La organización no gubernamental (ONG) Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) publicó el jueves 24 de abril un informe titulado Inframundo: la amenaza oculta en los calabozos de Zona 7 del sistema carcelario en el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta, ubicado en Boleíta, municipio Sucre (Miranda) .
En la publicación destacaron la continua violación a los derechos humanos, las condiciones en las que conviven los privados de libertad y el riesgo a la integridad de los habitantes de zonas aledañas o estudiantes del colegio San Agustín del Marqués.
Centro de detención preventiva
Uno de los señalamientos que hace el OVP es que en Venezuela no existen centros de detención preventiva. A juicio de la organización, estos sitios de reclusión son convertidos en “cárceles paralelas”.
“La realidad de los calabozos policiales es un reflejo del colapso que envuelve al sistema de justicia penal en Venezuela, donde de manera inconstitucional han pasado a funcionar como cárceles”, se lee en la publicación.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aseveró en varias ocasiones que uno de los mayores obstáculos para garantizar los derechos humanos de la población reclusa en el país es la existencia de una “dualidad en los sistemas penitenciarios”. Esto refiere al sistema oficial como el Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios y el funcionamiento en paralelo de calabozos.
Sobre las detenciones preventivas, el OVP citó el artículo 44 de la Constitución, el cual reconoce la premisa de que la libertad personal es inviolable.
Hacinamiento en la Zona 7
El informe del OVP detalló que al menos 90 privados de libertad conviven entre heces, orina y escasa o nula iluminación natural en una celda conocida como “Inframundo”, ubicada en el sótano del centro de control.
“No tienen ventilación, ni entrada de luz solar, lo cual perpetúa un ambiente opresivo. Esto los obliga a hacer sus necesidades en bolsas y se turnan para dormir en el suelo”, afirmó la organización.
Además, otros 421 detenidos se encuentran en la Zona 7 distribuidos entre 14 y 16 celdas. De los cuales 250 son presos sociales y 171 pertenecían a cuerpos de seguridad del Estado.
A juicio del OVP, estas condiciones afectan el cumplimiento de condenas dignas, así como la labor inherente a los cuerpos policiales.
Riesgo para las comunidades aledañas
La organización insistió en el riesgo que implica la ubicación del Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta para los habitantes del sector y los más de 3.000 estudiantes del colegio San Agustín del Marqués.
“Durante las fugas de los presos, los familiares han reportado con anterioridad que algunos reos en su intento por escapar han logrado ingresar al colegio San Agustín”, afirmó la ONG.
En cuanto a esto, la organización recordó que en noviembre de 2023 se registró una situación irregular cuando un grupo de aproximadamente 100 privados de libertad fue trasladado al campo de fútbol del centro educativo por los propios funcionarios policiales sin previo aviso a los padres y representantes.
Familias deben pagar para visitar a los detenidos
El OVP expuso que los familiares deben pagar 5 dólares a los funcionarios para poder visitar a los reclusos.
Otro de los testimonios que recogió la organización fue que para trasladar a un recluso de la celda de inframundo a otra con “mejores condiciones” también hay que pagar entre 20 y 40 dólares.
Recomendaciones del OVP
Para concluir, el Observatorio Venezolano de Prisiones compartió varias recomendaciones dirigidas a las autoridades para prevenir eventos similares a los ya descritos en el informe.
En primer lugar, la organización pidió cesar de forma inmediata el uso prolongado de la prisión preventiva y evitar la desnaturalización de los centros de detención preventiva como el de la Zona 7.
Sumado a esto, recomendaron asegurar que los Centros de Detención Preventiva para adultos no sean utilizados para detener de forma preventiva a adolescentes, debido a que los menores de edad deben ser recluidos en las entidades pertinentes como los centros de atención al adolescente.
Otra de las recomendaciones es que garantice el respeto integral de los derechos de los individuos privados de libertad durante cada etapa del proceso y de reubicación y así realizar una investigación oportuna e imparcial sobre los hechos suscitados en el centro de detenciones preventivas de la Zona 7.
El informe del OVF también recomendó clausurar el Centro de Control y Resguardo del Detenido Boleíta y proceder con su desmantelamiento tomando en cuenta de que, según la organización, representa un riesgo para la sociedad debido a su ubicación.
