Ante la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de permitirle al gobierno de Donald Trump que ponga fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos, estos ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales (ONG) que los respaldan buscan alternativas para evitar la deportación de aproximadamente 350 mil personas.
Una de las primeras medidas que están tomando los defensores de estos ciudadanos es una apelación, con esto podrían retrasar o detener temporalmente las deportaciones en caso de que el recurso sea aceptado por una corte de apelaciones.
“El impacto inmediato de la decisión lamentablemente no está claro porque el tribunal no explica casi nada en su orden. Definitivamente, una lectura de la decisión es que los 350 mil venezolanos beneficiarios de TPS del grupo de 2023 acaban de perder su estatus y autorización de empleo”, explicó Ahilan Arulanantham, abogado de los demandantes y codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Facultad de Derecho de la UCLA, en una entrevista para CNN en Español.
¿Qué otras opciones tienen para evitar las deportaciones?
La Alianza Nacional por el TPS, una ONG que respalda a los migrantes en EE UU, recomendó a los venezolanos buscar en primera instancia a un abogado especializado en migraciones para evaluar qué posibilidades tiene cada individuo.
Una de las alternativas es presentar una solicitud de asilo, esta es una protección que otorga del país a las personas que demuestren que no pueden regresar a su país de origen por un temor fundado en motivo de raza, religión, nacionalidad o vinculación con algún grupo social o político.
Elizabeth Uribe, abogada experta en migración, explicó a CNN en Español que existen dos tipos de asilo en ese país, el afirmativo, que se puede solicitar sin estar expuesto a un proceso de expulsión y el defensivo, en el que el solicitante debe comparecer ante un juez de inmigración.
En caso de que alguno de los beneficiarios del TPS se haya casado con alguna persona con residencia o ciudadanía, puede solicitar que se le otorgue la residencia también. La abogada detalló que si el migrante quedó como indocumentado debe solicitar la libertad condiciones y puede que le pidan abandonar el país temporalmente antes de darle la opción de pedir la residencia legal por matrimonio.
Uribe alegó que a las personas que fueron víctimas de crímenes en sus países de origen tienen la alternativa de pedir una visa U, este no es un estatus migratorio, sino que le permite a la persona estar en EE UU para protegerse. No obstante, la defensora alegó que el país solo puede otorgar un máximo de 10 mil de estas visas anualmente.
Los casos que pueden ser estudiados para la aprobación una visa U correnponderán a víctimas de crímenes como violencia doméstica, abuso sexual, tráfico de personas, agresión con armas, chantaje, detención ilegal, extorsión, manipulación de testigos, mutilacion genital femenina, secuestro, tortura, servidumbre forzada y otra cualquier circuntancia donde haya elementos similares.
La decisión de la Corte Suprema de EE UU
Alrededor de 350 mil migrantes venezolanos quedaron en un limbo migratorio y con riesgo a la deportación, tras una decisión que emitió la Corte Suprema de Estados Unidos el lunes 19 de mayo, que es considerada por expertos como la “más grande privación” de estatus legal a extranjeros en la historia moderna del país norteamericano.
La decisión de tan solo dos párrafos emitida por el máximo tribunal estadounidense anula una orden de emergencia de un juez en menor instancia en California que bloqueaba la decisión de la Casa Blanca de acabar con el TPS para los migrantes venezolanos, otorgado por la administración de Joe Biden.
La administración de Donald Trump ha argumentado que el TPS para Venezuela va en contra del “interés nacional” de EE UU y que la Justicia no tiene la potestad de decidir asuntos de política migratoria “urgentes“.
Ahilan Arulanantham, codirector del Centro de Derecho y Política de Inmigración de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) y uno de los abogados que presentó la demanda, explicó en una conferencia de prensa que la Casa Blanca tiene ahora en su poder la posibilidad de eliminar de inmediato la protección, dar un plazo de 60 días, o esperar que se resuelva la querella legal.
“El impacto humanitario y económico de la decisión de la Corte se sentirá de inmediato y repercutirá durante generaciones”, señaló el abogado.
