- Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD HH, confirmó a EFE que el comité le notificó al Estado venezolano que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes
El Comité de Derechos Humanos (DD HH) de la ONU abrió un caso contra el gobierno de Venezuela para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio y le exigió conservar las actas de escrutinio, según anunciaron el martes 3 de diciembre un grupo de abogados denunciantes.
Uno de los abogados, Paulo Abrão, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de DD HH, confirmó a EFE que el Comité les notificó hoy que ha abierto su caso y ha dictado varias medidas provisionales urgentes mientras lo investiga, principalmente conservar los materiales electorales clave como las actas de escrutinio.
Abrão es uno de los cinco abogados de la firma IHR Legal, radicada en Washington DC (EE UU), que denunciaron ante el Comité en octubre violaciones de fraude electoral masivo, falta de transparencia, restricción al voto en el exterior, obstrucción al control ciudadano y supresión de acceso a la justicia en Venezuela.
Pidieron al Estado venezolano no destruir el material electoral
La notificación del Comité, revisada por EFE, indica que este ha «solicitado al Estado parte que se abstenga de destruir el material electoral de las elecciones presidenciales» incluyendo las actas de escrutinio, y otros documentos necesarios para elaborar el acta de totalización, adjudicación y proclamación» mientras investiga.
Los abogados dijeron en una nota que la apertura del caso es un «avance crucial en la lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela», y que «probablemente concluirá con una decisión internacional muy trascendente e histórica que constatará que Nicolás Maduro no es el presidente electo de Venezuela».
¿Qué alega la denuncia?
En su denuncia «se alegan violaciones a derechos políticos en perjuicio de un venezolano común (no candidato), integrante de un grupo de millones de venezolanas y venezolanos cuyos derechos humanos han sido violados por el fraude electoral que Nicolás Maduro pretende consumar el 10 de enero de 2025», agregaron.
Ese venezolano común es uno de los abogados, Ignacio Álvarez Martínez, residente en EE UU, y que denuncia una privación del voto que es común al resto de sus conciudadanos en el extranjero, de los cuales estiman que 5,5 millones están habilitados para votar, es decir, una cuarta parte del electorado.
E inciden, al pedir medidas provisionales, «la posibilidad inminente de que se materialicen daños irreparables a los derechos humanos», ya que no es «un típico caso en el que se cuestionan los resultados electorales por parte de un candidato» sino «un escandaloso y gravísimo desconocimiento del resultado de una elección».
El Comité de DD HH de la ONU es un organismo de 18 expertos independientes que supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados partes.