El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) publicó una actualización en su página web en la que acata la orden de mantener el parole humanitario para migrantes venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses, también llamado programa CHNV.
Esto significa que todas las notificaciones de terminación del programa de protección temporal a estos migrantes quedan suspendidas y no están vigentes.
La jueza federal Indira Talwani dictaminó el 14 de abril que el gobierno de Donald Trump no podrá ponerle fin al parole humanitario para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses. El ejecutivo estadounidense tenía previsto eliminar el programa humanitario a finales de abril.
El argumento de la funcionaria fue que el gobierno de Trump no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al pretender reducir el plazo de dos años para el fin del programa.
Con la sentencia de la jueza ya acatada por el USCIS, los migrantes beneficiarios de este programa podrán permanecer y trabajar de forma legal en Estados Unidos hata que se cumpla el plazo de dos años que dura el programa.
Esta decisión no implica una extensión de los permisos ni la apertura de nuevas solicitudes de migrantes.
¿Por qué la jueza decidió suspender la medida de Trump?
La demanda contra esta medida de Trump fue presentada por un grupo de migrantes con libertad condicional y sus patrocinadores en EE UU. Estos demandantes argumentaron que la eliminación masiva del programa generaría grandes daños a miles de personas.
“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani en su sentencia publicada el 14 de abril.
Agregó que tampoco es de interés público que cientos de miles de personas “ya no se consideren legalmente presentes en el país, de modo que no pueden trabajar legalmente en sus comunidades ni mantenerse a sí mismos y a sus familias”.
La decisión de Talwani se aplicará a todos los intentos de eliminar masivamente estados de protección sin que se haga previamente una revisión caso por caso.
Tras la decisión, los abogados de la parte demandante expresaron su alivio y sostuvieron que la decisión de quitar un beneficio de este tipo masivamente tendrá graves consecuencias para los afectados.
“En nombre de todos aquellos que llegaron a Estados Unidos a través del programa CHNV, hicieron todo lo que el gobierno les pidió y han estado viviendo con el temor de que su estatus legal y sus permisos de trabajo les fueran retirados el 24 de abril, nos sentimos aliviados por la decisión del tribunal, que se basa tanto en el daño que estas personas sufrirían como en su probabilidad de ganar este caso”, declaró Anwen Hughes, abogada y directora de estrategia legal para los programas de refugiados de Human Rights First.
La política migratoria de Trump y su lucha legal
Un juez del estado de California, Estados Unidos, también bloqueó el 31 de marzo el intento del gobierno de Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos y haitianos.
El fallo del tribunal, firmado por el juez Edward M. Chen, responde a una demanda de un grupo de abogados de San Francisco quienes argumentaron que la medida se basaba en “prejuicios raciales” y que no seguía procedimientos administrativos adecuados.
“El tribunal considera que la acción de la secretaria amenaza con: causar un daño irreparable a cientos de miles de personas cuyas vidas, familias y medios de subsistencia se verán gravemente interrumpidos, costar a Estados Unidos miles de millones en actividad económica, y perjudicar la salud y la seguridad pública en comunidades de todo el país”, se lee en el documento.
La Corte Suprema de EE UU también se pronunció con respecto a las expulsiones masivas de migrantes y el 19 de abril bloqueó la deportación de un grupo de venezolanos detenidos en Texas.
El tribunal respondió a una demanda que presentó con urgencia la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés). La organización advirtió al ente judicial que varios migrantes venezolanos detenidos serían “expulsados inminentemente” y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en el Salvador.
La Corte Suprema también le ordenó al gobierno recientemente “facilitar” el regreso de un migrante salvadoreño expulsado por error en marzo. Sin embargo, tanto la administración de Trump como la de Nayib Bukele en El Salvador se han negado a efectuar esa medida.
