La Policía española anunció el jueves 11 de diciembre que arrestó al dueño de la aerolínea española Plus Ultra, Julio Martínez, y al director ejecutivo, Roberto Roselli, tras acceder a la sede de la compañía en busca de documentación en el contexto de una investigación por un presunto delito de blanqueo de capitales.
Fuentes cercanas a la investigación informaron a EFE de ambos arrestos, en una actuación que se enmarca en una causa dirigida por un juzgado en Madrid y que se mantiene bajo secreto.
El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que dirige esta operación, investigó anteriormente el rescate de 53 millones de euros de la aerolínea, que tiene vuelos a Colombia, Venezuela (ahora suspendidos) y Perú, aunque se acabó archivando la causa con el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid.
Antes de conocerse los arrestos, fuentes de la aerolínea habían señalado a EFE su plena colaboración y que están “facilitando toda la documentación que precisen y que se circunscribe al área económica financiera”, al tiempo que han subrayado que no se estaba produciendo un registro.
La magistrada instructora entendió que no aparecía debidamente justificada la comisión de un delito y descartó que se cometieran malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, obtención de subvenciones o ayudas de la administración falseando los requisitos, como sostenían las querellas del partido de la oposición PP (conservador), el ultraderechista Vox y Manos Limpias, una asociación vinculada a la ultraderecha.
Registraron la sede de la aerolínea española Plus Ultra por presunto blanqueo de capitales
Más temprano, la sede de la aerolínea española Plus Ultra fue registrada por la Policía Nacional de España.
Según informaron a EFE fuentes de la investigación, los agentes entraron en la sede de esta empresa en una actuación que se mantiene bajo secreto.
En febrero de 2025, la Fiscalía Anticorrupción española había señalado que el rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra en 2021 pudo haber sido utilizado para actividades de blanqueo de capitales vinculadas a una presunta red criminal internacional.
La medida fue parte de una plan del gobierno español para rescatar empresas estratégicas afectadas por la crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19. Sin embargo, la decisión fue polémica desde el principio, debido a que la aerolínea solo operaba con dos aviones en ese momento, representaba un 0,1 % de la aviación comercial en España y generaba pérdidas millonarias para el sector antes de la pandemia.
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