El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó el martes 13 de mayo que el abogado Eduardo Torres, quien había sido reportado como desaparecido desde el 9 de mayo, se encuentra detenido.
Según Saab, la detención de Torres está vinculada a su presunta participación en “una trama conspirativa para generar violencia” durante las venideras elecciones programadas para el 25 de mayo.
En un comunicado publicado en la cuenta oficial de Instagram del Ministerio Público (MP), el fiscal aseguró que Torres estaba involucrado en una estructura conocida como los «Nodos de Formación Ciudadana«.
Eduardo Torres (…) usaba talleres de formación como fachada para organizar focos de violencia llamando a la destrucción de los centros electorales y propagando mensajes de odio y aniquilación hacia las autoridades del Estado legítimamente constituidas”, aseguró Saab.
La detención de Torres ha generado una ola de reacciones, especialmente por su rol como miembro del equipo de exigibilidad legal de la organización de derechos humanos Provea.
De acuerdo con Provea, el abogado fue visto por última vez la tarde del viernes 9 de mayo en Parque Central, Caracas, luego de salir de una reunión. Después de comunicarse con su familia, se dirigió de regreso a su residencia, en la avenida Fuerzas Armadas, pero nunca llegó.
Rechazo a las acusaciones de Provea sobre desaparición forzada
Saab también rechazó las “acusaciones temerarias” formuladas por el coordinador general de Provea, Óscar Murillo, quien había denunciado que Torres se encontraba en “desaparición forzada y posible detención arbitraria” desde el 9 de mayo.
El Ministerio Público, en su comunicado, informó que está evaluando “desde el punto de vista jurídico” si procederá con acciones legales en respuesta a las denuncias de Murillo, calificadas de “temerarias”.
“Evaluamos si se procede a accionar en respeto a la legalidad interna de Venezuela frente a estas acusaciones temerarias realizadas por Murillo”, se señaló en la cuenta oficial del MP.
Por otra parte, la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) alertó el 8 de mayo sobre una “nueva escalada de persecución política en el país”. Esto tras una serie de allanamientos, detenciones y actos de hostigamiento por parte de cuerpos de seguridad del Estado contra activistas, dirigentes políticos y ciudadanos.
