La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela señaló en un nuevo informe, difundido el 22 de septiembre de 2025, que la única esperanza de que las víctimas encuentren justicia recae en la comunidad internacional.
En la actualización del documento se describe un clima de persistencia de las detenciones arbitrarias, así como de arrestos contra ciudadanos extranjeros, un repunte de la represión y la falta de acceso a la salud para las personas privadas de libertad.
Testimonios que revelan un patrón de abusos
La misión documentó actos de tortura física, psicológica y sexual cometidos presuntamente por organismos de seguridad del Estado, entre ellos la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Los testimonios recopilados describen presuntos casos de desnudez forzada, descargas eléctricas en los genitales, amenazas de abuso y violencia sexual dirigida especialmente contra mujeres, adolescentes y pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Según el informe, en varios centros de detención, los funcionarios habrían usado la tortura sexual como mecanismo de castigo o humillación.
La misión también documentó métodos de tortura psicológica: aislamiento prolongado, interrogatorios coercitivos, privación del sueño y amenazas contra familiares. Según el informe, las víctimas desarrollaron “profundos sentimientos de vulnerabilidad, desesperación e impotencia, en un contexto de violencia consistente, sin espacios significativos de respiro o alivio”.
Violencia sexual y de género dentro de los centros de detención
La misión apuntó que registró múltiples casos de violencia sexual, incluidos tocamientos y violaciones contra mujeres detenidas en el contexto poselectoral. Varios testimonios señalan que los “custodios hombres ingresaban sin previo aviso en las áreas destinadas a mujeres”.
En total, la misión dijo que documentó 22 casos de violencia sexual y de género en seis estados del país, dirigidos contra mujeres, niñas, adolescentes y hombres privados de libertad. Aseguran que los casos ocurrieron en entornos coercitivos bajo el control de funcionarios del Estado e involucraron a múltiples víctimas.
Todos los casos fueron presuntamente cometidos por funcionarios del Estado, incluyendo oficiales de la PNB, GNB y personal custodio, en situaciones de castigo, coerción, discriminación o intimidación, dice la misión. Las víctimas permanecían bajo custodia o control de los perpetradores, lo que evidencia un patrón sistemático de violencia sexual y de género en lugares de privación de libertad, afectando también a personas LGBTIQ+.
Entre los casos investigados, la misión documentó situaciones específicas de abuso y explotación sexual. Por ejemplo, una mujer detenida en un destacamento de la GNB relató que los sargentos masculinos exigían relaciones sexuales a cambio de permitir llamadas telefónicas y presenció agresiones dentro de su celda.
En otro caso, varias adolescentes de entre 15 y 17 años de edad fueron sometidas a sexo transaccional coercitivo mientras estaban detenidas en una oficina de la PNB. De acuerdo con el informe de la misicón, los funcionarios las obligaban a mantener relaciones sexuales a cambio de permitirles usar el baño o entregarles productos de higiene, incluidos utensilios para limpiar el espacio donde dormían.
La misión registró casos en los que las detenidas “fueron obligadas a desnudarse durante inspecciones corporales, en presencia de hombres o sin justificación alguna”. En algunos centros, las “mujeres embarazadas dieron a luz sin atención médica ni condiciones mínimas de higiene”.
De acuerdo con la información recopilada por un equipo psico-médico que entrevistó a 18 personas encarceladas —15 hombres y tres mujeres— y a sus familiares, la mitad reportó haber sido sometida a desnudez forzada al inicio de su detención. Los hombres denunciaron agresiones físicas y amenazas sexuales durante los interrogatorios.
La misión también documentó casos de violencia sexual y acoso contra personas LGBTIQ+, tanto por su orientación sexual como por su condición de opositores, así como episodios de violencia reproductiva, que incluyeron la falta de acceso a productos de higiene menstrual y la negación de atención médica a mujeres gestantes.
En uno de los casos documentados, una mujer “sufrió un aborto espontáneo debido a la falta de atención médica oportuna”. Otras relataron haber sido “víctimas de golpes y amenazas de violación sexual durante manifestaciones, perpetrados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana, la DGCIM y el Sebin”.
La investigación concluye que las similitudes en el modus operandi, el perfil de las víctimas y los perpetradores confirman la existencia de “un patrón de violencia sexual y de género en los lugares de privación de libertad bajo control de agentes estatales”.
Alimentación deficiente y falta de atención médica
El informe señala que, a partir de octubre de 2024, los centros de detención de Tocorón y Tocuyito fueron desalojados, y la mayoría de las personas privadas de libertad trasladadas a otros penales controlados por el Estado. Entre los centros mencionados se encuentran San Francisco de Yare, Rodeo I y el centro femenino La Crisálida, todos ubicados en el estado Miranda.
Durante las entrevistas realizadas entre enero y febrero de 2025, la misión recabó testimonios de personas detenidas en estos lugares que denunciaron el suministro de alimentos en mal estado o con insectos, así como la falta de higiene en los utensilios para comer. Estas condiciones ocasionaron “enfermedades y un deterioro progresivo de la salud de los detenidos”.
Asimismo, la misión documentó situaciones en las que mujeres privadas de libertad fueron obligadas a realizar actos sexuales para obtener productos básicos, como alimentos o medicamentos. Estos testimonios reflejan el grado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres detenidas y la utilización de la coerción sexual como una forma de control y abuso de poder dentro de los centros penitenciarios.
Impunidad y llamado a la comunidad internacional
El informe de la misión detalló que “los responsables de graves violaciones de derechos humanos en el país rara vez enfrentan procesos judiciales”, lo que deja a las víctimas sin acceso efectivo a la justicia.
En el documento también se destaca que quienes intentan denunciar abusos se encuentran “con obstáculos significativos y, en muchos casos, se exponen a represalias por parte de agentes estatales o estructuras de poder vinculadas al gobierno”.
Igualmente, se subraya que las instituciones nacionales encargadas de la investigación y la aplicación de la ley “carecen de independencia y están sujetas a presiones políticas que dificultan investigaciones imparciales”.
Ante la falta de mecanismos nacionales efectivos, el informe concluye que la “impunidad se mantiene como una práctica generalizada”, lo que produce un “debilitamiento de la confianza de la población en el sistema judicial y en la posibilidad de rendición de cuentas”.
En este contexto, la misión enfatizó que la comunidad internacional debe “mantener vigilancia y fortalecer la cooperación con instancias internacionales para garantizar que los responsables sean identificados y sancionados”.
