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  • Los patrones de violencia que se repiten, según la organización, son el psicológico, sexual, institucional y físico

La ONG FundaRedes denunció el miércoles 4 de diciembre que más de 200 presas políticas en Venezuela sufren condiciones de reclusión deplorables y violencia en las cárceles, donde actualmente hay, según cómputos de la organización Foro Penal, 1.903 personas encarceladas por “disentir” del gobierno, entre las que encuentran 245 mujeres.

A través de X, FundaRedes afirmó que decenas de mujeres sufren hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y violencia de género en los centros penitenciarios.

Los patrones de violencia que se repiten, según la organización no gubernamental, son el psicológico, sexual, institucional y físico, que -manifestó- reflejan las “graves violaciones de derechos humanos”.

La organización exigió que se garanticen los derechos humanos y la dignidad a las mujeres recluidas, al tiempo que afirmó que el Estado venezolano “debe garantizar justicia”.

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Traslados de reclusas

El martes, familiares de “presas políticas” del estado Anzoátegui mostraron su preocupación por el traslado de 29 reclusas que se encontraban en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) a un centro penitenciario a más de 400 kilómetros de distancia, en Miranda (, cercano a Caracas), según informó el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV).

En imágenes: así se desarrolló la vigilia por la libertad de los presos políticos en Tocorón 
Foto: Clippve

Las mujeres fueron detenidas tras las presidenciales del 28 de julio, cuando se desató una crisis marcada por protestas y operativos policiales, luego de que el mandatario Nicolás Maduro fuera declarado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), un triunfo calificado como “fraudulento” por la mayor coalición opositora -agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, reprendió a Venezuela por la falta de “implementación concreta de leyes y prácticas” para proteger los derechos de los civiles. Advirtió de que las investigaciones de su oficina “siguen en curso y están activas”, un discurso que el gobierno rechazó, al asegurar que cumple con los compromisos asumidos en el Estatuto de Roma y con los alcanzados en los dos memorandos de entendimiento suscritos.

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