El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte fue detenido el martes 11 de marzo en el aeropuerto de Manila, después de que la Corte Penal Internacional (CPI) emitiera una orden de arresto tras acusarlo de crímenes de lesa humanidad por su campaña contra las drogas, que causó la muerte de miles de personas en el país.
El exmandatario, de 79 años de edad, aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de la capital filipina procedente de Hong Kong a las 9:20 am hora local, donde fue detenido y escoltado por las fuerzas de seguridad fuera del aeródromo.
La detención se produjo después de que la CPI emitió una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad, que fue remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, de acuerdo con un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.
El político, quien había participado entre el 8 y 9 de marzo en un acto electoral en Hong Kong, antes de los comicios de mitad de mandato del 12 de mayo, fue examinado por un equipo médico tras ser detenido, quienes precisaron que goza de buena salud, indicó la misma fuente.
La guerra contra el consumo de drogas
Durante el mandato de Duterte (2016-2022) impulsó una campaña contra las drogas. Este plan estaba basado en redadas antidrogas ejercidas por funcionarios policiales, en las que murieron unas 6.000 personas, entre ellas por ejecuciones extrajudiciales, según cifras de la Policía de ese país, mientras que diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.
La agencia de noticias EFE relató en una publicación que el expresidente habría ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado a disparar contra sospechosos que oponían resistencia. Algunos de los fallecidos eran pequeños vendedores de droga, líderes de organizaciones criminales y consumidores de sustancias estupefacientes.
La CPI inició una investigación por las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de que Duterte retiró a Filipinas del organismo en 2019 para evitar ser implicado. En 2021, la Corte Penal Internacional vinculó a las autoridades y fuerzas de seguridad con los crímenes cometidos.
Aunque Filipinas no ha regresado a la CPI, el actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., afirmó a finales de 2024 que su gobierno no bloquearía a la corte en su investigación a Duterte, y en 2023 afirmó que el país estudiaba regresar al amparo del tribunal.
Los cuestionamientos de Rodrigo Duterte tras su detención
Tras su detención en su país natal, que se produce cuando el clan Duterte protagoniza una sonada ruptura con el del presidente Marcos, el exdirigente cuestionó la medida que se ejecutó en su contra.
“¿Cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?”, dijo el exdirigente en un video que se difundió en las redes sociales, desde la base aérea de Villamor. En el material audiovisual afirmó haber sido trasladado “en contra” de su voluntad.
Estas declaraciones se suman a otras similares pronunciadas en las últimas horas por seguidores del político, entre ellas los llamados a la calma del senador Bong Go, exasesor especial del expresidente.
“Vamos a relajarnos y a orar por el expresidente”, afirmó a los medios Bong Go desde Villamor.
Por otro lado, la hija del expresidente y actual vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte, afirmó que su padre será trasladado “a la fuerza” hasta la sede de la CPI en La Haya (los Países Bajos).
“Mientras escribo esto, está siendo trasladado por la fuerza a La Haya esta noche. Esto no es justicia, es opresión y persecución”, denunció la hija del exmandatario en un comunicado.
Sara Duterte acusó al presidente y antiguo aliado en las elecciones de 2022, Ferdinand Marcos Jr., de entregar a un ciudadano filipino “a potencias extranjeras” en una “flagrante afrenta a nuestra soberanía”.
Otros detalles
Frente a las denuncias de supuesta ilegalidad de la detención de Duterte, la oficina presidencial filipina señaló en un comunicado que el arresto tuvo lugar después de que Interpol en Manila recibiera el 11 de marzo la copia oficial de la orden de arresto de la CPI, por lo que el fiscal general del país asiático presentó la notificación.
Por su parte, la letrada que presentó el caso ante la CPI, Kristina Conti, dijo que Duterte debería ser extraditado a La Haya.
“Cuando una persona es detenida en virtud de una orden de detención de la CPI, debe ser entregada a las fuerzas del orden de un Estado miembro, y debe ser trasladada a La Haya (Países Bajos) lo antes posible”, dijo Conti.
Las declaraciones de la letrada se producen en plena incertidumbre sobre los próximos pasos de las autoridades filipinas tras la detención, que también suscitó un estallido de júbilo entre los partidos políticos y organizaciones críticas con Duterte.
El exdirigente, conocido asimismo por una incontinencia verbal que dejó una ristra de polémicas declaraciones durante su mandato, pretendía regresar a la arena política y se había presentado como candidato a la alcaldía de Davao, la sureña ciudad de Mindanao que rige su clan, para los comicios del 12 de mayo.
Duterte ha insultado en numerosas ocasiones al actual presidente del país, a quien llegó a calificar de “drogadicto”, evidenciando el cisma entre las dos familias, unidas por conveniencia durante las elecciones de 2022, donde la hija del exlíder, Sara, hizo tándem con Marcos y ganó los comicios para la vicepresidencia del país.
Mientras su padre está detenido, Sara Duterte se enfrenta ahora a un proceso de destitución tras ser acusada de utilizar fondos de manera indebida.
Con información de EFE.
