Nicolás Maduro ordenó el 28 de marzo suspender el cobro de varios impuestos municipales con el fin de aliviar la carga fiscal de los sectores productivos primarios y promover una nueva política de unificación impositiva. Durante una reunión del Consejo de Economía Productiva en el Palacio de Miraflores, indicó que la medida entrará en vigencia a partir del 31 de marzo.
“He dado la orden para que se saque un decreto y se suspendan los impuestos que afectan la actividad productiva primaria a nivel de los municipios”, afirmó. No obstante, no detalló cuáles serán exactamente los impuestos que se suspenderán.
El decreto forma parte de una serie de medidas que, adelantó, el gobierno tomará en un momento en el que el país atraviesa una fuerte devaluación de la moneda, además de una brecha de más del 50 % entre su tasa de cambio oficial y la no oficial. Esto además de las recientes medidas tomadas por Estados Unidos de imponer aranceles del 25 % a los países que compren petróleo venezolano.
Políticas proteccionistas
La unificación impositiva fue una de las medidas que Maduro afirmó que tomará como parte de una serie de políticas “aceleradas, agresivas y profundas” para sustituir las importaciones y priorizar la producción nacional. Sin embargo, hasta ahora, el único decreto concreto ha sido la suspensión de los impuestos municipales para los sectores primarios.
Entre las acciones que aseguró que su gobierno planea tomar está la imposición de una restricción arancelaria al consumo suntuario, es decir, de productos y servicios no indispensables o considerados de lujo. Agregó que este tipo de consumo “daña y perfora, de una manera u otra el sistema cambiario”.
Finalmente, pidió revisar todos los elementos que conforman las políticas económicas y productivas del país, además de impulsar el modelo que denominó Producción, Abastecimiento y Exportación (PAE). “(Vamos a) apoyar en todo lo que tengamos que apoyar, en el flujo financiero, financiamiento, en el flujo logístico, en la parte legal, a cada motor en su proceso productivo”, dijo.
Voracidad fiscal
Precisamente el cobro excesivo de impuestos por parte de las autoridades fiscales nacionales y municipales ha sido en los últimos años uno de los principales retos que comerciantes y empresarios han debido enfrentar para mantener sus negocios a flote. Diferentes expertos coinciden en que, en los últimos cinco años, el Estado ha aplicado políticas de voracidad fiscal que afectan considerablemente los ingresos, sobre todo de emprendedores y pequeñas empresas, empujándolos en muchos casos a la informalidad.
Por ejemplo, el economista Asdrúbal Oliveros advirtió en diciembre de 2024 en su cuenta de X que al menos el 60 % de los beneficios de las empresas se pierde en impuestos, y que la tasa efectiva de Venezuela es el doble que la del promedio de Latinoamérica. Estos se reparten en diferentes pagos como el Impuesto sobre la renta (ISLR), el Impuesto al valor agregado (IVA) y el Impuesto a las grandes transacciones financieras (IGTF). Además de los impuestos a actividades económicas aplicados por los municipios donde operan.
A las pérdidas generadas por el pago de impuestos se suma el impacto de la brecha cambiaria. Por ley, los comercios están obligados a vender su mercancía a la tasa oficial fijada por el Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, al momento de pagarle a sus proveedores, los costos se calculan a la tasa no oficial, lo que también provoca pérdidas económicas para los empresarios. Otros factores como la inseguridad jurídica del país, falta de combustible y fallas en los servicios de electricidad y agua complican también las actividades productivas.
Por ese motivo, Fedecámaras estimó en octubre de 2024 que el crecimiento del sector económico estimado para fin de año fue de 4,3 %, cuando las proyecciones iniciales eran del 8 %. Entre las zonas más afectadas en cuanto a productividad destacó a los estados fronterizos, y principalmente al estado Zulia.
Los más afectados
En agosto de 2023, la Asamblea Nacional publicó en Gaceta Oficial la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Aunque en teoría debía entrar en vigor en noviembre de ese año. Sin embargo, expertos resaltaron que su aplicación no solo ha resultado ineficaz para combatir la voracidad fiscal, sino que su propia naturaleza viola el principio constitucional de autonomía de las gobernaciones y alcaldías.
“El instrumento no ha podido frenar, limitar o desestimular el abuso por parte de los estados y municipios en el establecimiento de los tributos que les corresponde. No significa una cortapisa a la gestión tributaria violenta plagada de vías de hecho, ni ha permitido establecer condiciones necesarias para la reactivación económica”, declaró el economista Leonardo Palacios al portal Crónica Uno.
De hecho, lejos de aplicarse una armonización fiscal efectiva, el Estado venezolano solo ha aumentado la carga impositiva de los empresarios. En mayo de 2024, Nicolás Maduro propuso crear una ley con la cual las empresas debían contribuir con una “aporte especial” al Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) para el pago de pensiones. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), a través de su decreto N° 4.952, fijó este nuevo pago en un 9 % del total de pagos realizados por los contribuyentes. A pesar de esto, el valor de las pensiones en Venezuela sigue siendo de 130 bolívares, equivalentes a 1,87 dólares a tasa oficial del 28 de marzo de 2025.
