La activista Andreína Baduel exigió el 10 de mayo al gobierno de Nicolás Maduro dar una fe de vida de su hermano, el preso político Josnars Adolfo Baduel. Esto luego de que se difundieran en redes sociales rumores sobre su presunta muerte en la cárcel de Rodeo I, en el estado Miranda.
En su cuenta de X, la vocera del Comité para la Liberación de los Presos Políticos (Clippve) indicó que tiene más de tres meses sin poder ver a su hermano, por lo que desconoce cuál es su estado de salud actual. Tras leer los rumores, los familiares acudieron al penal para verificar, pero no recibieron ninguna información por parte de las autoridades.
“Vinimos con la esperanza de tener noticias, pero los funcionarios se negaron a ofrecernos detalles y no nos permitieron verlo. No hubo comunicación oficial alguna. Solo nos solicitaron un inmovilizador de hombro, sin explicar su estado de salud ni el motivo de la solicitud”, dijo.
Incertidumbre
Andreína Baduel indicó que la última vez que vio a Josnars fue el 22 de abril en una audiencia de apelación, en la que compadeció por vía telemática desde la prisión y se le pudo ver con un cabestrillo en el brazo. Indicó que el detenido aprovechó la ocasión para denunciar que tenía meses sin poder ver a su familia, y que su estado de salud se había deteriorado considerablemente.
“No sabemos qué ha ocurrido desde entonces. Ignoramos si las torturas han aumentado, si su estado de salud se ha deteriorado aún más, si los dolores crónicos en hombros y rodillas —producto de colgamientos y golpizas brutales— se han agravado, o qué han hecho con la vida de mi hermano”, advirtió Baduel.
La activista ha asegurado en varias ocasiones que su hermano ha sido objeto de reiteradas palizas y torturas, sobre todo durante su reclusión en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). En los reportes, documentados por organismos como la Misión de Determinación de Hechos de las Naciones Unidas, se menciona que Baduel ha sufrido electrocución en sus testículos, así como asfixias que le dejaron una afección pulmonar crónica.
Igualmente, Baduel agregó que las autoridades han negado reiteradamente a Josnars la atención médica necesaria para tratar sus lesiones. Por ejemplo, dijo que su hermano requiere de una operación de reconstrucción de ligamentos en hombros y rodillas producto de las torturas que sufrió, además de tratar varias hernias.
Desde enero de 2025 Josnars permanece incomunicado, sin que la directiva haya dado una razón justificada. Su hermana ha señalado que de lo poco que han podido saber de él, es que duerme en una celda de 2×2 metros cuadrados, con acceso a unos pocos minutos de agua al día y una letrina en el mismo espacio, lo que ha complicado otros problemas como infecciones, hongos en la piel y diarreas constantes.
Hostigamiento
El 8 de mayo, Andreína Baduel reportó que había sufrido hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado tras participar en la Ruta Global por la Justicia, organizada por el Clippve. En su cuenta de X afirmó que camionetas sin placas se estacionaron frente a su casa, donde funcionarios no identificados tomaban fotos. Al confrontarlos, se retiraron sin dar explicaciones.
La activista ha denunciado varias veces que tanto ella como otros miembros del Clippve han sido acosados por agentes del Estado durante sus protestas pacíficas. Esto incluye ser grabados y seguidos por los funcionarios una vez terminan las actividades, e incluso recibir amenazas de represalias contra sus familiares detenidos si siguen manifestándose.
El Clippve culminó el 9 de mayo su Ruta Global por la Justicia, una serie de protestas pacíficas frente a las sedes de las principales embajadas en Caracas con el fin de presionar a la comunidad internacional para que interceda en la liberación de presos políticos. De acuerdo con el Foro Penal, actualmente hay 894 personas detenidas por razones políticas en Venezuela, así como más de 10.000 con algún tipo de medida restrictiva de su libertad.
Historial familiar
Josnars Baduel fue detenido el 4 de mayo de 2020 por presuntamente participar en el intento fallido de incursión militar a Venezuela conocido como Operación Gedeón. Fue condenado por el Tribunal 1° de Primera Instancia en funciones de Juicio a 30 años de prisión por los cargos de terrorismo, conspiración, tráfico de armas y traición a la patria, entre otros.
Permaneció desde entonces recluido en El Helicoide hasta abril de 2024, cuando familiares reportaron su traslado al Internado Judicial de Rodeo I. Afirmaron que el cambio se produjo bajo engaño, pues supuestamente se dirigía a una consulta médica, y no se le avisó a sus abogados ni familiares. Andreína Baduel ha declarado en varias ocasiones que en esa cárcel ha sido sometido varias veces al aislamiento y suspensión arbitraria de visitas. Muchas veces como represalia por su labor en el Clippve exigiendo la libertad de presos políticos.
Andreína y Josnars son hijos del general Raúl Isaías Baduel, quien fue ministro de Defensa (2006-2007) y protagonista del rescate del entonces presidente Hugo Chávez tras el golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Después de distanciarse de Chávez por diferencias políticas, en 2008 fue detenido y enjuiciado por corrupción, sentenciado a ocho años en la cárcel militar de Ramo Verde.
En 2014 recibió libertad condicional, pero en 2017, poco antes de terminar su condena, volvió a ser encarcelado por el gobierno de Nicolás Maduro y procesado por nuevos delitos. Estuvo detenido en Fuerte Tiuna y luego en El Helicoide. Allí falleció el 12 de octubre de 2021 por un paro cardiorrespiratorio, derivado de complicaciones por covid-19. No obstante, familiares han cuestionado esta versión, exigiendo una investigación independiente.
“Ya vivimos una tragedia. Cuando mi padre, el general Raúl Isaías Baduel, murió bajo custodia del Estado, nos enteramos por redes sociales, no por los canales oficiales. No podemos permitir que esto se repita”, comentó Andreína Baduel al momento de exigir la fe de vida de su hermano.
Igualmente, Raúl Emilio Baduel, el mayor de los hijos del difunto exministro, fue detenido en el contexto de las protestas ciudadanas de 2014 y condenado a ocho años de cárcel. Fue excarcelado producto de un proceso de negociación el 3 de junio de 2018.
