El gobierno de Estados Unidos solicitó a la Corte Suprema de Justicia de ese país reanudar la deportación de más de 170 venezolanos detenidos en Texas y pidió que se levante la orden que suspende temporalmente la expulsión de migrantes sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros.
De acuerdo con CNN en Español, en un documento firmado el 12 de mayo por el procurador general del Departamento de Justicia de EE UU, John Sauer, se señala que algunos de los 176 venezolanos detenidos en ese país, acusados de presuntamente formar parte del Tren de Aragua, han mostrado ser “especialmente peligrosos” para mantenerlos en detención prolongada.
El texto menciona un incidente en el que 23 migrantes detenidos en el Centro de Detención Bluebonnet en Anson (Texas) se concentraron durante varias horas. Supuestamente los reos habían amenazado con tomar rehenes y agredir a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduana de EE UU (ICE, por sus siglas en inglés).
Los involucrados en este hecho fueron captados por un dron cuando escribieron un mensaje de “SOS”, imágenes que luego fueron difundidas en las redes sociales. Se conoció que estos migrantes fueron reubicados en otro centro de detención de Texas.
“Además, el traslado de estos prisioneros a otras instalaciones crea riesgos constantes de reclutamiento en prisiones y la expansión de las actividades de la pandilla Tren de Aragua dentro de Estados Unidos”, argumentó Sauer.
La suspensión de las deportaciones de los migrantes detenidos en Texas
El 19 de abril, la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó la deportación de venezolanos detenidos en un centro de reclusión en el estado de Texas.
El tribunal tomó la decisión en respuesta a una demanda puesta por la Unión de Libertades Civiles Estadounidenses (ACLU, por sus siglas en inglés). La organización advirtió al ente judicial que varios migrantes venezolanos detenidos serían “expulsados inminentemente” y enviados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en el Salvador.
La demanda también argumentaba que el gobierno estadounidense pretendía realizar estas deportaciones y revivir la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII, al no permitir que cada caso sea evaluado ni que tengan la oportunidad de defenderse ante las autoridades migratorias y penales.
La Corte Suprema ya había advertido al gobierno de Donald Trump que solo podría continuar con las expulsiones si los acusados tenían la oportunidad de defender su caso ante el tribunal y contaban con un tiempo razonable para impugnar las deportaciones.
Pese a esto, varios medios estadounidenses aseguraron que estos migrantes ya habían sido puestos en autobuses para ser trasladados hasta un aeropuerto y proceder a expulsarlos, motivo por el que se presentó la demanda de forma acelerada y se consiguió la rápida respuesta de la corte.
Solicitud para revocar estatus legal a migrantes
El 9 de mayo, la Casa Blanca solicitó a la Corte Suprema de ese país que le permita revocar el estatus legal de 532 mil migrantes de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua, que contaban con permiso de permanencia temporal, conocido como parole.
Esta solicitud se dio luego de que la jueza de distrito Indira Talwani, designada por el presidente demócrata Barack Obama, impidió que el gobierno revocara el estatus legal de los migrantes.
En su orden, Talwani afirmó que la administración de Trump hace una interpretación errónea de la ley de inmigración, ya que la expulsión acelerada se aplica a los extranjeros que entran ilegalmente en Estados Unidos, no a aquellos autorizados a permanecer en el país.
Otras de las solicitudes de la Casa Blanca fue la revocación de la Protección Temporal (TPS) que impide la deportación de más de 350 mil venezolanos. Sin embargo, esto también fue bloqueado por un tribunal de California.
