra adolescentes en el contexto poselectoral

La organización no gubernamental (ONG) Amnistía Internacional denunció que tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, en Venezuela ocurrieron detenciones arbitrarias de niños y adolescentes en Venezuela. Además, alertó que estos habrían sido “sometidos a torturas”.

“En total, se contabilizaron al menos 198 niños y niñas detenidos, de los cuales, en septiembre, fueron excarcelados más de 100 y en noviembre alrededor de 25. Aunque siguen sometidos a medidas cautelares y procesos judiciales por cargos de terrorismo. Amnistía Internacional condena las detenciones arbitrarias, posibles desapariciones forzadas, torturas, y falta de garantías judiciales en su contra, y exige la inmediata liberación de los al menos 69 niños y niñas que permanecen privados de la libertad”, reza un comunicado publicado por la ONG el 28 de noviembre. 

Instó a que estos casos se deben sumar a la investigación abierta de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con énfasis en los “operadores de justicia y la cadena de mando que ordena y permite este ataque contra la infancia en Venezuela”.

En el documento, Amnistía Internacional recalcó que entre los perfiles de los detenidos durante las protestas poselectorales están:

-Activistas políticos

-Defensores de derechos humanos

-Manifestantes pacíficos

-Transeúntes en las inmediaciones donde ocurrieron las protestas 

-Personas que compartieron alguna publicación en las redes sociales o servicios de mensajería

Lo documentado en el caso de adolescentes detenidos

La organización informó que entre los casos documentados, mediante entrevistas con otras ONG de derechos humanos y familiares de los adolescentes, se conoció la detención arbitraria y “aparente tortura” de cinco adolescentes entre el 29 y 31 de julio. 

“Dan cuenta de los patrones de violación sistemática de los derechos a la integridad y la libertad personal, a las garantías procesales y a un juicio justo, y a la especial protección de la infancia”, destaca el comunicado.

Amnistía Internacional mencionó que, aunque en otros años ha denunciado la detención arbitraria de niños y adolescentes por motivos políticos en Venezuela, causa alarma que, “por primera vez”, se registra la imputación de cargos por terrorismo. Además de procesos judiciales injustos y la privación de libertad por periodos prolongados.

“En todos los casos documentados por Amnistía Internacional la detención fue arbitraria, por no contar con una orden de aprehensión dictada por un juez o no haber sido en flagrancia de un delito. Los niños y niñas permanecieron varios días desaparecidos, sin que su familia supiera de su paradero, y su puesta a disposición ante un tribunal rebasó el límite que marca la ley y el derecho internacional, un máximo de 24 horas”, agregó.

Los testimonios

La organización publicó en su comunicado solo tres testimonios de menores de edad detenidos durante las protestas poselectorales. Explicó que esto se debió a solicitud del resto de los familiares de otros adolescentes entrevistados, quienes por temor a represalias pidieron no revelar los casos.

Sin embargo, coincidieron en que al menos en cinco de los casos, los niños y adolescentes habrían sido sometidos a “tortura mediante golpes, choques eléctricos y amenazas de muerte o sexuales”, esto con el objetivo de “forzarles una confesión”.

“Me contó llorando que lo habían torturado. Lloraba y lloraba. Yo lo abrazaba, pero por donde le tocaba para abrazarlo, le dolía (…) Mi hijo me dijo que después de toda la electricidad sentía que estaba muerto”, contó una de las madres de los afectados a Amnistía Internacional. 

Otro de los métodos que denunció la organización que se habría implementado en los adolescentes fue la asfixia mediante bolsas en el rostro o capuchas con gas pimienta.

Asimismo, otra de las madres entrevistadas por la organización mencionó que su hijo sufrió de escabiosis (también conocida como sarna) producto de las condiciones insalubres en las que se encontraba el centro de detención en el que estuvo. Además de que estaban recluidos con adultos en una misma celda. 

La ONG reseñó que entre julio y noviembre ha tenido conocimiento de casos de al menos dos adolescentes detenidos que intentaron atentar contra su vida, mientras que otros han sufrido parálisis y colapsos nerviosos, depresión o ataques de pánico.

Sobre el uso indebido del derecho penal y procesos judiciales

Amnistía Internacional mencionó en el documento que en numerosos casos las audiencias se dieron fuera de plazo. 

Asimismo, mencionó que la jueza a cargo de los hechos recabado por la organización habría incitado a que los adolescentes se declararan culpables para rebajar las penas de 10 a 6 años y 8 meses de prisión, sin posibilidad de libertad condicional u otra medida cautelar. Sin embargo, ninguno de los jóvenes aceptó la culpa, aclaró la ONG. 

Por otro lado, hubo casos en los que los defensores públicos aseguraron a los familiares que los procesos judiciales de los jóvenes se iban a demorar debido a que los parientes hicieron pública las denuncias de sus detenciones y condición. 

Las exigencias

Amnistía Internacional exigió al gobierno de Nicolás Maduro la libertad inmediata e incondicional de todos los adolescentes detenidos en el contexto postelectoral. Además, instó a las autoridades a que se abstengan de torturar y someter a los menores de edad privados de libertad.

Asimismo, pidió que no se cometan actos de retaliación contra los familiares, abogados, defensores de derechos humanos y periodistas que denuncian la situación de las personas detenidas y el cese de la persecución y política de represión a quienes consideran críticos al gobierno. 

Por otro lado, a la comunidad internacional solicitaron a que dispongan todas las medidas y cauces diplomáticos disponibles para lograr la liberación de los niños y adolescentes detenidos en Venezuela, así como que se siga ejerciendo la jurisdicción universal en aras a investigar los crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos que ocurren en Venezuela.