Cuatro inmigrantes afectados por las redadas en Washington y la organización comunitaria CASA demandaron este jueves 25 de septiembre al gobierno del presidente Donald Trump por realizar arrestos migratorios “ilegales” y han pedido a un tribunal que detenga las redadas en la capital estadounidense.
La demanda, presentada en el tribunal del Distrito de Columbia, impugna la política de la administración de arrestar a personas sin orden judicial y sin causa probable, como lo exige la ley de inmigración estadounidense.
Un venezolano entre los demandantes
La querella judicial también alega que los agentes migratorios han arrestado “sistemáticamente” a inmigrantes en Washington, D.C. y que cada uno de los cuatro demandantes, dos salvadoreños, un hondureño y un venezolano, fue arrestado “indiscriminadamente” y finalmente liberado tras corroborarse que tenían procesos migratorios pendientes.
Por su parte, CASA, una organización de defensa de los derechos de los inmigrantes, se unió a la demanda argumentando que sus miembros se han visto afectados por los arrestos y han tenido que desviar recursos de su labor principal de servicio social para responder a la crisis de las detenciones.
La demanda ha pedido al tribunal que detenga las redadas migratorias indiscriminadas en la capital estadounidense, que registró un aumento de operativos desde agosto pasado, cuando el presidente Trump declaró una “emergencia criminal” para desplegar agentes federales.
“Esta política y práctica ignoran importantes límites establecidos por el Congreso para los arrestos migratorios y han sembrado el terror entre las comunidades y barrios inmigrantes de D.C.”, señaló Aditi Shah, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) del Distrito de Columbia.
Además de ACLU, los demandantes son representados por el Centro Amica para los Derechos de los Inmigrantes, CASA, el Proyecto Nacional de Inmigración, el Comité de Abogados de Washington para los Derechos Civiles y Asuntos Urbanos y el bufete Covington & Burling LLP.
La Casa Blanca enfrenta un litigio similar en Los Ángeles, tras las redadas masivas de junio pasado.
