Neyiyerver Adrián León Rengel, uno de los más de 250 migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, presentó el 25 de julio una demanda civil contra el gobierno de Donald Trump, por haber sido detenido y expulsado sin el debido proceso legal.
León denunció haber sufrido abuso «físico, verbal y psicológico» y pide una retribución por daños de 1,3 millones de dólares.
La demanda, interpuesta con el respaldo de la organización no gubernamental (ONG) Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (Lulac), es la primera que presenta uno de los venezolanos que fueron expulsados a El Salvador en marzo de 2025.
«Los funcionarios federales le mintieron diciéndole que sería enviado a su país de origen, Venezuela. Sin embargo, pasó más de cuatro meses en El Salvador –un país que no es su lugar de origen ni donde tiene vínculos personales–, donde sufrió abusos», se lee en el documento de la demanda.
Detalles de la demanda de Neyiyerver León
El venezolano, de 27 años de edad, trabajaba como barbero en Irving, a las afueras de Dallas (Texas), y fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el estacionamiento de su apartamento.
Entró a EE UU a través de la aplicación CBP One, un programa impulsado por el gobierno de Joe Biden para que los migrantes pudieran presentarse en la frontera sur. Además, también había solicitado un Estatus de Protección Temporal (TPS).
Las autoridades, detalla el documento, lo identificaron «erróneamente» como miembro de la pandilla venezolana Tren de Aragua y lo enviaron a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por Trump para expulsar a los venezolanos acusados de formar parte de este grupo criminal.
La denuncia también precisa que en el Cecot el venezolano soportó condiciones «inhumanas y deplorables».
«Fue recluido junto a 18 o 19 venezolanos en una celda de apenas tres por tres metros. La mayoría de los días permanecían allí las 24 horas, con pocas o ninguna oportunidad de salir», dice el texto.
León denunció que los guardias de seguridad de la prisión lo golpearon en varias partes del cuerpo, como «en su pecho y su estómago» con puños y bastones. En la denuncia aseguró que en una ocasión lo llevaron a una zona de prisión sin cámaras donde fue «brutalmente agredido».
Por su parte, el director ejecutivo de Lulac, Juan Proaño, aseguró que la historia de León es un llamado de atención para todos los estadounidenses que “creen en la promesa de la Constitución y el Estado de derecho”.
«El caso del señor Rengel es una parodia de la justicia que merece la atención nacional”, indicó Proaño en un comunicado.
La liberación de los venezolanos detenidos en El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, confirmó el 18 de julio que los ciudadanos venezolanos detenidos en su país fueron entregados a las autoridades venezolanas como parte de un intercambio por presos políticos detenidos en Venezuela, que incluye a ciudadanos estadounidenses.
“Hoy hemos entregado a todos los ciudadanos venezolanos detenidos en nuestro país, acusados de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua (…) Tal como se le ofreció al régimen venezolano en abril, realizamos este intercambio a cambio de un número considerable de presos políticos venezolanos, personas que ese régimen tenía mantenidas en sus cárceles durante años, así como todos los ciudadanos estadounidenses que tenía retenidos como rehenes”, escribió Bukele en su cuenta de X.
Bukele señaló que el gobierno de Nicolás Maduro liberó a varios presos políticos. Agregó que el acuerdo se concretó luego de meses de negociaciones entre funcionarios estadounidenses, salvadoreños y venezolanos.
Tras la publicación de Bukele, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, informó que 10 ciudadanos estadounidenses que se encontraban presos en Venezuela fueron liberados.
Denuncia contra Bukele ante la CPI
El 19 de junio, la fundación El Amparo informó que denunciaría ante la Corte Penal Internacional (CPI) al presidente de El Salvador y a miembros de su cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia territorio salvadoreño, acusados de presuntamente integrar la banda criminal Tren de Aragua.
El presidente de la ONG, Walter Márquez, dijo que recurriría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares para estos venezolanos que fueron deportados en marzo pasado, con el objetivo, dijo, de que se respete el debido proceso y de que se le solicite a El Salvador la “inmediata libertad” de los migrantes.
Márquez indicó que varios de los detenidos en la cárcel de máxima seguridad Cecot habían sido maltratados, por lo que considera que las autoridades salvadoreñas deben abrir “de oficio” una investigación.
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