La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un comunicado el 13 de enero para expresar su preocupación por los hechos relacionados con la incursión armada de Estados Unidos en Venezuela, la cual desencadenó en la declaración de un Estado de Conmoción Exterior.
En la misiva, el organismo aseguró que el Decreto 5.200 amplía “la participación de las fuerzas armadas en seguridad ciudadana” y “establece restricciones a la libertad de expresión y la participación democrática”.
La Comisión advirtió que, en el contexto de la verificación de presuntas violaciones de derechos humanos en el país, la vigencia del Estado de Conmoción Exterior podría agravar el riesgo de nuevas vulneraciones.
Detenciones de periodistas luego del 3 de enero
La CIDH recordó que ha monitoreado sistemáticamente la situación de derechos humanos en Venezuela durante los últimos 25 años y de forma específica tras las denuncias de fraude en las elecciones de 2024.
El organismo documentó violaciones graves y sistemáticas, que incluyen “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, censura, persecución política y prácticas de terrorismo de Estado, así como corrupción y cooptación de las instituciones estatales”, según se señala en el comunicado oficial.
En particular, enfatizaron como hecho reciente la detención de al menos 14 periodistas desde el 3 de enero en puntos fronterizos y cercanías a la Asamblea Nacional, así como sobre la presencia de grupos armados conocidos como “colectivos” en lugares donde se encontraba prensa.
La Comisión y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) destacaron que el ejercicio del periodismo es fundamental para garantizar el derecho de la población a estar informada y el respeto de los derechos humanos.
Excarcelación de presos políticos en Venezuela
La CIDH verificó la excarcelación de siete personas detenidas por motivos políticos el 8 de enero, entre ellas la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, y reiteró la obligación del Estado venezolano de garantizar la libertad personal y el debido proceso.
El organismo instó al gobierno venezolano a liberar a todas las personas que continúan privadas de libertad por razones políticas y a cesar la detención arbitraria como mecanismo de persecución, así como solicitó el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los gobiernos.
Finalmente, la Comisión reafirmó su disposición a realizar una visita in loco para evaluar la situación de derechos humanos y formular recomendaciones en beneficio de la población venezolana.
