Mirelys Casique, madre de uno de los venezolanos deportados de Estados Unidos a El Salvador por ser identificado como presunto miembro del Tren de Aragua, denunció que su hijo es inocente y exigió que lo regresen a Venezuela.
A través de una entrevista con el medio Telemundo, Casique dijo que recibió una llamada de su hijo Francisco García desde Texas, Estados Unidos, en la que le informaba que estaba retenido en un centro de Laredo y sería enviado a otro país sin especificar cuál sería su destino.
“Sus hermanos lo identificaron en una de las fotos que compartieron de los enviados a El Salvador porque le vimos sus tatuajes en el brazo. Pido que lo chequeen en Interpol, en donde sea, para que sepan que no es un delincuente, no tiene antecedentes y lo envíen a su país”, dijo Casique el 16 de marzo.
La madre del venezolano agregó que García Casique se dedica al oficio de barbero y que la única falta que cometió fue ingresar ilegalmente a Estados Unidos.
Deportaciones de venezolanos a El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, informó el domingo 16 de marzo que llegaron a su país 238 presuntos miembros de la organización criminal venezolana Tren de Aragua procedentes de Estados Unidos.
“Fueron trasladados de inmediato al CECOT, el Centro de Reclusión para Terroristas, por un periodo de un año (renovable)”, indicó en su cuenta de X.
De acuerdo con medios internacionales, el gobierno de Trump pagará a El Salvador 6 millones de dólares por el traslado de los presuntos miembros del Tren de Aragua.
El sábado 15 de marzo, el gobierno de Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros para agilizar la detención y deportación de presuntos miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, horas más tarde un juez federal bloqueó temporalmente esta medida.
Antes de su invocación ese mismo magistrado, James Boasberg, había prohibido preventivamente su aplicación contra la deportación de cinco venezolanos, y después de la misma amplió su veto para cubrir a todos los no ciudadanos bajo custodia de Estados Unidos que estarían sujetos a dicha normativa de 1798.
La orden judicial estaría en vigor durante 14 días o hasta nuevo aviso, sin embargo, la deportación de los venezolanos se realizó hacia El Salvador.
Crítica a la medida
La organización no gubernamental (ONG) Provea rechazó el 16 de marzo estas deportaciones de Estados Unidos a El Salvador de más de 200 personas acusadas de supuestamente pertenecer a la banda criminal transnacional Tren de Aragua por considerar que no se garantizó el debido proceso.
La ONG denunció que, con esta operación, se intensifican los ataques contra los migrantes venezolanos por parte del gobierno de Trump.
“Este grupo de deportados son sometidos a un sistema carcelario señalado de abusos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), alejados de sus familias y sin garantías para su defensa”, señaló Provea.
En ese sentido, la ONG expresó que son trasladados a un destino donde sus derechos no están protegidos, quedan aislados de sus familiares y donde dependen de lo que el Estado salvadoreño decida informar.
Además, señaló que ese traslado a un sistema carcelario sin garantías se efectuó pese a la orden del juez federal Boasberg de bloquear el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros durante 14 días o hasta nuevo aviso.
“¿Sobre qué delitos están siendo juzgados? ¿En qué tiempo fueron procesados? ¿Cuáles son las pruebas? ¿Qué derecho a la defensa se les garantiza? Estas deportaciones ignoran principios básicos del debido proceso y la defensa legal”, afirmó Provea.
La Ley de Enemigos Extranjeros, que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), permite detener o deportar a los ciudadanos de una nación enemiga sin audiencia previa y, bajo la misma, todos los venezolanos mayores de 14 años de edad que se considere que pertenezcan a esa banda, se encuentren en EE UU y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos y expulsados.
