El activista por los derechos LGBTIQ+ Yendri Velásquez y el consultor político Luis Peche resultaron heridos el 13 de octubre tras sufrir un atentado en el norte de Bogotá, Colombia. El equipo de El Diario confirmó que ambos venezolanos se encuentran estables y bajo resguardo policial en un centro de salud.
Testigos relataron que ambos salían de un edificio cuando fueron atacados por sujetos desconocidos que se desplazaban en un automóvil. Los atacantes abrieron fuego y efectuaron más de 14 disparos antes de abandonar el automóvil unas cuadras más adelante. Vecinos agregaron que el vehículo había sido visto merodeando por la zona horas antes.
La Policía de Bogotá requisó el auto y hallaron en su interior las dos armas que presuntamente se usaron durante el ataque, así como otros elementos de interés crimalístico. El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Galán, indicó que ya se avanzó en la recolección de información para identificar a los responsables, a la vez que pidió a la Fiscalía una «investigación rápida» para esclarecer el caso.
La Defensoría del Pueblo de Colombia también se pronunció al respecto en su cuenta de X, condenando el hecho. Recordó que Velásquez, exiliado tras pasar varios días detenido en 2024, posee una solicitud de protección internacional en trámite en Colombia, y rechazó cualquier forma de violencia contra los migrantes venezolanos en el país.
“El pueblo venezolano merece vivir en paz y democracia. Mientras se encuentren en territorio colombiano, las personas migrantes y refugiadas deben contar con el respaldo y acompañamiento de las autoridades, en garantía de sus derechos. Instamos a la Fiscalía General de la Nación a adelantar una investigación pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas urgentes de protección para las víctimas”, denunció.
«No nos detendremos«
Luego de recibir atención médica y presentar su declaración ante las autoridades, el internacionalista Luis Peche publicó en redes sociales para agradecer por los mensajes de solidaridad recibidos. Afirmó que ni él ni Velásquez detendrán su activismo a pesar del atentado fallido.
«Hacer política, defender los derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país. Hoy mi hermano de vida Yendri Velásquez y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando, pero lo más importante es que afortunadamente estamos contándolo. Gracias a todos los que han escrito. No nos detendremos», expresó.
Por su parte, la líder opositora María Corina Machado exigió al presidente colombiano, Gustavo Petro, una “investigación exhaustiva, transparente y urgente” para atrapar a los responsables del atentado. Recordó que ambos son perseguidos políticos que estaban en el exilio, por lo que urgió sobre la necesidad de brindarles protección, al igual que a otros activistas venezolanos en el país.
“Este ataque constituye una grave agresión no solo contra ellos, sino contra toda la labor de protección y promoción de los derechos humanos en la región”, escribió la recientemente laureada con el Premio Nobel de la Paz.
Protección internacional
El presidente Petro respondió al mensaje de la Defensoría colombiana, asegurando que la Unidad Nacional de Protección (UNP) ampliará la protección de los activistas de derechos humanos «de cualquier país». No se pronunció directamente sobre el atentado contra Velásquez y Peche, e incluso en otro mensaje afirmó que no existían denuncias de amenazas contra ambos en la policía antes del hecho. Aun así, aseguró que su gobierno ha procurado el derecho al asilo y la libertad de expresión de los venezolanos en Colombia.
En esa misma publicación, habló de una presunta articulación de grupos para cometer actos violentos, aunque sin dar mayores detalles. «Sabemos que buscan los violentos en este caso. Sabemos de la reunión en Cúcuta de las mafias coordinadas. A quienes quieran la paz se les dará la mano, los demás serán enfrentados con contundencia», dijo.
Las cifras parecen contradecir las afirmaciones de Petro. La organización Amnistía Internacional (para la que precisamente trabaja Velásquez) alertó el 24 de junio de 2025 sobre una creciente crisis en el sistema de refugio de Colombia. Reportó que para esa fecha, 29.500 solicitudes de refugio se encontraban pendientes de resolución, algunas con varios años sin respuesta. Esto significaba una mayor vulnerabilidad para los migrantes, la mayoría indocumentados, al tener más dificultades para acceder a servicios de salud, educación y trabajo estable en el país.
Igualmente, la organización denunció que desde las cuestionadas elecciones presidenciales en Venezuela, el 28 de julio de 2024, en Colombia se registró «señales de debilitamiento estructural» en el sistema colombiano, con más de 688 solicitudes de refugio negadas sin una explicación oficial. Además precisó que actualmente hay más de 2,9 millones de migrantes venezolanos en Colombia, lo que lo convierte en el mayor receptor de la diáspora venezolana en el mundo.
Persecusión transnacional
La relatora especial de las Naciones Unidas, Gina Romeo, rechazó el atentado contra Velásquez y Peche, y lo consideró como un acto de “represión transnacional”. Recordó además que la solicitud de refugio de Velásquez no ha recibido respuesta por parte del Estado colombiano, a pesar de tener ya más de un año de su llegado al país.
Por su parte, el partido político Voluntad Popular repolicó las palabras de Romeo y comparó el ataque con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, ocurrido en febrero de 2024 en Chile. De hecho, destacaron los informes de la Fiscalía chilena que vinculan al gobierno de Nicolás Maduro con el hecho, ordenado presuntamente desde Venezuela a través del grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
“Presidente Gustavo Petro: Exigimos una investigación exhaustiva y transparente sobre este crimen, que aclare cuanto antes si hay una responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro. No se puede hablar de paz en el mundo sin antes garantizarla en su propio país”, señaló la tolda en X.
Otras organizaciones como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), la ONG Sin Mordaza y Caleidoscopio Humano se solidarizaron con los activistas y sus familias, deseándoles una pronta recuperación. También aprovecharon para alertar sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran activistas de derechos humanos y disidentes venezolanos en el extranjero.
Igualmente, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) publicó un comunicado condenando el ataque y se sumó al llamado de Machado para que el Estado colombiano garantice la protección de los activistas de derechos humanos venezolanos que están en su país. «Reafirmamos que ningún acto de violencia o intimidación logrará silenciar la voz de quienes luchan por la libertad, la justicia y los derechos humanos del pueblo venezolano», declaró.
“Alertamos a la comunidad internacional sobre la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección y monitoreo para los activistas venezolanos en el exilio. Hacemos un llamado a los gobiernos democráticos, organismos multilaterales y organizaciones de derechos humanos a redoblar la vigilancia frente a una posible escalada de persecución transnacional”, señaló en un comunicado la organización Alianza por Venezuela.
Precedentes peligrosos
Precisamente el caso del primer teniente Ronald Ojeda evidencia una práctica denunciada por autoridades de Chile y Colombia de persecución por parte del gobierno venezolano a disidentes políticos en el extranjero. Tras escapar de la cárcel militar de Ramo Verde en 2017, Ojeda se había radicado en Chile, donde obtuvo el asilo político en noviembre de 2023. Mientras tanto, el oficialismo lo llamó “traidor a la patria” y degradó de rango militar.
La madrugada del 21 de febrero de 2024, sujetos irrumpieron en el apartamento de Ojeda, en Santiago de Chile, y lo secuestraron. Tras un operativo de búsqueda, las autoridades encontraron su cuerpo descuartizado bajo una losa de concreto el 1° de marzo. La autopsia reveló que había muerto por asfixia y presentaba señales de tortura.
Al menos cinco venezolanos fueron detenidos por el asesinado de Ojeda, tres de ellos en Colombia, aunque sus extradiciones a Chile se han demorado por retrasos judiciales. Uno de ellos es Larry Álvarez Núñez, “Larry Changa”, cofundador del Tren de Aragua. De hecho, la Fiscalía de Chile no solo determinó que esta organización criminal estuvo detrás del crimen, sino además que tuvo “motivación política”.
Por ejemplo, se confirmó el aparente nexo entre sospechosos como Walter Rodríguez, operador del Tren de Aragua y actualmente prófugo, con el gobierno venezolano. El Ministerio de Interior chileno señala que no descarta la participación de funcionarios chavistas en el asesinato, lo cual en su momento produjo un impase diplomático con Caracas.
Tentáculos en Colombia
En diciembre de 2024, Ojeda viajó a Cúcuta, Colombia, donde de acuerdo con diferentes reportajes de investigación, sostuvo una reunión con otros exmilitares venezolanos presuntamente con el fin de organizar un plan para derrocar a Nicolás Maduro. De acuerdo con el portal colombiano Noticias Caracol, los organismos de inteligencia venezolanos se enteraron del encuentro, especulando que pudo haber sido el móvil para su secuestro y asesinato.
Otros participantes en el encuentro fueron perseguidos en Colombia por grupos afines al gobierno de Maduro. El 14 de diciembre de 2024, el capitán Anyelo Heredia fue herido y capturado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Cúcuta, mientras intentaba ingresar a Venezuela por una trocha con otros militares, entre ellos Ojeda. Compañeros de armas relataron a Noticias Caracol que Heredia fue llevado al otro lado de la frontera y entregado a la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
El canal colombiano agregó que tuvo acceso a documentos en los que se recogen las actividades de espionaje y persecución que la Dgcim ejecuta en Colombia a través de grupos insurgentes aliados como el ELN. Otros informes dirigidos al Comando Sur de Estados Unidos señalan que el gobierno en Caracas también habría contratado a bandas delictivas como las del Yeiko y los Meleán para realizar operaciones en territorio colombiano.
El ELN habría estado detrás del secuestro y entrega a la Dgcim del oficial venezolano Franklin Caldera en 2021. Por parte, bandas criminales aliadas habrían participado en el intento de secuestro del líder estudiantil y ex preso político Pablo Parada el 10 de marzo de 2024 en Bogotá. Igualmente, los periodistas Orlando Avendaño y Jesús Medina Ezaine denunciaron en septiembre de 2025 la existencia de un presunto plan para secuestrarlos y enviarlos a Venezuela bajo el mismo modus operandi.
Parada ya había alertado en 2022 que varios políticos venezolano radicados en Colombia abandonaron el país tras la llegada a la presidencia de Gustavo Petro, manifestando sentirse inseguros por sus vínculos con Maduro. De hecho, en febrero de 2025 el portal La Silla Vacía publicó un reportaje en el que señala cómo periodistas, activistas y defensores de derechos humanos venezolanos han percibido una creciente “hostilidad” por parte de las autoridades colombianas, sobre todo al momento de regularizar su estatus migratorio.
