La sombra del crimen organizado del Tren de Aragua se ha expandido en los últimos años en la región y con ella, una consecuencia igual de compleja: la creciente estigmatización que recae sobre la población migrante venezolana.
A través de delitos como extorsiones, trata de personas, secuestros y asesinatos, que comenzaron en Venezuela y que luego se expandieron por el continente, se reforzó la narrativa xenofóbica en contra de una diáspora que en simultáneo huía de un país en crisis.
En medio de este panorama, a muchos migrantes venezolanos se les vincula casi de forma inmediata con los actos criminales del Tren de Aragua. Pese a estos señalamientos, varias organizaciones de derechos humanos han revelado a través de informes que la mayoría de los venezolanos en el extranjero no están vinculados con la banda delictiva transnacional.
El origen de la banda
El origen del Tren de Aragua tiene sus primeros registros en los años 2012 y 2014 en el estado Aragua, al centro norte del país, de acuerdo con los investigadores Luis Izquiel y Ronna Rísquez. Sin embargo, ambos difieren sobre el origen del nombre de esa banda delincuencial.
Para el profesor universitario Luis Izquiel, el grupo criminal obtuvo ese nombre por un sindicato que controlaba un tramo del ferrocarril de Aragua que se encontraba en construcción. «Los miembros del sindicato extorsionaban a los contratistas, vendían puestos de trabajo en las obras y se les empezó a conocer como ‘los del tren de Aragua'», afirmó en una entrevista para la cadena de noticias BBC Mundo.
Izquiel detalló que durante sus primeros años, esta banda delictiva se dedicó al sicariato, extorsión, soborno, robo y secuestros exprés. La periodista Ronna Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina, agregó que el grupo criminal fue fundado por tres delincuentes que cumplían condena en la cárcel de Tocorón, entre 2007 y 2013.
De acuerdo con su investigación, uno de los primeros delitos del Tren de Aragua ocurrió en 2014 en el sector Santa Rita, en Aragua. Esto, según expuso la comunicadora en una entrevista previa a El Diario, habría dado inicio al “pranato” (presos que controlan las instalaciones penitenciarias), por lo que el nombre “tren” haría alusión a un grupo que pertenece a un lugar, en este caso: Tren de Aragua.
El profesor Izquiel resaltó que la consolidación del Tren de Aragua como una “megabanda” ocurrió tras la reclusión de uno de sus principales líderes, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, en la cárcel de Tocorón, quien ingresó en 2010 por presuntos delitos de tráfico de drogas, robo y homicidio.
Por aproximadamente 13 años, el Tren de Aragua acumuló poder y reunió capital dentro de las instalaciones de la cárcel de Tocorón al realizar extorsiones internas a los propios privados de libertad, a quienes la banda les exigía un pago fijo mensual de 15 dólares.
Según estimaciones de la investigación de Rísquez, en el lugar había aproximadamente 5.000 privados de libertad, aunque se desconoce cuántos pertenecían a la banda. Esto da un aproximado de 3,6 millones de dólares anuales por extorsión únicamente dentro de la prisión.
Esta cárcel fue intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro el 21 de septiembre de 2023, en un operativo en el que participaron aproximadamente 11 mil funcionarios para evitar una fuga masiva, de acuerdo con declaraciones que emitió el entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos. Sin embargo, durante la operación militar y policial huyó el Niño Guerrero.
La expansión
Las operaciones del Tren de Aragua no se limitaron solo a Venezuela. Una de las razones que facilitó su crecimiento y expansión por países de la región fue la crisis humanitaria y económica que atravesó el país desde 2016, cuando se registró una ola migratoria en la que miles de ciudadanos salieron del país.
La mayoría de los migrantes viajó por vía terrestre, lo que aprovechó la banda criminal para crear su propia ruta en la que comenzaron a ejecutar delitos como la trata de personas, el narcotráfico, explotación sexual, contrabando de mercancía, entre otros. Este proceso se repitió hacia las islas del Caribe, de acuerdo con una conversación que tuvo Rísquez con BBC Mundo.
La periodista señaló que una de las primeras evidencias de la presencia de miembros del Tren de Aragua en Latinoamérica se registró en el año 2018 en Perú y hasta la actualidad se han reportado decenas de detenciones de miembros del grupo criminal en distintos países del continente.
Desde entonces, las acciones delictivas de la banda criminal venezolana han sido repudiadas por decenas de líderes de países Argentina, Colombia, Chile, Bolivia, Brasil, Panamá, Perú, Paraguay y Uruguay. Estas naciones también han llevado a cabo diversas operaciones en las que han detenido a miembros y cabecillas del Tren de Aragua.
Entre los casos más destacados están la aprehensión de Guillermo Rafael Boscán Bracho, presuntamente vinculado con el Tren de Aragua, quien tenía pedido de captura internacional y detenido en octubre de 2023 por el Departamento Interpol en Argentina, así como Yonaiker Gallegos, supuesto líder de la banda criminal privado de libertad en Los Ángeles, en California (EE UU), desde abril de 2025.
La expansión del Tren de Aragua hacia Norteamérica también fue inevitable. Desde 2021, las autoridades estadounidenses comenzaron a tener reportes que asociaban a varios delincuentes venezolanos con esa banda criminal. Estos reportes aumentaron en 2022 y 2023, según dijo Joseph Humire, especialista en seguridad nacional y miembro del Centro para una Sociedad Libre y Segura en EE UU, a BBC Mundo.
Durante el segundo semestre de 2024, las autoridades estadounidenses reportaron la presencia de presuntos miembros del Tren de Aragua en: Luisiana, Texas, Virginia, Florida, Nueva York y Nueva Jersey.
En marzo de 2025, Daniel Brunner, agente especial del FBI experto en organizaciones criminales y uno de los investigadores que lleva el caso del Tren de Aragua en EE UU, aseguró que el grupo criminal estaba presente al menos en una veintena de estados de ese país.
La estigmatización
Una de las mayores consecuencias generadas por las acciones delictivas del Tren de Aragua es la forma en la que se percibe a los migrantes venezolanos en varios países de la región como Colombia, Chile y Perú.
En el caso de Estados Unidos, la administración de Donald Trump no solo ha emitido medidas para endurecer el ingreso de venezolanos a ese país, sino que también ha fomentado la narrativa de que buena parte de los migrantes estaría vinculado con la banda criminal transnacional.
Desde que Trump empezó su mandato se ha enfocado en endurecer las políticas migratorias, en especial para detener el ingreso de personas con antecedentes penales o criminales a territorio estadounidense, donde hizo hincapié en que tendría “tolerancia cero” con grupos criminales como el Tren de Aragua.
Las medidas de Trump también afectaron a la diáspora venezolana en ese país, tan solo días después de asumir el poder, el mandatario acabó con el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para 350 mil venezolanos y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó a los beneficiarios de este programa como “desgraciados” y “criminales”.
El gobierno de Trump también retiró el parole humanitario, un programa migratorio que otorgaba permiso de residencia legal a más de 530 mil migrantes la mayoría procedentes de Venezuela.
Sin embargo, las medidas y señalamientos del gobierno estadounidense difieren de la información presentada por diversos organismos de ese país. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) hizo público que la migración venezolana no representa un riesgo para EE UU, debido a que la cifra de arrestos de personas vinculadas con el Tren de Aragua es de 800 personas, lo que equivale al 0,08 % del total de la diáspora venezolana en territorio estadounidense.
Además, la Comisión de Sentencias de EE UU indicó que de los delitos cometidos durante 2023, el 93,4 % correspondieron a latinos. De esta cifra, solo el 12,6 % incluye a personas de nacionalidad venezolana y otros países de Latinoamérica; mientras que los migrantes de México ocupan el 67,1 %; seguido de Honduras, con 7,4 %.
Entre las consecuencias más graves y recientes de la estigmatización contra la diáspora se encuentra el traslado de 252 migrantes venezolanos, señalados como supuestos miembros del Tren de Aragua, al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, como parte de un acuerdo entre los gobierno de Donald Trump y el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
El primer traslado ocurrió el 16 de marzo de 2025, el cual se amparó bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, y llevó a 238 venezolanos, la mayoría de ellos sin antecedentes penales, al centro de máxima seguridad en El Salvador. Varios días después, la cadena estadounidense CBS News tuvo acceso a la lista de los migrantes deportados y la difundió, lo que ayudó a que los familiares a identificar a los privados de libertad.
Otro grupo de migrantes llegó al Cecot desde EE UU el 31 de marzo, pese a los bloqueos judiciales impuestos por jueces estadounidenses. Marco Rubio, secretario de estados de EE UU, dijo que en este caso fueron 17 los deportados, pero no especificó cuántos eran venezolanos.
Posterior a esto, el gobierno de Trump envió un tercer grupo de migrantes al Cecot y, hasta el momento, se desconoce la cifra real de cuántos venezolanos se encuentran recluidos en El Salvador. Aunque las autoridades estadounidenses han identificado a todos como presuntos integrantes de la banda, aún no hay pruebas definitivas de que todos los deportados pertenezcan realmente a la organización criminal.
En un reciente informe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se reveló que de los venezolanos enviados al Cecot, solo 32 venezolanos cuentan con una condena por haber cometido crímenes no violentos en EE UU como hurto o infracciones de tránsito; mientras que seis de los más de 250 venezolanos recibieron penas por crímenes violentos como posesión de arma de fuego, secuestro o agresión, de acuerdo con datos del gobierno estadounidense.
También era de conocimiento del gobierno de EE UU que al menos 130 detenidos no tenían registro criminal o cargos pendientes en ese país. Además, de los 238 venezolanos enviados en un primer grupo a El Salvador, solo 20 tienen arrestos por delitos cometidos en Venezuela u otros países.
A pesar de estos datos, Donald Trump calificó como violadores, salvajes y monstruos a los venezolanos deportados al Cecot. Además, argumentó que, previo al traslado, se llevó a cabo un “meticuloso escrutinio” para determinar quiénes serían deportados al país centroamericano.
Desde entonces, la falta de claridad del gobierno estadounidense sobre el traslado de los venezolanos al Cecot mantiene a decenas de familias venezolanas en vilo, quienes han denunciado violaciones al debido proceso y quienes, además, exigen que se lleve a cabo un proceso justo que determine si los detenidos pertenecen o no al Tren de Aragua.
