Países Bajos da 48 horas a la mitad de la representación diplomática venezolana acreditada para que abandone el país

• El canciller neerlandés Caspar Veldkamp consideró que esta medida hace que un diálogo sea complicado | Foto: Unsplash

El gobierno neerlandés dio 48 horas a 2 de los 4 diplomáticos venezolanos acreditados en Países Bajos para que abandonen el país, en una respuesta de “reciprocidad” a la decisión de Venezuela de reducir la representación neerlandesa en el país, aseguró a EFE un portavoz del Ministerio de Exteriores.

Países Bajos ha decidido aplicar reciprocidad en dos de las tres medidas impuestas por Venezuela, lo que supone reducir la representación bilateral de 4 a 2 diplomáticos enviados por Caracas, y la expulsión de funcionarios venezolanos de Países Bajos en un plazo de 48 horas, según explica también en una carta enviada al Parlamento neerlandés con los detalles de las decisiones del gabinete.

Respecto a la tercera medida, la restricción de libertad de movimiento en el ejercicio de funciones a 40 km fuera de Caracas, el Gobierno neerlandés planea presentar una protesta formal ante las autoridades venezolanas, y si esta medida se mantiene, Países Bajos “se reserva el derecho de tomar medidas adicionales”.

“Se convocará al encargado de negocios de Venezuela, quien será informado de estas medidas. En la reunión también se rechazarán las acusaciones de apoyo a organizaciones terroristas y de injerencia en asuntos internos”, añadió Exteriores.

La Cancillería de Países Bajos revocó el miércoles 15 de enero dos puestos para diplomáticos de Venezuela en su territorio en respuesta a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro de reducir la representación neerlandesa en el país.

El canciller neerlandés, Caspar Veldkamp, informó al Parlamento de su país su decisión. Además, notificó al encargado de negocios de Venezuela reducir su personal de cuatro a dos personas, aseguró el diario estadounidense Barron’s citando información a la que tuvo acceso la agencia AFP.

En este sentido, Veldkamp aseguró que el gobierno de Maduro “hace que el diálogo sea todavía más complicado”. 

El martes 14 de enero, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Francia, Italia y Países Bajos de adoptar una “conducta hostil” hacia Venezuela tras su juramentación realizada el 10 de enero.

La medida del gobierno venezolano

El canciller Iván Gil acusó a los gobiernos de Países Bajos, Francia e Italia de apoyar “a grupos extremistas y su intromisión en asuntos internos”.

“Venezuela adoptó la decisión soberana de limitar a tres el número de diplomáticos acreditados en cada embajada”, dijo a través de Telegram.

No está claro cuánto personal diplomático tienen Venezuela y los tres países europeos respectivamente. Sin embargo, Países Bajos, Francia e Italia tienen 48 horas para reducir su personal.

“Los diplomáticos deberán contar con autorización escrita de nuestra Cancillería para desplazarse más de 40 kilómetros desde la plaza Bolívar (en el centro) de Caracas, garantizando el estricto cumplimiento de sus funciones”, agregó Gil.

El pronunciamiento de la UE

Ante la medida contra Países Bajos, Italia y Francia, adoptada por el gobierno venezolano, la Unión Europea (UE) lamentó y rechazó esta decisión el miércoles 15 de enero. También pidió al gobierno de Nicolás Maduro dar marcha atrás en esa decisión.

“La UE lamenta profundamente y rechaza la decisión de las autoridades venezolanas de reducir sustancialmente el personal diplomático acreditado de varios Estados miembros en Caracas”, indicó en un comunicado Kaja Kallas, portavoz de la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Seguridad.

Kallas también expresó la solidaridad de la UE con los Estados miembros afectados, y señaló que los Veintisiete instan a la “inmediata revocación de esta acción unilateral e inaceptable”.

“(La medida) solo sirve para profundizar el aislamiento internacional de Venezuela y socava las relaciones bilaterales con la UE y sus Estados miembros”, recalcó.

El 10 de enero, día de la juramentación de Maduro en Venezuela, la UE también amplió sus sanciones contra funcionarios de su gobierno.