Desde hace varios días, decenas de migrantes —entre ellos venezolanos— que no tenían visa para residir en Chile permanecían varados en la frontera con Perú. Buscaban salir del país austral y regresar a sus lugares de origen, pero las autoridades peruanas les impidieron el paso al no contar con la visa requerida.
Sin embargo, el 1° de diciembre se conoció que decenas de estos extranjeros, presuntamente sin documentos para ingresar en Chile ni en Perú, cruzaron la frontera peruana tras burlar la seguridad del lugar.
De acuerdo con medios locales, los migrantes, muchos con niños en brazos, entraron al puesto de control fronterizo de Santa Rosa, aprovechando la escasa presencia militar en el lugar, e hicieron largas filas para registrar su ingreso a Perú.
Este hecho ocurre en medio del estado de emergencia que declaró el gobierno de Perú, el 28 de noviembre, debido a la protesta de los extranjeros en la frontera para exigir que les permitieran seguir su rumbo hacia sus países de origen.
Bloqueos de carreteras
Durante la semana del 24 de noviembre, los migrantes varados llegaron hasta el punto de frontera de Chile con Perú con la intención de ingresar hacia territorio peruano, pero fueron interceptados por agentes de la policía de ese país.
Esto generó que varios de los migrantes, que iban a pie, bloquearan la carretera Panamericana Sur y el paso fronterizo, lo que hizo que se formara una larga fila de camiones y autobuses en ambos lados de la frontera.
Los manifestantes aseguraron a medios peruanos que buscaban retornar a sus países de origen porque se han visto obligados a abandonar Chile ante el endurecimiento de las políticas migratorias.
“Nosotros queremos regresarnos a nuestro país, no queremos quedarnos en ningún lado”, dijo una de las migrantes en declaraciones al medio RPP.
Los migrantes instaron al Estado peruano que les permitiera abordar un autobús que ellos pagarían para poder moverse hasta la frontera con Ecuador.
Tras esta situación, el 28 de noviembre el gobierno de Perú declaró estado de emergencia en varios distritos de la región de Tacna, frontera con Chile, con el objetivo de que las fuerzas armadas puedan apoyar a la Policía Nacional en el resguardo de las zonas fronterizas.
La declaratoria tiene una vigencia de 60 días para enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia, plazo en el cual se restringen los derechos referidos a inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.
Además, se reforzó la respuesta del Ministerio Público y el Poder Judicial, y se ordenó operativos contra mercados ilegales como trata de personas, drogas, armas, teléfonos móviles y transporte informal.
Hasta el 29 de noviembre, el despliegue militar contó con 50 funcionarios del Ejército y otros 50 se incorporarían esta semana, junto con el incremento de funcionarios policiales, según informaron los medios peruanos.
Las autoridades de ambos países todavía no han informado cuántos migrantes lograron ingresar al puesto de Santa Rosa ni qué medidas tomarán frente a este nuevo cruce irregular. La situación en la frontera continúa siendo monitoreada, mientras los migrantes esperan una definición sobre su permanencia o eventual traslado hacia otros puntos de la región.
