Funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) arrestaron a un ciudadano venezolano con parole humanitario en su casa ubicada en Georgia.
“Cuando yo medio abro, ellos lo hicieron de golpe y se salió el seguro de la puerta”, explicó Norma Villegas, suegra del venezolano Ronald Maldonado, en entrevista para Univisión el martes 29 de abril.
Los oficiales del ICE aseguraron que buscaban a Maldonado porque tenía una orden de deportación. La madre de Maldonado, Zaira Barrios, expresó su preocupación por las implicaciones del arresto de su hijo.
“Si lo mandan para allá (en referencia al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador) ¿cuándo podré ver yo a mi muchacho? Él tiene tatuajes: el de su mamá, el de su nona y una nota musical aquí (señala el cuello)”, declaró a este mismo medio.
Lo que dice la defensa de Ronald Maldonado
El venezolano Ronald Maldonado llegó hace dos años a Estados Unidos con un parole humanitario patrocinado por un amigo de la familia.
Shirley Zambrano, la abogada de Maldonado, aseveró que los agentes del ICE violaron los derechos de su cliente.
“Abrieron la puerta y se metieron a la casa sin tener una autorización de un juez firmada para entrar a la casa y arrestaron a nuestro cliente, quien no tiene récord criminal”, señaló la defensora a Univisión.
Maldonado deberá defender su caso ante un juez de migración en un juicio que se fijó para junio de 2025. Sin embargo, deberá esperar en un centro de detención para migrantes porque, al ser un caso de parole humanitario, no le permiten salir bajo fianza, detalló Zambrano.
La situación actual del parole humanitario para venezolanos
Desde que inició la presidencia de Donald Trump el 20 de enero, el mandatario ha expresado su desacuerdo con los programas de migración de la administración de Biden, entre los que figuran el TPS y el parole humanitario.
El 26 de abril, se dieron a conocer los planes de eliminar el parole humanitario para 530 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, de acuerdo con un borrador publicado en el Registro Federal.
Ante la medida de Trump, la jueza federal Indira Talwani dictaminó ese mismo día que el gobierno no podrá ponerle fin este programa migratorio para venezolanos, cubanos, haitianos y nicaragüenses
El argumento de la funcionaria fue que el gobierno de Trump no actuó dentro de los límites regulatorios establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo al pretender reducir el plazo de dos años para el fin del programa.
“Los demandados no han ofrecido ninguna razón sustancial ni interés público que justifique obligar a las personas a quienes se les concedió el permiso de permanencia temporal en Estados Unidos por un periodo específico a salir (o a obtener un estatus indocumentado) antes de la fecha original de vencimiento de su libertad condicional”, escribió Talwani en su sentencia
