El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) informó en sus redes sociales que Jonathan Rodríguez, quien fue preso político durante el contexto de represión poselectoral de 2024, falleció el 21 de noviembre en el estado Aragua, producto de una infección pulmonar. Indicó que el pescador había luchado por mucho tiempo con la enfermedad, y murió tras una semana hospitalizado de gravedad.
“Abrazamos a su familia y deseamos que el recuerdo cariñoso de Jonathan los acompañe siempre y les dé la fuerza necesaria para continuar luchando hasta que haya justicia y el Estado lo reconozca por lo que fue: un joven pescador que encontraba en el mar la calma, los detalles, las sensaciones y las rutinas que lo hacían sentirse vivo y libre”, expresó en redes sociales.
A pesar de que Rodríguez fue excarcelado en febrero de 2025 tras seis meses en prisión, sus familiares reportaron que su estado de salud era delicado debido al estado de desnutrición en que se encontraba. Al contraer la infección, su familia “agotó recursos en exámenes y medicinas”, pero su salud continuó deteriorándose.
“La muerte de Jonathan es también responsabilidad del terrorismo de Estado, del deterioro de los derechos humanos y del colapso del sistema de salud en Venezuela”, alertó Clippve.
Seis meses de encierro
Rodríguez, de 30 años de edad, vivía en Maracay y trabajaba como pescador en la población de Cepe, en la costa aragüeña. El 29 de julio de 2024, en medio de las protestas contra los resultados electorales que daban ganador a Nicolás Maduro, el joven salió a cobrar una factura por su pesca, pero el local estaba cerrado. Se detuvo entonces a comprar en una panadería cuando los disturbios se acercaron a ese lugar.
De acuerdo con sus familiares, Rodríguez pertenecía al espectro autista y, pensando que no le pasaría nada al no estar protestando, salió del resguardo del local. De inmediato fue capturado por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Tras varios días desaparecido, su familia lo ubicó en la comisaría de Santa Rita, donde Rodríguez fue acusado de terrorismo, instigación al odio, resistencia a la autoridad y asociación para delinquir. El 23 de agosto fue llevado junto a otros detenidos a la cárcel de Yare, en el estado Miranda, y más adelante al Centro Penitenciario de Aragua, conocida como la cárcel de Tocorón.
Durante su reclusión, a Rodríguez se le impuso un defensor público y se le juzgó en un tribunal especializado en terrorismo, con un fiscal que manifestó abiertamente buscar una pena de 30 años de prisión. Durante su reclusión, su familia denunció que el joven evidenció un gran desgaste físico por la desnutrición, además de presentar llagas en la piel y constantes problemas estomacales y respiratorios. De acuerdo con el testimonio de su hermana para Correo del Caroní, aunque pidieron varias veces su traslado a un centro de salud, las autoridades carcelarias lo denegaban diciendo que la solicitud debía hacerse en Caracas.
La condición de autismo de Jonathan también se agravó en ese tiempo, pues su medio de regulación precisamente era estar en contacto con animales en la naturaleza. Los esfuerzos de la familia para que el Ministerio Público tomara en cuenta su salud física y mental lograron su excarcelación tras seis meses de encierro. No obstante, permaneció con medidas cautelares y régimen de presentación en tribunales hasta su muerte.
“Jonathan ya no era el mismo. Su salud se deterioró gravemente en prisión, sin atención médica adecuada y en condiciones inhumanas”, señaló Clippve al respecto.
Maltratos en Tocorón
Igualmente, Clippve alertó que el 17 de noviembre, Juan David Gutiérrez, otro preso político diagnosticado con autismo y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) intentó quitarse la vida en su celda en la cárcel de Tocorón. De acuerdo con la organización, durante un apagón, el detenido se ahorcó, aunque sus compañeros pudieron bajarlo a tiempo y llevarlo a la enfermería.
A pesar de los reportes sobre el caso, se desconoce el estado actual de Gutiérrez, pues las autoridades han reprimido cualquier intento de pedir información sobre el caso. La organización aseguró que ese mismo día, cuando volvieron a la enfermería a preguntar por su él, los compañeros fueron golpeados y amenazados por los guardias. Uno de ellos, Jhoandri José García, tuvo una crisis nerviosa y en lugar de ser atendido, fue encerrado en una celda de aislamiento conocida como “tigrito”, al igual que otro preso.
Clippve denunció que los tratos crueles como golpizas, aislamiento en tigritos y restricciones de acceso a comida y atención médica forman parte de un patrón sistemático perpetrado por la directiva del penal. De hecho, familiares de Gutiérrez que se acercaron a tener noticias tras conocerse el caso también fueron agredidos por el director, quien amenazó con suspender las visitas o llevarlos detenidos si seguían protestando.
